La Audiencia Nacional investigará a cuatro responsables nazis del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por un presunto delito de genocidio y lesa humanidad cometido entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.

En un auto hecho público hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, admite a trámite la querella que presentaron un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración.

Moreno justifica la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos al entender que se corresponden "sin género de dudas" con las características de un delito de genocidio y, que por tanto, puede ser perseguidos por este tribunal en virtud de su "jurisdicción universal".

Para ello, recuerda en su escrito la sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 que permitió a la Audiencia Nacional investigar el presunto genocidio en Guatemala y añade que "en modo alguno" se han ejercido acciones judiciales en el territorio en el que se produjeron los hechos.

CORTE PENAL, "INOPERANTE"

En este sentido, el juez Moreno señala que la Corte Penal Internacional es "inoperante" para enjuiciar el Holocausto nazi porque, según sus estatutos, "sólo tendrá competencia únicamente respecto de los crímenes cometidos después de su entrada en vigor", que se produjo en 1998.

La querella, que recayó el pasado 23 de junio en el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, se dirige contra los ex oficiales de las SS Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Iwan o John Demjanjuk, que desarrollaron su labor como guardias armados en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg.

Todos ellos y se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial. En los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales.

Según la querella, los prisioneros fueron sometidos a "programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas". "Fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato", añade la demanda.

La Fiscalía, que solicitó la admisión a trámite de la causa, recordó que en la actualidad resulta "indiscutible" el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que concurra algún punto de conexión con los intereses del Estado que solicita la persecución.

Según el Ministerio Público, en el presente caso "existe conexión en cuanto a la nacionalidad de las víctimas, puesto que se denuncia la comisión de un delito de genocidio sobre españoles". Además, el Código Penal vigente "puede aplicarse retrospectivamente a conductas anteriores que ya eran criminales en el momento de cometerse (...), es decir, que eran criminales porque estaban prohibidas en el derecho consuetudinario internacional de esa época".

'CARNICERO DE MAUTHAUSEN'

Fuentes jurídicas expresaron su esperanza en la posibilidad de ampliar la imputación por los citados delitos contra el médico austríaco Albert Heim conocido como el 'Carnicero de Mauthausen' o 'Doctor Muerte' debido a la existencia de informaciones que apuntan a su próxima detención.

Representantes del Centro 'Simón Weisenthal' de Israel viajaron a principios de este mes al sur de Chile siguiendo una pista que podría conducirles hasta Heim. El director del organismo israelí, Efraim Zuroff, aseguró entonces que la entidad cuenta con pistas certeras de que Heim, quien hoy tendría 94 años, podría estar en el extremo sur de Chile o en la Patagonia argentina.

Por ello, Zuroff, acompañado de Sergio Widder, representante del Centro 'Simón Weisenthal' Sudamérica, viajó hasta la ciudad de Puerto Montt, 1.000 kilómetros al sur de Santiago, donde residiría una de las hijas del 'Doctor Muerte', tras haberse reunido con la Policía de Investigaciones de Chile (cuerpo civil) y también con representantes de Interpol en este país.

"ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

Según el texto de la querella, el Batallón de la Calavera conformaba "una organización criminal involucrada en la persecución y el exterminio de judíos" que cometió "asesinatos" y "malos tratos" y gestionó "el programa de mano de obra esclava", tal y como ponían de manifiesto las pruebas en las que se basó la sentencia dictada en 1946 por el Tribunal Militar de Nuremberg.

Los querellantes solicitan la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar "hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas", tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citan expresamente.

En concreto, la actuación judicial ha sido impulsada por David Moyano, combatiente francés que sobrevivió al confinamiento en Mauthausen; y los familiares de Agustín, Marcos y Francisco Puente, exterminados en Sachsenhausen; Donato de Cos Gutiérrez, asesinado en Mauthausen; Gabriel Torralba, liberado por las tropas estadounidenses tras permanecer en Auschwitz y Mauthausen; y Víctor Cueto, superviviente de este último campo.