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¿Qué hacer?
Es indudable que las circunstancias de hoy no son comparables
a las de los años 30, pero existe quien se empeña en impulsar
y organizar una violencia difusa emulando a las secciones
de asalto o a las escuadras negras. Es cierto que la crisis
económica y política que precedió al gran desastre de la Segunda
Guerra Mundial hoy no se da y que hay mecanismos para evitarlo,
pero también hay quien se empeña en aprovechar la crisis de
la sociedad del bienestar, la dualización social y la ausencia
de proyecto de avance en el desarrollo democrático y solidario,
para alimentar una heterofobia que tiene en el racismo, el
odio al extranjero, al judío, homosexual o a cualquiera cuya
identidad cultural no sea coincidente con la de su tribu,
el objeto de su odio y violencia. Y es verdad que no se vislumbra
un horizonte neofascista y menos una república de skins, pero
los hechos se empeñan en mostrarnos a un Lepen en Francia,
a Haider en Austria, a De Vinter en Bélgica, a Fini en Italia,
a Zirinoski en Rusia... tocando poder.
Dicho esto, hay que añadir que el Estado democrático no puede
estar ausente ante el grave conflicto que diversos sectores
sociales padecen por la agresión skin y tampoco la sociedad
en su conjunto puede estar pasiva, sin compromiso, ante unos
graves hechos que sistemáticamente acontecen. Este es el primer
paso urgente a dar, reconocer la existencia de una violencia
contra la ciudadanía, contra la diversidad cultural, organizada
desde una lógica neonazi. Los siguientes serán evitar el discurso
equívoco y diseñar una actuación estratégica encaminada a
prevenir el desarrollo clientelar de la violencia y del racismo,
a garantizar la protección adecuada a las víctimas de las
agresiones, neutralizando las secuelas que sufren con medidas
de apoyo, y reprimir las conductas violentas y su organización
mediante un reforzamiento legal y una actuación policial que
desmantele la infraestructura de estos grupos.
La notoria actividad de grupos neonazis y racistas, su agresividad
extrema y su práctica constante de incitación al odio y a
la violencia, claramente tipificada como delito en el nuevo
Código Penal, contrasta con la permisividad institucional
y con la ausencia de sanciones judiciales y con la inexistencia
de programas preventivos de conductas de intolerancia.
En consecuencia, y con el objetivo de erradicar en todo lo
posible el problema de la violencia urbana, serían necesarias
las siguientes medidas y actuaciones.
1. Creación del Observatorio de la Violencia Urbana, del Racismo
y de la Intolerancia a nivel de todo el Estado. Mejorar y
lograr estadísticas de precisión sobre violencia. urbana y
actos racistas.
2. Desarrollo de Programas de Prevención de la Violencia Urbana
y de la Intolerancia en los ámbitos educativos, de juventud
y de orientación de las familias, comprometiendo a las administraciones
autonómicas y locales.
3. Promover la sensibilización social ante el problema, impulsar
la conciencia de DENUNCIAR las agresiones y sucesos de violencia
urbana y orientar, asesorar y apoyar a las víctimas.
4.
Aplicación estricta de la Ley General del Deporte y del Convenio
Europeo con la Violencia en espectáculos deportivos. Requerimiento
a los dirigentes de los clubes para que finalicen s u apoyo
a grupos ultras del fútbol e impulso a la potestad sancionadora
de la Comisión Antiviolencia en la aplicación de la legislación
vigente.
5.
Investigación en profundidad de los grupos urbanos violentos
y puesta a disposición judicial de sus miembros. Sanción de
toda actividad ilícita de armas prohibidas.
6. Creación de una sección de la Fiscalía especializada en
delitos de violencia urbana y delitos cometidos con ocasión
del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades garantizadas
por la Constitución. Requerimiento a los jueces para una interpretación
jurisprudencia más rigurosa y estricta de estos delitos, con
especial significación en los actos de racismo, xenofobia
e intolerancia.
Finalmente, dada la conexión internacional, la utilización
de la red INTERNET, la difusión musical y deportiva, las reuniones
estratégicas y distribución de publicaciones más allá de las
fronteras nacionales,... debería existir una cooperación de
policías europeas e internacionales que evitase las actividades
destructivas de este movimiento y que, ante cambios de look
(ropa, pelo...) motivados por la presión de la opinión pública
y de la seguridad gubernativa, ante su recurrente clandestinización
y persistente peligrosidad hacia la comunidad democrática,
también debería existir una buena inteligencia policial que
impidiese el desarrollo de sus planes antidemocráticos.
Mientras tanto la formación en valores de Tolerancia, Igualdad,
Libertad, Solidaridad y Democracia, la reducción del campo
de la violencia, el racismo y de las diversas expresiones
de intolerancia en el seno del colectivo juvenil se hace urgente
y necesario.
En Conclusión
Toda sociedad democrática tiene el derecho yel deber de protegerse
contra quienes usan la violencia contra la ciudadanía. Hoy
observamos la insuficiencia policial, tanto en la especialización
del problema como en s u dimensión nacional e internacional,
la falta de cooperación entre los gobiernos, la ausencia de
tratamiento de estado, relegando a ámbitos autonómicos y locales
la intervención de respuesta, la inexistencia de una inteligencia
policial que siga sus redes, sus cambios de look para evitar
investigaciones, su clandestinización de planes terroristas.
Observamos también la ausencia de conocimiento del problema
en los jueces y fiscales que interpretan el fenómeno en clave
de riñas y reyertas juveniles, echando en falta la existencia
de una fiscalía especializada al respecto. Pero si hay algo
extremadamente preocupante, es la ausencia de voluntad política
en diferentes ámbitos del Estado para impulsar un plan integral
de prevención de la violencia (educación, comunicación, ocio
y tiempo libre, familia...) que sea la herramienta esencial
de desactivación de conductas y clientela violenta.
Mientras tanto, donde quiera que operen esos grupos urbanos
violentos, su inclinación por el odio y la violencia les convierte
en una lacra peligrosa para la convivencia y la comunidad
democrática.
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