La delicada situación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela está a punto de sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, multiplicó ayer las muestras de apoyo y solidaridad hacia el magistrado por parte políticos, juristas e intelectuales de izquierdas.

La delicada situación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela está a punto de sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, multiplicó ayer las muestras de apoyo y solidaridad hacia el magistrado por parte políticos, juristas e intelectuales de izquierdas. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, pidió respeto a las instituciones judiciales que tienen que decidir si expulsan a Garzón de la Audiencia Nacional, pero dijo que el magistrado es "un profesional decente" al que deseó "que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance".

La reacción más contundente fue la del primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ya retirado, que en declaraciones a la cadena SER aseguró: "La extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura. Es así. Seis magistrados del Tribunal Supremo y cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo cual ya es gravísimo en sí mismo". Jiménez Villarejo atribuyó la situación de Garzón a actitudes "de recelo, de envidia, de venganza". "Es el juez que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera. Desarticuló las cuentas secretas del BBVA en Jersey o el caso Pretoria, que alcanza a Prenafeta y Alavedra. Combatió la guerra sucia contra el terrorismo del GAL, el caso Gürtel de corrupción en el seno del PP, las dictaduras latinoamericanas... El factor determinante es que se atrevió a lo que nadie se había atrevido: a investigar las desapariciones forzadas, cien mil desapariciones".

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, manifestó en nombre de toda la organización su "completa solidaridad" con el magistrado de la Audiencia Nacional y denunció la "terrible paradoja" que puede producirse si Garzón acaba siendo juzgado. Tras expresar su "escrupuloso respeto" al Tribunal Supremo, no dejó de "valorar" que se haya permitido "que llegue hasta aquí la persecución al magistrado".

Un grupo de intelectuales, que integran escritores como Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, entre otros, suscribieron un manifiesto de apoyo al juez Garzón en el que muestran su "preocupación" por los pasos dados por el Tribunal Supremo. El manifiesto, para el que solicitan adhesiones en la dirección de correo electrónico hemosconocidolanoticia@gmail.com, lo firman también la política y abogada Cristina Almeida, el cantautor Paco Ibáñez, los escritores Manuel Rivas y Fanny Rubio y catedráticos como el arabista Pedro Martínez Montávez o el filólogo Joan Oleza. También lo suscriben, entre otros, el sociólogo José Vidal Beneyto, el hispanista Ian Gibson, el coordinador del grupo para la recuperación de la memoria histórica Matías Alonso Blanco, el penalista Miguel Ángel Rodríguez Arias y Carmen Negrín, nieta del último presidente del Gobierno de la II República.

Los juristas e intelectuales dicen que se consideran "sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón" y "tristemente convencidos" de que "asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, 'al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra Democracia el peor golpe desde el 23-F".

El juez chileno Juan Guzmán, que ha sido citado por Garzón como testigo, aseguró a la cadena SER que a él también podían haberle acusado de prevaricación, porque no aplicó un decreto de amnistía que dejaba sin investigar crímenes de lesa humanidad. "Técnicamente no podían reabrirse, pero consideré que eran ilegítimos. Así pude procesar a Pinochet en tres ocasiones y a numerosos agentes estatales y militares que hoy día cumplen pena porque hubo un juez que se atrevió a ir más allá de la normativa que impide a los jueces actuar".

Guzmán encontró "increíble" que se quiera juzgar a jueces que investigan crímenes contra la Humanidad. "Es como una traición a la propia judicatura" prosiguió el magistrado chileno, a quien le hicieron renunciar a la carrera. "Me impidieron llegar a la Corte Suprema, el sueño de todos los magistrados para culminar su carrera judicial. Garzón es un juez de instrucción de selección, por no decir el mejor que ha habido en el mundo".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) siguió la estela de Jueces para la Democracia y aseguró que sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo supone "criminalizar la discrepancia jurídica". La UPF respaldó la investigación de los crímenes contra la Humanidad porque "se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional". Según los fiscales progresistas, la actuación de Garzón "de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria", y su trayectoria profesional "no se hace acreedora a ser acusado y sentado en el banquillo por iniciativa de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema de este país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados".

El Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica de la Universidad Carlos III criticó ayer el auto del juez Luciano Varela "que desprecia la terrible realidad" de los crímenes de la dictadura franquista. "Denunciamos la resolución del juez Luciano Varela como acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos", terminan.

LA CAZA por Francisco Javier Alvarez García

Hace algunos meses comenzó a extenderse un rumor en el mundo jurídico, especialmente en el madrileño: el Juez va a caer. Todos repetían el vaticinio: el Juez va a caer. Era curioso, nadie hablaba, al contrario de lo que resulta habitual, de qué delitos había cometido el Juez. Porque no importaba. Lo importante es que iba a caer. El instrumento, extremistas o no, era indiferente. Los que, emboscados, alentaban la hoguera judicial no se sabía si eran conocidos o no, si pertenecían a un grupo de profesionales del Derecho o no, de políticos o no, o mezclados todos ellos. Pero eran los que iban a poner el cascabel al gato.

Y al Juez le llamaron a declarar ante el Tribunal Supremo. Esa misma noche hubo alguna cena de celebración; y al día siguiente, en cierto foro judicial Salomé anunció que iba a cortar la cabeza del Bautista.

Desde luego, el Juez lo había puesto fácil, no cabe duda. No pocas de sus resoluciones eran discutibles.

Se había metido muchas veces en la boca del lobo. Demasiados callos pisados. Demasiada televisión. Demasiados traficantes, terroristas y genocidas en su camino; y políticos corrompidos, políticos ladrones. Demasiados cadáveres. Pero ¿no es eso lo que tenía que hacer un Juez? Con menos espectáculo, sí. Pero ¿no tenía que perseguir todos los delitos? ¿O es que acaso debería haber sido un Juez "prudente" y dejar fuera a los excelentísimos delincuentes?

Cuando todo termine se organizará una manifestación, Franco y Pinochet irán a la cabeza, asesinos de ETA, narcotraficantes y administradores públicos podridos compondrán la marcha. Todos vitorearán a la Justicia y al Tribunal Supremo español.

Francisco Javier Álvarez García es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid


NO SE ENTIENDE por Juan Gelman

No, no se entiende. Fuera de España no se entiende qué pasa en España con el juez Baltasar Garzón. ¿A proceso por su intento de juzgar crímenes de lesa humanidad? ¿Lo castigan por su desvelamiento de la oscura trama de corrupción tejida por personalidades de un partido político? ¿Se judicializa la política española? ¿Se politiza la justicia española?

Conocí al juez Garzón en 1997 cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado del Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera a las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo. Lo volvimos a ver en 2000, esta vez para querellar a los represores de la dictadura uruguaya que asesinaron a mi nuera, le robaron la hija -era una niña, mi nieta, a la que encontré 23 años después de nacida- y desaparecieron los restos de su madre. Nos recibió con la misma deferencia y con un rostro que el sufrimiento ajeno le había escrito. Salimos de su despacho con alguna esperanza de justicia, la que esperaban y aún esperan centenares de miles de castigados por la espada en nuestro continente.

No voy a fingir una inocencia que no tengo. En la Argentina habemos jueces que violan el derecho de gentes, el derecho humanitario internacional, los derechos de los agredidos, la moral y la ética más corrientes, movidos tal vez por viejas complicidades. El juez Garzón no pertenece a esa tribu y que lo juzguen por hacer justicia, no se entiende. No lo entendemos en América Latina. Tampoco en otras partes del mundo.

Juan Gelman es escritor y Premio Cervantes 2007.

DELITO SIN JUSTICIABLES por Arturo Beltrán

No es mi intención pronunciarme sobre un hecho que está sub judice. No obstante, entiendo que al Tribunal Supremo, en la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil, se le presenta una magnífica ocasión para aclarar las siguientes cuestiones:

Primera: si, pese a que la legislación española no preveía en el entonces vigente Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, puede entenderse conforme a los principios del Derecho Penal internacional que esos delitos no son prescriptibles.

Segunda: si cabe entender que ese tipo de delitos son distintos y no están comprendidos entre los delitos de intencionalidad política objeto de las leyes de amnistía de los años 1976 y 1977.

Y tercero: en el supuesto de que existan esos delitos que, en principio, no serían predicables de actos aislados (por ejemplo, un asesinato en la retaguardia), sino de un plan trazado por los jefes de la rebelión, si en el caso de incoarse una causa contra dichos jefes, notoriamente ya fallecidos, esa resolución y las derivadas de ella puede dar lugar a un delito de prevaricación en cuanto que se trataría de un delito contra la Administración de Justicia que ni afecta ni podría afectar a justiciables concretos. Es decir, si puede lesionarse el bien jurídico protegido por el delito de prevaricación cuando la resolución, aun siendo contraria a Derecho, no puede tener destinatarios concretos. Y dicho de otro modo, ¿cabe un delito contra la Administración de Justicia sin justiciables posibles?

Arturo Beltrán Núñez es presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid.