Los dos neonazis condenados por la agresión a tres inmigrantes de raza negra en Torrero, Miguel Ángel Hernández Loureda y Gari Martín Cáliz, están ya en prisión. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza les impuso hace 15 días penas que suman diez años y dos meses de cárcel por los delitos de amenazas y lesiones, con las agravantes de racismo y abuso de superioridad.

Las asociaciones vecinales que ejercieron la acusación popular pidieron la semana pasada a la magistrada el ingreso en prisión inmediato de los condenados, alegando que existía riesgo de fuga, e incluso de que se repitieran las agresiones. De hecho, tras la sentencia, alguien -que no ha sido identificado- pintó una esvástica en la puerta de un testigo que había declarado contra ellos en el juicio, lo que fue considerado como una amenaza.

Si esta parte no hubiera solicitado el encarcelamiento de los dos rapados, podrían haber pasado todavía varios meses hasta que se ejecutase la sentencia e ingresasen en prisión. De hecho, lo habitual es que los condenados cumplan la pena una vez resuelto el recurso en la Audiencia Provincial.

En su día, el juez de guardia no decretó prisión provisional para los acusados, por lo que nunca llegaron a ser trasladados a Zuera. Paradójicamente, el mismo día que estas personas agredieron a los tres inmigrantes en Torrero (25 de marzo de 2005), un joven donostiarra fue apaleado por otro grupo de skins en el Actur. Los agresores fueron tres adultos -entre ellos, una joven- y dos menores. Los tres mayores de edad cumplen prisión provisional.

Los letrados de la acusación popular, Carlos Carreras y Xabier Mallor, así como el fiscal pidieron el ingreso en prisión de Miguel Ángel Hernández Loureda y Gari Martín Cáliz. Sin embargo, el ministerio público dejó una puerta abierta para que los condenados evitaran ingresar ya en la cárcel: una fianza de 18.000 euros.

El abogado de los neonazis, Javier Notivoli, se opuso a las pretensiones de las acusaciones y pidió que, en todo caso, la fianza se fijara en 300 euros. El letrado argumentó que desde que se produjeron los hechos, sus clientes no habían eludido en ningún momento la acción de la Justicia. Además, señaló que la pintada que apareció en la casa del testigo pudo ser hecha por cualquiera y no precisamente por los condenados.