Aunque la protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, según lo expresa nuestro ordenamiento jurídico, y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática, desde una concepción de progreso sería conveniente superar aquellas interpretaciones antinómicas de libertad y seguridad que buscan mantener equilibrios entre la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la tarea de garantizar la seguridad ciudadana.

Existe una lógica, a todas luces conservadora, que presenta la seguridad en contradicción con el principio de libertad y que viene a defender que si el ciudadano aspirar a tener más seguridad eso le va a costar perder libertad o viceversa. Nada más lejos de la realidad presentar esta dialéctica excluyente de dos condiciones indispensables para el desenvolvimiento de los ciudadanos en una sociedad democrática. Por el contrario, la seguridad es la condición necesaria para a libertad, y no es posible la democracia sin libertad.

Esta interpretación subsidiaria de la seguridad, como instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades, interactiva con valores democráticos como la solidaridad, la tolerancia y la convivencia pacífica, de servicio público para el conjunto de la ciudadanía y al servicio del bien común para la sociedad, es lo que debe prevalecer en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El sentido que confiere a la seguridad ciudadana la Declaración Universal de los Derechos Humanos confirma esta orientación. En su preámbulo considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad y derechos de todos los miembros de la familia humana y que deben de ser protegidos por un régimen de Derecho, así en su art. 3º, de forma significativa explicita: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Nuestra ilustrada Constitución refuerza esta posición humanista y universalista mediante su art. 15, en el que expresa: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni penas o tratos inhumanos o degradantes ...”; reafirmando a su vez la inseparabilidad del binomio aludido en el art. 17, en el que manifiesta : “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”; además, nuestra Constitución orienta la función de sus instrumentos operativos en el art. 104, de forma que: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.


CONCEPTO INTEGRAL DE SEGURIDAD
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, así lo define nuestra Constitución, estableciendo además, que la dignidad de la persona y los derechos inviolables, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y la paz social.

La concepción de Seguridad, nada más lejos de aquel concepto jurídico indeterminado heredado del franquismo del “orden público”, tiene como fundamento asegurar unos principios constitucionales. Precisamente con el final de la dictadura, se derogaba la emblemática Ley de Orden Público y se ponía en pie un nuevo marco legal acorde con el orden constitucional, adquiriendo así un sentido de progreso y coherente con los valores democráticos.

Pero una concepción integral de la Seguridad no es compatible con una interpretación exclusivamente producto de la acción policial; al contrario, es la expresión y resultado de unas políticas de cohesión fundamentadas en los principios de ciudadanía, solidaridad, proximidad, prevención y eficacia.

Frente a planteamientos conservadores que pivotan en el orden público e intervención policial represiva, la seguridad ciudadana tiene como perspectiva el deber de garantizar los derechos y libertades al sujeto de la democracia: el ciudadano. También desde la corresponsabilidad , la seguridad ciudadana es un asunto de todos, de instituciones y sociedad, de cada ciudadano y del tejido social, en el que por SOLIDARIDAD la colaboración es necesaria porque la inseguridad es un fracaso colectivo y una quiebra de libertades, derechos y del principio de igualdad.

Solo las políticas de seguridad ciudadana basadas en la PREVENCIÓN pueden reducir el problema real de la inseguridad y toda acción preventiva debe estar orientada a atacar las raíces económicas, sociales y culturales que alimentan la inseguridad objetiva y subjetivamente. De igual forma un planteamiento democrático y progresista de seguridad ciudadana debe tener un carácter de PROXIMIDAD como criterio operativo de acercamiento a territorios y de empatía con los colectivos que sufren inseguridad.

Finalmente, sin EFICACIA, sin una articulación coherente de los instrumentos de policía en los distintos niveles del Estado, sin especialización, medios y dotaciones adecuadas a las tareas a asumir y a los tiempos que corren, sin planes transversales y específicos de seguridad que coordínenlas instituciones e interrelacionen problemáticas, sin una participación activa de la ciudadanía, el Estado de Derecho perdería su credibilidad en defender valores superiores como la vida, la libertad, la integridad y la dignidad de los ciudadanos.


SEGURIDAD PARA LA LIBERTAD
Dicho esto, es verdad que a comienzos del siglo XXI nos enfrentamos a nuevos problemas de seguridad generados por la presencia de hechos violentos de forma persistente y por la vulneración de derechos en diferentes ámbitos, ante los que el ciudadano, el policía y las instituciones han de saber reaccionar adecuadamente.

Bien sea el terrorismo y la violencia urbana, la violencia contra la mujer, la violencia racista y xenófoba, el matonismo escolar y la delincuencia juvenil, el tráfico ilícito de drogas, la violencia y agresiones sexuales a la infancia, el delito organizado, las sectas destructivas, el flujo clandestino y la explotación ilegal de inmigrantes, la delincuencia internacional, la explotación sexual de seres humanos, el tráfico ilícito de sustancias nucleares o radioactivas, la seguridad de las instituciones y todo el arco de problemas derivados de la quiebra de los derechos fundamentales, nos encontramos ante la responsabilidad de construir una vida en libertad reduciendo los déficits de seguridad que padece una sociedad victimizada. ¿O es que acaso un concejal, un periodista o un profesor no nacionalista en el País Vasco tienen dificultad de vivir en libertad por exceso de seguridad?. ¿O es que acaso una mujer maltratada no se siente libre por estar sobrada de seguridad institucional?. ¿O un joven, o un inmigrante, o un homosexual ...cuando son agredidos por cabezas rapadas, desprecian la seguridad para ser más libres?. No se puede seguir planteando antagónicamente dos principios que fundamentan la convivencia democrática como son la libertad y la seguridad.

La Seguridad Ciudadana es una reivindicación permanente en un Estado democrático Social y de Derecho, necesaria para mejorar las condiciones de vida en una sociedad progresista y avanzada. Un discurso de profundización y desarrollo democrático tiene que contemplar que vivir acordes con el valor de la Tolerancia, exige una democracia fuerte que impida la violencia en todos los ámbitos y que haga de la seguridad ciudadana, solidaria, próxima, preventiva y eficaz un baluarte de la convivencia y de la democracia.

Solo es posible vivir en libertad si impedimos que haya gente que nos la quite, es decir si somos capaces de desarrollar una política de seguridad que impida que nadie, persona, grupo o ente alguno, emprenda y desarrolle actividades o actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados universalmente.

Esteban Ibarra.
Presidente Movimiento contra la Intolerancia