El primer censo estatal de víctimas de la Guerra Civil le permitirá decidir si puede investigar los crímenes cometidos, al considerarlos delitos contra la humanidad obra de un grupo organizado.

El primer acercamiento por parte de un juez a la Guerra Civil ha sido recibido con una fuerte controversia, en la que todos los relacionados con el mundo del Derecho tienen opinión. La mayoría se muestra contraria a la posibilidad de que un procedimiento penal prospere, por prescripción, la ley de amnistía, falta de competencia y falta de imputables. Aunque todos aguardan con expectación la decisión de Baltasar Garzón.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, según fuentes jurídicas, considera imprescindible hacer un listado de fallecidos y
desaparecidos en la contienda para determinar en qué circunstancias se produjeron y decidir si es competente o no para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil como le han solicitado una quincena de acusaciones, entre asociaciones y particulares. De ahí su petición de información a ayuntamientos, el Valle de los Caídos, ministerios, la Conferencia Episcopal... Con ella y la proporcionada por los propios denunciantes se hará el primer censo oficial de carácter estatal que habrá de un conflicto en el que no hay un número cerrado de víctimas, aunque una de las denuncias que estudia el juez se cifran en alrededor de 136.000.

¿Qué delito?

Una vez obtenida toda la información que sea posible sobre las víctimas de la Guerra Civil, el magistrado decidirá si admite o no a trámite las denuncias. Para tomar esa decisión deberá determinar de qué tipo de delito se trata. Sólo si entiende que se cometieron delitos contra la humanidad por un grupo organizado podrá investigarlo. Después decidirá quiénes son los responsables y les imputará. Precisamente este ha sido uno de los aspectos que más se le han criticado: la no imputabilidad de los crímenes por el fallecimiento de sus autores. En este sentido, fuentes jurídicas señalaron que en el caso de que Garzón llegara a esta conclusión, pese al fallecimiento de los principales responsables (la cúpula militar franquista) podría centrarse en los que identifiquen los familiares de las víctimas: caciques locales que tuvieron responsabilidad en la represión. En cualquier caso, si se llega a este punto, para acusarles deberá determinar en qué circunstancias actuaron y si obedecían a un plan sistemático.
Lo que es claro es que, si Garzón decide investigar estos crímenes, no contará con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en febrero informó en contra de admitir las denuncias.

El fiscal Carlos Bautista sostenía en su informe que los asesinatos y desapariciones que se produjeron en la Guerra Civil son delitos comunes, que están prescritos, o están incluidos en la ley de amnistía de 1977. Si se considera que se trata de delitos contra la humanidad -que, según el derecho internacional, son imprescriptibles y no pueden ser indultables o amnistiables-, añadía que no serían competencia de la Audiencia Nacional, sino de los Juzgados de Instrucción del lugar donde se cometieron los crímenes.

Es decir, que mientras que la Audiencia puede investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina, Guatemala o China, no es la encargada de hacerlo si se cometen en España. Sólo sería de su competencia, si fueron obra de un grupo organizado que llevaba a cabo un plan sistemático de eliminación de un grupo de población por motivos políticos.

El debate no acaba ahí

Pero aunque Garzón llegue a esta conclusión y se declare competente para investigar lo ocurrido desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posguerra, el debate jurídico aún no habrá concluido. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza recurrirá el auto y será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decida.

Magistrados de dicha sede judicial y del Tribunal Supremo consultados por Público consideran improbable que Garzón se decida a abrir una causa penal con la sentencia dictada por el alto tribunal en el caso Scilingo, que condenó al ex militar argentino a 1.084 años de cárcel por 256 detenciones ilegales y 30 asesinatos, que "constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional".

Pese a la irretroactividad de las leyes y a que nuestro Código Penal no incluyó el delito de lesa humanidad hasta 2004, el alto tribunal llegaba a esta conclusión porque "la voluntad de perseguir penalmente esta clase de hechos (asesinatos, detenciones ilegales) estaba establecida internacionalmente de forma generalizada en normas de Derecho Penal Internacional consuetudinario, al menos desde la creación de los tribunales internacionales tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial".
La condena del Supremo precisa que no puede utilizar formalmente el tipo de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código Penal, "ni imponer las penas previstas en esa norma, pero nada impide que se refiera a delitos de asesinato y detención ilegal, que, por sus circunstancias constituyen internacionalmente, crímenes contra la humanidad".

Anteriores a Nuremberg

Claro está que la guerra española es anterior a las sentencias de Nuremberg de 1946, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, por supuesto, a la inclusión en el Código Penal español, pero varios abogados especializados en Derecho Penal Internacional confían en el hecho de que el Supremo incluyó la expresión "al menos" al limitar temporalmente la persecución de estos delitos.

Qué son los delitos contra la lesa humanidad

Art. 607 del código penal: considera delito de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra la población civil "por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

En vigor desde 2004: en su segundo apartado el artículo 607 bis, incluido en la reforma del Código Penal de 2003 y que entró en vigor al año siguiente, se refiere "al contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen". Pena con hasta 20 años las muertes.

El estatuto de Nuremberg: el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de agosto de 1945, estableció como crímenes contra la humanidad "el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración

UN POSIBLE GENOCIDIO DE MAS DE 135.000 VÍCTIMAS

El golpe del 18 de julio desató un plan de exterminio nada más triunfar // Mola y Queipo de Llano, los generales sublevados, ordenaron aniquilar al adversario y cortar el problema de raíz.

El régimen de terror impuesto por la dictadura franquista silenció el horror vivido por cientos de miles de familias desde el mismo 18 de julio de 1936. Ese sábado de verano, media España cayó en manos de una sublevación militar. La sangría de los primeros momentos fue feroz. Todo había sido diseñado para alcanzar un éxito rápido y definitivo. Para cortar el mal de raíz. La guerra acabó alargándose tres años, pero la huida hacia adelante de los fascistas durante los tres primeros meses llegó a eliminar a más de cien mil personas, según los datos de una decena de investigadores de la represión.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, estudia ahora la manera de considerar si ese fenómeno constituye un crimen de lesa humanidad. La cifra global de víctimas que consta en los informes del juez es de 136.000. Para los historiadores que han investigado en profundidad cada provincia, no hay duda. "Ya basta de teorías del laberinto español, de odios familiares, rencillas personales... España fue campo de batalla del fascismo europeo con un exterminio en toda regla". Es la opinión de Francisco Moreno, historiador que ha peinado la provincia de Córdoba, donde ha censado 11.581 personas muertas a manos de los sublevados.

Matanzas sistemáticas

Moreno y otros estudiosos de la represión franquista en Andalucía, como Francisco Espinosa, no se basan sólo en los miles de cuerpos localizados en fosas comunes. También aportan pruebas de los responsables de esas matanzas sistemáticas. "¡Esto se acaba! Lo que más durará son diez días. Para esta fecha, es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros y comunistas", le espetó en un mensaje el general Queipo de Llano al general al mando de los sublevados en Cádiz, José López Pinto, el 4 de agosto de 1936.

Los historiadores han revuelto en los últimos 30 años registros civiles, archivos militares, censos penitenciarios, libros parroquiales... Miles de documentos estratégicamente ocultados o eliminados -como los archivos de Falange Española- por un régimen que trató de ocultar una masacre a la opinión pública internacional. Ahora, gracias en parte a una tercera generación que no ha crecido con el miedo, esos documentos se encuentran en decenas de asociaciones de represaliados desperdigadas e inconexas. La unificación de esa información es una de las tareas que acaba de emprender Garzón.

Desde el 1 de abril de 1939, en España sólo había una matanza oficial como consecuencia del enfrentamiento: Paracuellos del Jarama. El régimen exhumó y devolvió a sus familias los cuerpos de miles de fusilados por los republicanos. Excepto en el caso de Paracuellos del Jarama, donde mantuvo la fosa para apuntalar la versión del terror unilateral rojo.

Estrategia de eliminación

Más de siete décadas después, el juez Garzón tiene en sus manos documentos que prueban que el plan de los sublevados obedeció a una estrategia sistemática de eliminación del adversario. El general golpista Emilio Mola ordenó el 25 de mayo de 1936 en su instrucción reservada nº1: "Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas".

La virulencia del general Mola -que dirigió a los soldados del bando nacional por la zona norte- explica que en autonomías como Castilla y León, Navarra, La Rioja o Galicia, donde el frente de guerra quedó lejos, se haya encontrado en sus cunetas decenas de miles de cuerpos enterrados. Solamente en el caso de Burgos el número de fusilados censados ha crecido en más de 1.000 personas en una década. Ya hay 2.500 cadáveres que han pasado a ser cuerpos con nombres, apellidos y familiares que pueden honrarles.
La cámara de gas fue el frío de la cárcel de Burgos

El 28 de julio de 1936, apenas diez días después de ponerse en marcha el golpe de Estado, el general Francisco Franco aceptó ser entrevistado por el Chicago Daily Tribune. El periodista Jay Allen transcribió la conversación que mantuvo con el jefe de los sublevados de la siguiente manera:

-Allen: ¿No hay posibilidad de tregua, ni de compromiso?
-Franco: No. No. Decididamente, no. Nosotros luchamos por España.
Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio.
-Tendrá que matar a media España-, dije. Entonces, giró la cabeza, sonrió y mirándome firmemente dijo:
-He dicho que al precio que sea...

El plan para acabar con cualquier foco de desafección fue seguido con precisión en la zona noroeste de España. En apenas tres meses, llegaron a morir en Castilla y León cerca de 14.500 personas. De hecho, fueron aniquiladas corporaciones municipales enteras, como la de Aranda de Duero. La escasa o nula resistencia al golpe provocó un exterminio rápido, pero los años de la guerra y, sobre todo, los de la posguerra fueron terribles.

"La cámara de gas era el frío de la cárcel de Burgos", explica el historiador Francisco Moreno.

Los hijos de los fusilados, ahora ancianos, reunidos en Aranda hace apenas un mes para celebrar un homenaje a los republicanos, mostraban su estupefacción por los miles de muertos que se registraron en sus tierras, donde ellos no recordaban que estuviera nunca el frente de guerra. "Además, no se mató a ninguno de los suyos", recordaba un represaliado.

El investigador Luis Castro advierte de que, efectivamente, el frente quedó lejos, pero Asturias estaba muy cerca. Muchos jóvenes republicanos se fueron a defender al Gobierno en esa región.

Cuando ellos se marcharon, sus parientes de León, La Rioja o Zamora tuvieron que soportar la presión de los falangistas, que les interrogaban para saber su paradero. Muchos familiares pagaron con la muerte sus esfuerzos por proteger a los suyos. "Un 2% de las víctimas fueron mujeres", explica Castro.

Las tácticas coloniales que barrieron el sur

El historiador Francisco Espinosa, autor de los informes más fiables de la represión franquista en Sevilla, Huelva y Badajoz, está seguro de que si se cruzaran los nombres de los fusilados con los que meses atrás habían impulsado la reforma agraria, se explicarían miles de muertes indiscriminadas. La economía, otra vez, como motor de los movimientos sociales de la historia.

Francisco Moreno, responsable de varios de los mejores estudios sobre Córdoba, añade otra explicación, de corte menos marxista, de la sangrienta represión en el sur. "La desgracia fue estar más cerca de África". En su opinión, el elevado número de desaparecidos en Andalucía se debe, en gran parte, a las agresivas tácticas del ejército colonial que aplicaron los sublevados en las colonias africanas. "Es simple: en el norte fue mejor porque la represión fue ejercida por castellanos, como llamo yo a los españoles", aclara. El número de fallecidos a causa de la guerra en toda la comunidad autónoma asciende a más de 50.000 personas. Y, como ocurre en el resto de España, estos datos sólo pueden crecer. Fosas gigantes con centenares de represaliados bajo tierra, como la de Órgiva en Granada, permanecen sin investigar.

Las consultas en los archivos militares han destapado claves de cómo fue el verano del 36 en las capitales de provincia. Los cementerios se convirtieron en paredones. Una orden del Gobierno Civil de la provincia de Huelva, fechada el 6 de mayo de 1937, exige al alcalde del municipio lo siguiente: "Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que desaparezcan de las paredes de todos los edificios (...) las huellas de los impactos de bala y, especialmente, los que haya en el cementerio". La explicación que sigue para justificar la orden no es menos fría: "Por el pésimo efecto que produce a los viajeros a su paso por los pueblos y a cuantas personas lo observan".

Las únicas provincias que reflejan un número menor de muertos a consecuencia de la represión franquista son Jaén y Almería, ambas en poder republicano hasta prácticamente el final de la Guerra Civil. Hasta el 1 de abril de 1939.


LA AUDIENCIA ES COMPETENTE DESDE 2005

Garzón fue el primero en decidirse a juzgar en España genocidios de otros países.

El Tribunal Constitucional consagró en 2005 la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar delitos de genocidio perpetrados fuera de las fronteras del Estado, incluso aunque no hubiera
españoles entre las víctimas.

Para entonces, hacía ocho años que Baltasar Garzón había tomado la iniciativa y admitido la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para que procesara al capitán Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, detención ilegal y torturas cometidos durante la dictadura militar argentina. La Audiencia condenó a Scilingo a 640 años de cárcel y el Supremo elevó el castigo a 1.084 en 2007.

El ejemplo de Garzón cundió lo suficiente como para que la Audiencia Nacional admitiera desde entonces las investigaciones de los genocidios de Guatemala, Ruanda y Tíbet, y el perpetrado en China contra los seguidores de la corriente religiosa Falun Gong.

Fue la perseverancia de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú para lograr una investigación del exterminio en Guatemala la que provocó la sentencia del Constitucional. Menchú llevó el caso a la Audiencia, que se negó a investigar. Recurrió al Supremo, que consideró a la Audiencia incompetente por la falta de constancia de españoles entre las 250.000 víctimas. Menchú volvió a insistir hasta lograr el citado pronunciamiento del Tribunal Constitucional en octubre de 2005.

Hoy, el caso de Guatemala sigue en manos del magistrado Santiago Pedraz, que lucha contra la ausencia de colaboración de las actuales autoridades guatemaltecas para esclarecer la masacre.

El magistrado Fernando Andreu trata de investigar los crímenes cometidos en Ruanda. Y los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz llevan sendas investigaciones contra las autoridades chinas por presunto genocidio en Tíbet y contra los seguidores de Falun Gong.

CHILE: cuando Pinochet se rió de sus víctimas

Augusto Pinochet regresó el 2 de marzo de 2000 a Chile después de 530 días de arresto en Londres. Bajó del avión en silla de ruedas y, ante un imponente despliegue militar, se levantó y caminó sin dificultades. En un segundo, se evaporó el bulo avalado por el Gobierno británico acerca del delicado estado de salud que le impedía ser extraditado a España para afrontar un juicio. Fue el día en que Pinochet se rió del juez Baltasar Garzón y de los familiares de los 3.197 muertos que dejó su régimen entre 1973 y 1990.

En 1998, el Partido Comunista había presentado la primera querella en Chile contra Pinochet por crímenes contra la humanidad. Gracias al auto de la Audiencia Nacional, Garzón tenía competencia para juzgarlo, y pidió su detención bajo los cargos de genocidio y tortura. Entonces, comenzó una historia que se extendió durante dos años. Los familiares de las víctimas temían que Pinochet nunca rindiera cuentas en
caso de regresar a Chile.

La lucha de Garzón no fue en vano. Si en ese tiempo había conseguido que Suiza o Bélgica reclamaran su extradición, a partir de agosto de 2000 el panorama se trasladó a Santiago. La Corte Suprema de Chile le retiró el fuero como senador vitalicio para que respondiera por la causa de la caravana de la muerte, y por 75 casos de homicidio y secuestro perpetrados tras el golpe militar. Estuvo 42 días bajo arresto domiciliario. En 2002, con la primera complicidad de la Corte, Pinochet se libró de los cargos, aduciendo el único mecanismo que le permite la legislación: que sufría "locura o demencia".

Lo mismo sucedió con su participación en el Plan Cóndor, que coordinó la acción represiva de las dictaduras del Cono Sur. Desde entonces, cada proceso chocó contra una realidad: en una sociedad donde el pinochetismo todavía goza de popularidad, el ex general supo granjearse hasta el final de sus días el apoyo de los militares, la justicia y los partidos conservadores. De una u otra forma, las instituciones chilenas salvaron la crisis que Garzón abrió en 1998 y que amenazó con desenmascarar el acuerdo entre los partidos políticos y la Junta pinochetista en 1990.

"Cerca del final de mis días, quiero manifestar que asumo la responsabilidad política de todo lo obrado bajo mi Gobierno", dijo en noviembre. Pero Pinochet nunca asumió su responsabilidad política ni penal por los delitos de lesa humanidad que cometió.

La gran paradoja de este escapista, que dejó el mundo sin ser condenado en las numerosas causas judiciales que tenía pendientes en la justicia, fue la fecha en que el corazón le falló. Murió en el día internacional de los derechos humanos, un 10 de diciembre de 2006.

GUATEMALA: el genocidio del pueblo mayo

"Hubo 250.000 muertos, 50.000 viudas, 600 aldeas arrasadas por un Ejército cuya ferocidad sólo es comparable en el siglo XX a la de Hitler o Pol Pot". Así describe Carlos Santos, periodista de RNE, lo ocurrido en Guatemala a principios de los ochenta.

"El Ejército practicaba violaciones colectivas para dejar a la población inmovilizada por el terror, asesinaba niños con piedras o a cuchillo para no gastar balas y no hacía prisioneros, los mataba", dice Santos, autor del libro Guatemala: El Silencio del Gallo.

El periodista descubrió esos horrores al reconstruir la vida de su tío, el misionero Luis Gurriarán, que lleva medio siglo en Guatemala y ahí sigue, "peleando por la dignidad de los mayas", que representan el 83% de las víctimas de los abusos. Su testimonio es uno de los que maneja la Audiencia Nacional. En enero de 2008, imputó a los ex dictadores guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, así como a otros cinco ministros y cargos policiales. Les atribuye un delito de genocidio contra el pueblo maya.

Hasta ahora, han declarado ante el juez Santiago Pedraz más de 30 testigos en la causa. Pero el juez se ha visto obligado a pedir ayuda a los medios de comunicación para que difundan que está investigando los crímenes de Guatemala y que los potenciales testigos puedan venir así a declarar. Las autoridades guatemaltecas no han colaborado en absoluto. El propio Tribunal Constitucional decretó en diciembre de 2007 que la Audiencia Nacional no era competente para juzgar esos delitos.

"Si el crimen no tiene fronteras, la Justicia no puede tenerlas", opina Santos.

ARGENTINA: la condena a Scilingo, precedente histórico

El 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional de España cimentó un pilar de la justicia universal. Ese día condenó al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983) y lo responsabilizó por la desaparición de 30 de los 5.000 detenidos que pasaron por la Escuela Mecánica de la Armada. Fue el primer represor procesado y condenado por un tribunal extranjero.

"La justicia universal es singular porque cualquier responsable de genocidio, delito de lesa humanidad o crímenes de guerra puede ser juzgado en cualquier lugar del mundo sin que importe su nacionalidad o la de sus víctimas. Los asesinos saben que podrán ser perseguidos estén donde estén y saben que sus delitos no prescriben", explica Carlos Slepoy, abogado que representó a los organismos de derechos humanos argentinos en la causa contra Scilingo.En junio de 2005, la Corte Suprema anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 1987 con las que Argentina había barrido debajo de la alfombra a los 8.172 desaparecidos identificados por la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas.

El total asciende a 30.000, según los organismos de derechos humanos. Tras la reapertura de las causas, la Justicia argentina pidió a España en 2008 la extradición del ex militar Ricardo Cavallo y del ex policía Rodolfo Almirón.

Si bajo la fresca democracia Argentina se había convertido en un modelo de Justicia por el ejemplar juicio a las juntas militares, la amenaza de una nueva asonada golpista empezó a deshacer el camino andado. El indulto del presidente Carlos Menem a los máximos responsables de la dictadura consagró la impunidad.

"El olvido está lleno de memoria". La frase del poeta uruguayo Mario Benedetti conjuga a la perfección las dos realidades que se han solapado en Argentina durante los últimos 32 años. Excepto para las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que siguieron reclamando justicia. La primera luz de esperanza llegó en 1996.

"Garzón, una bendición"Como las leyes en España no permiten juzgar delitos comunes cometidos en otro país, ni siquiera contra españoles, el fiscal de la Audiencia Carlos Castresana inició el camino para lograr competencia en los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

"Castresana es el verdadero héroe anónimo de todo el proceso", explica María Consuelo Castaño, directora de la Comisión de Españoles Desaparecidos. Castaño, detenida en 1979 en un centro clandestino, es la única española que ha sobrevivido a un campo de exterminio en Argentina. "Hasta ahora, hemos contabilizado 80 desaparecidos españoles". "Baltasar Garzón ha sido una bendición para Argentina y Chile", concluye Slepoy.

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