MADRID.- Lejos de llegar la paz, en las aguas de la Guardia Civil no se augura precisamente un remanso de tranquilidad para los próximos meses. Los responsables del Ministerio del Interior confiaban en que con los 21 expedientes abiertos a los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por su acto de protesta en Madrid, al que acudieron uniformados, lograrían acallar a esta asociación. También creía que el inicio de los trámites parlamentarios de la Ley de Asociaciones y de la Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles rompería la dinámica reivindicativa de la AUGC.
Pero lejos de callarse, los dirigentes de la AUGC están dispuestos a tomar de nuevo las calles de Madrid para retar otra vez al Gobierno. Desde que el 20 de enero más de 4.000 agentes salieran a la calle uniformados para reivindicar derechos constitucionales para la Guardia Civil, la presión sobre los organizadores no ha cesado, y el punto culminante se produjo el pasado miércoles cuando se le notificó a uno de los responsables de la AUGC la propuesta de sanción: un año de suspensión de empleo y sueldo, la mayor que se le puede aplicar a un agente como paso previo a su expulsión. La AUGC ha exigido al Gobierno la paralización inmediata de todos los expedientes incoados a sus responsables por la manifestación de Madrid. Y su líder, Joan Miquel Perpinyá, adelantó ayer que durante los próximos días se reunirá toda la junta directiva de la AUGC para acordar medidas de respuesta ante esta actitud del Ejecutivo. Adelantó que propondrá manifestarse de nuevo en Madrid para denunciar el «hostigamiento» del Gobierno de Zapatero hacia los guardias civiles que reclaman una modernización en el Instituto Armado.

Perpinyá auguró un amplio respaldo de los sindicatos mayoritarios de clase a esta propuesta. «A lo mejor hay que ponerse ahora detrás de una pancarta y pasear un cachito de Castellana acompañados de nuestros compañeros de los sindicatos», aseguró Perpinyá ayer durante una comparecencia ante los medios de comunicación. La AUGC no entiende por qué el Gobierno actúa disciplinariamente contra ellos si desde que se produjo la manifestación del 20 de enero pasado, el contacto entre esta organización y los representantes del Ejecutivo ha sido y es constante.

Perpinyá recuerda que fue consecuencia de esta movilización cuando el Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba decidió impulsar, de forma consensuada con esta asociación, la reforma del reglamento disciplinario (que elimina el arresto como sanción) y la normativa sobre asociaciones.

El líder de la AUGC aseguró que desde el Gobierno y desde el PSOE se les había trasladado que esta petición de pena por parte del instructor del expediente es un acto «descontrolado», no estaba prevista aún la resolución del expediente», indicó Perpinyá. Frente al mensaje de «calma y tranquilidad» que Interior está enviando a la AUGC, explicó Perpinyá, se sitúa «la doctrina Mesquida», consistente, según el líder de AUGC, en firmar lo que propongan los instructores. «Hace algunos meses que ya no confiamos en Mesquida», dijo.

Parte de los 21 expedientados se han reincorporado a sus puestos de trabajo después de cumplir los tres meses de separación del servicio que acompañaba la apertura de los procedimientos. Varios de estos agentes expedientados han recibido por parte de sus mandos trato vejatorio, insultos y amenazas, al tiempo que se les ha relegado a puestos «impropios» de su destino. De ello, informó la AUGC a Rubalcaba en una carta el pasado lunes sin haber obtenido por el momento respuesta. Esta asociación considera que se está produciendo mobbing contra sus dirigentes.