Las penas iniciales pedían 35 años de cárcel en total y multas millonarias por haberse manifestado en rechazo a la manifestación del grupo neonazi de Democracia Nacional en Cangues de Onís (Asturias).

La desmesura de las penas solicitadas había desencadenado una campaña de solidaridad donde se denunciaba la permisividad de los actos racistas.

Finalmente el fiscal retiró las acusaciones, siendo sancionados económicamiente por faltas que suponen multas de 150 a 400 euros por persona.

Durante la breve vista judicial se concentraron un millar de personas en solidaridad con los antifascistas imputados.

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