COLPISA. Varsovia
Chequia, presidenta de turno de la UE, no ha conseguido integrar a la comunidad gitana en sus estructuras socioeconómicas. Unas 200.000 personas de esta etnia, cerca del 2% de la población, malviven en el país centroeuropeo y sufren todo tipo de discriminaciones. Tanto es así que en los dos primeros meses de este año unos 500 gitanos han pedido asilo político en Canadá porque consideran que su seguridad se ve amenazada por los grupos de extrema derecha, muy activos y violentos. Otros 800 gitanos ya partieron el pasado año con destino a tierras canadienses por el mismo motivo. Las autoridades de Otawa han pedido a sus homólogos checos que tomen cartas en el asunto.

Canadá es el destino de muchos gitanos porque este país abolió hace un año la necesidad de visado para ciudadanos de Estados poscomunistas, entre los que se encuentran Chequia y Eslovaquia. El ministro canadiense de Migración y Multiculturalismo, Jason Kenney, comunicó al Gobierno de Praga que su país no contempla la posibilidad de introducir de nuevo los visados para los ciudadanos checos, mientras que el viceministro checo de Asuntos Exteriores, Jan Kohout, afirmó que el exilio de gitanos es "un asunto temporal". El Defensor del Pueblo checo, Otakar Motejl, calificó el fenómeno de "preocupante", pero fruto de "una campaña premeditada", a su juicio incitada por algunas agencias de viajes dispuestas a trasladar a la población gitana a Canadá con fines económicos. En su opinión, "los gitanos no son perseguidos ni se les impide trabajar" en Chequia.

Esta vision contrasta con la ola de racismo que sacudió Chequia el pasado fin de semana. El sábado por la noche, en el municipio de Vítkov, en la región de Moravia, un cóctel molotov alcanzó la vivienda de una familia gitana y provocó de tres heridos, entre ellos una niña de dos años que sufre quemaduras en el 80% de su cuerpo y se encuentra en estado muy grave.

El domingo, unos 300 neonazis se manifestaron por las calles de la ciudad de Ústí nad Labem (Bohemia del Norte), donde existe un gueto gitano, en recuerdo a las víctimas del bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Más de un millar de policías vigilaron la marcha, a la que se opuso un grupo de 200 izquierdistas. Una veintena de neonazis consiguió romper el cordón policial y llegar hasta el barrio gitano de Predlice.

Estos acontecimientos suelen ser frecuentes los fines de semana en Chequia, donde el ultraderechista Partido Nacional está dispuesto a entregar billetes de avión y "apoyar financieramente" a los gitanos que quieran abandonar el país y dirigirse "desde la India a Canadá" con la condición de que no regresen a Chequia.

Las autoridades contemplan esta situación con preocupación. El primer ministro en funciones, Mirek Topolanek, aseguró que "vamos a trabajar" para "determinar qué cambios hay que realizar en el sistema legislativo" para frenar el avance de la ultraderecha y del racismo. Sobre esta cuestión, el titular de Derechos Humanos y Minorías Étnicas, Michal Kocáb, reconoció "que la situación empeora poco a poco y es necesario empezar a hacer algo inmediatamente".

Esterilización forzosa

La Liga Checa de los Derechos del Hombre (LIGA) es uno de los colectivos que denuncia con mayor firmeza la situación de los gitanos checos. Según este grupo, muchos menores gitanos siguen siendo escolarizados en colegios para "enfermos mentales" y "la esterilización forzosa de las mujeres no ha desaparecido, aunque ya no es una política oficial".

Esta organización admite que la discriminación "no es una política oficial", pero lamenta que "el Estado no haga suficientes esfuerzos para prevenir las violaciones de los derechos humanos".

La LIGA asegura que el 70% de la comunidad gitana no consigue salir del círculo vicioso de la pobreza, el paro y la falta de educación.

La esterilización forzosa y masiva de las mujeres gitanas para limitar la natalidad fue una práctica común durante el anterior régimen comunista. Algunos médicos la siguen utilizando, aunque no es legal. Las víctimas tienen la posibilidad de denunciar su situación ante un tribunal, pero no pueden ser indemnizadas, porque el Estado no reconoce su responsabilidad en los casos detectados.

El Heraldo.es 22.04.09