Desde la concentración que reunió a miles de guardias civiles convocada por AUGC y llevada a cabo el día 20 de enero de este año en Madrid, no han cesado en ningún momento las actuaciones represivas del Gobierno contra el movimiento asociativo en la Guardia Civil y tam-bién en las Fuerzas Armadas. Recordemos que por la concentración citada fueron expedientados por falta muy grave y apartados del servicio por 3 meses un total de 21 dirigentes de AUGC – toda la Junta Directiva Nacional y 13 Secretarios Generales provinciales –. En la actualidad, los expedientes disciplinarios, desoyendo las voces de la práctica totalidad de la clase trabajadora de este país y de entidades europeas, incluyendo una resolución del Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES-ETUC) aprobada en Sevilla el día 23 de mayo de este año, y al que por cierto, acudió el Presidente del Gobierno, lejos de paralizarse, siguen su curso y en 10 de ellos ya se ha elevado al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, pro-puesta de sanción que sólo podemos calificar como durísimas e inaceptables y cuyas consecuen-cias, de materializarse, son impredecibles.

En el caso de Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, el ministerio de Defensa ha desplegado una aberrante actuación abusiva contraria a la ley y a los derechos humanos contra los integrantes de dicha organización. Tras el acto del 20 de enero, Jorge Bravo fue privado de libertad durante un mes, al ser activado un expediente disciplinario que estaba a punto de ser archivado. Ahora se pretende privarle de libertad por dos meses como castigo por su participación durante el acto del 20-E, que no realizó como militar en activo ni como miembro del Ejército, sino como presidente de AUME, una Asociación absolutamente legal.

El ministerio de Defensa persigue estrangular el derecho de asociación que la Constitu-ción Española reconoce a todos los ciudadanos, también a los militares, incumpliendo un manda-to legislativo de la Ley de Defensa Nacional y sus propios compromisos electorales. Y queremos recordarle que muchos de los países de la OTAN y de la UEO y de la Unión Europea, como Aus-tria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza, reco-nocen el derecho de asociación profesional para los militares con absoluta normalidad. ¿Por qué en España no sucede esto? Porque la cúpula militar de las Fuerzas Armadas de esta forma puede seguir manejando a su antojo, como auténticos “esclavos sociales”, a unos indefensos subordina-dos. ¿Es esto aceptable en pleno Siglo XXI?

AUGC exige al Gobierno que cese en sus ataques contra AUME y contra AUGC, pues estas viejas fórmulas represivas no van a solucionar absolutamente nada, son parte integrante del problema y son contrarias a la ley. Los militares, también los guardias civiles, tienen derechos que no pueden ser coartados por la vía de la represión pura y dura y la utilización torticera del régimen disciplinario.

Por último, queremos enviar públicamente un afectuoso saludo a Jorge Bravo y a todos los afiliados y afiliadas a la AUME, y trasladarles nuestro compromiso de apoyarles en su legí-tima lucha por el reconocimiento de sus derechos fundamentales.