Desde hace tres años la evolución de la criminalidad en nuestro país ha pasado a segundo plano. Esta perdida de actualidad no obedece a una mejora de los índices de criminalidad, como sería deseable, sino a una política deliberada de ocultamiento, falta de transparencia y manipulación de la realidad en esta materia.

Desde el Sindicato Unificado de Policía no podemos ofrecer datos concretos –como vinimos haciendo a través del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía durante los gobiernos del PP- porque no disponemos de los datos, dado que las “fuentes” de donde procedían han sido “cegadas” por este Gobierno. Pero sí tenemos información veraz, contrastada aunque no detallada, de la evolución de la criminalidad, y por ello podemos afirmar que sigue un crecimiento constante y que el presente año supera los dos puntos, lo que sumado a los años anteriores nos coloca en una tasa de crecimiento desde la llegada del gobierno socialista cercana a los cinco puntos.

Conviene saber que los métodos rigurosos y fiables del tratamiento estadístico que el Gobierno se comprometió a crear no existen, y que se sigue produciendo manipulación estadística, la misma que con el Programa Policía 2000, sin que en esta materia hayamos avanzado nada.

Carecemos de una política definida y eficaz para combatir el crecimiento de la criminalidad. La política de seguridad de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se basa en la identificación sistemática de dos grupos de personas:las minorías raciales, aquellos que se identifican por el color de su piel que no son españoles o europeos -se les traslada a comisaría a efectos de identificación- y los grupos de jóvenes que puedan estar consumiendo drogas en la vía pública. Esta es la gran estrategia que, como era de esperar, está fracasando.

Y está fracasando porque además de ineficaz y ridícula, se aplica desde un cuerpo policial cuyos miembros están desmotivados por distintas razones, de entre las que citaremos solo dos: el agravio salarial y la falta de medios materiales. Agravio salarial que este Gobierno se comprometió a resolver y que no ha hecho respecto a las policías autonómicas, y falta de medios materiales, pues estamos en la peor situación de los últimos quince años. La policía española precisa de un uniforme operativo y se nos pretende imponer uno que no es el adecuado; armas (hace años se inició el proceso de cambio y no ha llegado ni a una tercera parte, con lo que estamos dotados de un arma antigua y defectuosa); nos faltan más de 3.000 vehículos, además de los 1.000 entregados en fechas recientes y con graves deficiencias que están provocando bajas por enfermedad; las dependencias cochambrosas en las que venimos trabajando desde hace años sigue en el mismo estado (Comisaría de Centro, Alcalá de henares y otras muchas); los medios técnicos de investigación y operativos no existen, están desfasados o caducados; y los elementos de seguridad y autoprotección o para practicar detenciones son adquiridos con nuestro salario y su uso no está reglamentado (sprays, “Kubotán”, guantes anticorte, chalecos antitráuma…).

El amiguismo en los nombramientos, colocando a personas sin suficiente capacidad profesional, es un cáncer que corroe al Cuerpo Nacional de Policía y cuyo origen es el nombramiento por razones de afinidad política de esos que, con la misma incapacidad, proceden luego a nombrar a sus amigos sin tener en cuenta la categoría ni el historial profesional.

Las comisarías trabajan en el caos y cerca del colapso. Las oficinas de expedición de documentos a españoles o las de trámites para regularizar la situación de extranjeros son tercermundistas, en algunas hay que esperar más de 50 horas ininterrumpidas para conseguir ser atendidos en un país occidental como España en el siglo XXI. Las Oficinas de Atención al Ciudadano donde se formulan denuncias están ya en la misma situación, y miles de denuncias no se formulan ante la necesidad de esperar durante horas para hacerlo. Los trámites de los juicios rápidos, los expedientes de expulsión (que se han descentralizo hace dos meses y que sobrecargan la labor burocrática de las comisarías) y especialmente los trámites de las denuncias de malos tratos, que requieren por término medio 60 minutos de rellenar formularios, son un despropósito impropio de este país y de la atención que debemos prestar a los ciudadanos.

La Policía tiene aprobada una estructura pero el Catálogo de Puestos de Trabajo que la desarrolla no existe, y hoy es el mismo que el que se aprobó para la estrategia policial del PP 2000. Es como querer navegar con un coche o circular por la carretera con un barco, pero los responsables políticos y los mandos de la cúpula policial están muy ocupados en otras cosas más importantes para ellos que prestar un servicio eficaz a los ciudadanos.

A este caos organizativo interno hay que sumar el que supone dos estructuras superpuestas, la dirección general unificada y la secretaría de Estado de Seguridad, que objetivamente son la misma cosa o sirven para lo mismo.

Quizás ello tenga que ver con la descoordinación y enfrentamiento entre los mandos de los dos Cuerpos de Seguridad del estado (más evidente que nunca), o con la parálisis evidente y la falta de medidas efectivas para combatir la violencia de género (donde hay mucho de campaña mediática y poco de política de seguridad) o para combatir la explotación laboral, tan abundante en nuestro país ¿Qué ciudadano no conoce hoy en qué plaza de su pueblo esperan inmigrantes para ser contratados ilegalmente y explotados? ¿No existe el delito de explotación laboral en el Código Penal? ¿Por qué la política de seguridad no incluye medidas contra este abominable delito? Porque estadísticamente es poco o nada rentable, y produce muchos más “palotes” y eficacia ficticia identificar a jóvenes o extranjeros.

Y por último, la Dirección General de la Policía y las Guardia Civil debería pensar mucho sobre los criterios de selección y la formación que se imparte, incrementado las clases de técnicas y habilidades sociales para que los policías tengan claro que son servidores públicos, que los ciudadanos detentan unos derechos inalienables y que la educación y respeto deben presidir las relaciones con los ciudadanos, lo que no está reñido con el rigor y la contundencia cuando es necesario aplicarlas. Hay que enseñar que un profesional se dirige al ciudadano con un saludo, hablando de Vd. Y pidiendo la documentación, y no con un lenguaje tabernario, tratando de tú, con chulería y pidiendo “la papela”. Y esa es la Policía que se está formando con tanta masificación y utilización política de la misma.

En materia de seguridad ciudadana, transcurridos tres años, el Gobierno no ha aprobado. Si no rectifica mucho y rápido, estaremos ante un fracaso de la gestión imposible de ocultar por mucha manipulación estadística o cortinas de humo que se arrojen.

Madrid, 30 de agosto de 2007.

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL