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Piden un año y nueve meses para el alcalde de Cortegana, Huelva, por incidentes racistas

    De esta forma, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía, que pide la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal que corresponda, también se pide la misma condena para otros once participantes en la manifestación, acusados por un delito de desórdenes públicos y otro continuado de daños.
Igualmente, la Fiscalía pide, por el delito de daños, la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; si bien, de dichas cantidades --que reparte proporcionalmente a los daños ocasionados entre los acusados, a excepción del alcalde-- responsabiliza, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Cortegana. La Fiscalía considera como hechos probados que el alcalde de Cortegana, tras la muerte de Mateo Vázquez y el requerimiento de vecinos, convocó la protesta que discurriría entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza de la localidad, pero, "lejos de parar aquí, continuaron hasta llegar a la calle Encina, sita en la barriada de Las Eritas donde residen la mayor parte de los gitanos, mientras el alcalde no hizo nada por parar la protesta en la Plaza de la Esperanza, como estaba previsto".

El escrito continua relatando que "los manifestantes, actuando al unísono, comenzaron a dar gritos en contra del colectivo de los gitanos, profiriendo expresiones tales como 'os vamos a matar', 'iros del pueblo' y otras parecidas en clara oposición a dicho colectivo en atención a su etnia; al tiempo que lanzaron piedras y otros objetos contra las viviendas, los coches y otros efectos de los vecinos gitanos, teniendo que ser parados y apartados del lugar por agentes de la Guardia Civil y causando numerosos desperfectos", por los que se les impone la multa. Con estos argumentos, el Ministerio Fiscal pide que se adopten las medidas cautelares oportunas para garantizar las responsabilidades pecuniarias y, así, comprobar la situación económica de los acusados; al tiempo que da traslado de las actuaciones al Ayuntamiento de Cortegana como responsable civil subsidiario para que no sufra indefensión.

Además, para el acto de vista oral, pide al Juzgado de lo Penal que remita las pruebas gráficas de los hechos y propone como pruebas un examen y la hoja histórico-penal de los acusados, las facturas y presupuestos de los daños pendientes de valorar y las pruebas gráficas, entre otras.


Europa Press. 5.07.2007