Desde hace unos años se han venido constatando sucesos violentos protagonizados por grupos o pandillas de jóvenes de origen latinoamericano. Muchos de estos sucesos han sido asociados a la emergencia y presencia de las denominadas Bandas Latinas. Estos grupos cuyos referentes más conocidos son los Latin Kings, Ñetas, Dominican Play, K-18, Brothers, entre otros, comenzaron a emerger en nuestro país desde el año 2000 y su conocimiento público ha estado vinculado con crímenes, peleas y situaciones de violencia protagonizadas, especialmente entre ellos mismos. Las venganzas, ajustes de cuentas, crímenes y enfrentamientos, especialmente en Madrid, Barcelona y Valencia, han dado lugar a una referencia social donde el comportamiento violento es el elemento central.

Exclusión o Integración de Jóvenes Inmigrantes.

Sin embargo el problema real de la existencia de estas Bandas, conocidas con una espectacularidad mediática fuera de lugar, no ha sido tratado. El objetivo que debe residir en diagnosticar y abordar preventivamente su proliferación, no ha sido planteado y está teniendo consecuencias especialmente para los propios inmigrantes. El daño producido al conjunto de jóvenes latinoamericanos por el tratamiento estereotipado y prejuicioso de su realidad ha sido enorme y el estigma probablemente marcará su existencia.

Los jóvenes inmigrantes en España superan el 10% del colectivo juvenil y llevan pocos años en nuestro país. Básicamente nos presentan esta fotografía social: solo un tercio viven con sus padres, acuden al mercado laboral antes que los españoles, a los 17 años, y están peor remunerados, son más precoces sexualmente, salen menos de copas a discotecas o conciertos, les gusta especialmente el fútbol y dan más importancia a la familia que los autóctonos.

No obstante la diferencia más notable entre jóvenes inmigrantes y españoles no es la lengua o su identidad cultural, es su incorporación prematura a la actividad laboral. Estos viven un proceso similar al de los jóvenes españoles de los años 50-60, sin las mismas oportunidades que tienen ahora los jóvenes autóctonos.

Esta brecha discriminatoria junto a los graves problemas de integración observables en el ámbito urbano (vivienda), en la escuela con una distribución no equilibrada, en el empelo con salarios inferiores, en el ocio con espacios gueto, en el deporte con exclusiones incluso reglamentarias, en la ropa y vestimenta y en otras manifestaciones de la vida cotidiana, van a dar lugar a situaciones de marginación, choque cultural y sentimientos de inferioridad.

Si a la decisión de venir a España, de abandonar parte de su familia, amigos, barrio, ciudad y país, que es una decisión impuesta por sus padres que les genera conflictos importantes, a veces terribles, añadimos el choque socio-cultural mencionado, el resultado previsible en muchos casos es la introversión, el cierre autista o la búsqueda de otra afinidad con iguales, incluso la coparticipación en una nueva identidad. Es ahí donde hay que situar la nutriente que alimenta a grupos nada positivos como son muchas de las denominadas “Bandas Latinas”.

Matonismo y violencia pandillera.

Los hermanitos y la nueva familia, la nueva identidad coparticipada en ocasiones con jóvenes españoles y en fractura, generalmente, con su familia natural, ofrecen un ámbito de relación, comunicación, pertenencia, destino ... y poder que estimula su inclusión y que dificulta su abandono, puesto que su comportamiento acaba siendo sectario, con tintes sexistas, poco cívico y en una configuración asociativa ilícita.

El debate sobre legalizar o no este tipo de grupos es un debate erróneo. El derecho a asociarse está reconocido por la Constitución Española y su autorización solo es a efectos de Registro, por tanto su límite a su actividad está en el respeto a los preceptos democráticos recogidos en nuestra Carta Magna. Si el grupo nace con objetivos delictivos o si devienen en infracciones durante su propio desarrollo, estaríamos en lo que nuestro Código Penal tipifica como asociación ilícita. En consecuencia legalizar o no nunca depende de una decisión política, el problema estriba en sí el grupo afín, constituido, respeta la legislación de nuestro Estado de Derecho o no la respeta. Si se transgrede, en este caso estaríamos en el escenario de las asociaciones ilícitas pero no olvidemos, lo son porque sus miembros, dirigentes o activistas, así lo decidieron con su conducta infractora penalmente.

No hay lugar a paternalismos, como tampoco ha lugar a la exclusión y marginación. Necesitamos una política de juventud, que hasta ahora ningún gobierno ha impulsado en España, ni tampoco en las autonomías, que potencie la integración real de los jóvenes inmigrantes y que promueva un asociacionismo intercultural y cívico en el colectivo juvenil. Si existen conductas violentas y grupos violentos solo cabe un mensaje y es el del Estado de Derecho que lo declara ilegal y que como infracción penal ha de ser sancionado.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia