Amnistía Internacional, Movimiento contra la Intolerancia, CEAR y SOS Racismo critican a Interior por "prácticas xenófobas".
Una nota interna de la Jefatura Superior de Policía de Madrid obliga a los agentes a detener a un número semanal de inmigrantes irregulares en cada distrito y preferentemente marroquíes, puesto que la devolución resulta más barata. Estas actuaciones se llevan a cabo, por ejemplo, en las salidas del Metro.

En declaraciones a Servimedia, la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional (AI), Ángela Iranzo, destacó que el Gobierno puede realizar "prácticas de control migratorio" para controlar y regular las fronteras, pero "no a costa de vulnerar los derechos humanos de las personas inmigrantes".

En este sentido, Iranzo hizo un llamamiento al Gobierno para que cumpla acuerdos internacionales, como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa, que prohibe "perfiles raciales" en los controles de identidad de extranjeros.

Además, Iranzo lamentó que estos controles vinculen nacionalidad con delincuencia y aseguró que "contribuyen a reforzar unos prejuicios y actitudes xenófobas y racistas hacia la población inmigrante", más "en una situación de crisis económica, donde el ambiente de la población es mucho más sensible hacia los inmigrantes".

Por todo ello, Iranzo pidió a la Fiscalía General del Estado a que adopte "medidas específicas" para comprobar si estas actuaciones policiales incluyen o no el agravante por racismo, contemplado en el Código Penal.

"TRATAMIENTO XENÓFOBO" Por otro lado, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, señaló, en declaraciones a Servimedia, que la Fiscalía General del Estado debería investigar la legalidad o ilegalidad de las identificaciones masivas de inmigrantes, que, a su juicio, vulneran la Ley de Seguridad Ciudadana.

Ibarra tildó de "extraordinariamente terrible" la vinculación entre inmigración y delincuencia con estos controles porque "a los ciudadanos les entra por los ojos que el inmigrante es potencialmente un delincuente, al ver detenciones en los controles policiales".

Además, Ibarra ve "un tratamiento xenófobo" en estas actuaciones "cuando la policía se sitúa en la boca del Metro y empieza a separar a la gente por su color de piel, por su origen nacional o por su forma estética".

Por su parte, la responsable del Servicio Jurídico de CEAR Madrid, Paloma Favieres, afirmó a Servimedia que estas prácticas vulneran la Ley de Extranjería, que, con jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, establece la sanción económica como regla general por delante de la expulsión. "La policía sistemáticamente propone la expulsión", lamentó.

En esta línea, reprochó que los controles masivos de inmigrantes se hagan "de manera aleatoria" y sin atender cada caso individualmente, es decir, "si hay circunstancias mínimas de arraigo, unos antecedentes personales, riesgo de violaciones de derechos humanos en sus países de origen, si habla español o trabaja con organizaciones sociales, etcétera".

"Detrás de todo esto vuelve a resurgir la equiparación de lo que es situación de irregularidad con delincuencia de la persona inmigrante", reiteró.

Por último, el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, reprochó que estas prácticas policiales sean de "caza al inmigrante" y "contrarias al Estado de derecho" porque, según añadió, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "criminalizan a las personas por su aspecto en la calle, por su color de piel o por cómo visten".

En declaraciones a Servimedia, Ramírez instó a la Fiscalía a que tome cartas en este asunto y concluyó que "no puede haber una política real contra el racismo" hasta que no cesen actuaciones "de caza al inmigrante".

(SERVIMEDIA) 16-FEB-2009 MGR/gja