El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado esta mañana "profundamente" la muerte ayer del disidente cubano Orlando Zapata tras 85 días en huelga de hambre y ha exigido al régimen castrista que "devuelva la libertad a los presos de conciencia y respete los derechos humanos". Zapatero ha asegurado que se trata de una "exigencia fundamental de toda la comunidad internacional" y la ha formulado como presidente de turno de la UE, al inaugurar en el Congreso de los Diputados la reunión de presidentes de comisiones de Exteriores de los países de la Unión. La UE, ha sostenido, debe estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y por ello debe exigir a Cuba que los respete y libere a los presos de conciencia.

El jefe del Ejecutivo español intervino ayer en la Sala de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en el IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en el que sólo hizo una velada referencia a la muerte de Zapata, que pasó desapercibida para los periodistas. Fue el equipo de Zapatero el que explicó posteriormente que el presidente había improvisado un párrafo final en su discurso pensando en el opositor y preso político cubano. La prensa española destaca hoy que Zapatero no mencionó ni a Cuba ni a Zapata en Ginebra. Hoy, el jefe del Ejecutivo español no ha tardado ni unos minutos en hacerlo.

Poco antes, el número tres del Ejecutivo, Manuel Chaves, vicepresidente y ministro de Política Territorial, ha señalado a RNE que el Gobierno español seguirá manteniendo el mismo nivel de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba porque todo boicot hace "que se adopten posiciones numantinas y se perjudique a la sociedad cubana". "Eso no quiere decir", ha subrayado, que "España se inhiba en relación con la política de derechos humanos que denunciamos en Cuba". "Trabajamos para la liberación de los presos políticos en Cuba. Existe un déficit muy claro de derechos humanos que ha supuesto un desenlace lamentable", ha añadido en referencia a Zapata, que falleció ayer en el hospital Hermanos Almeijeiras de La Habana, a donde llegó desde hospital de la prisión del Combinado del Este, también en la capital. Debido a su estado de salud, fue trasladado hace una semana de la cárcel donde cumplía condena en Camagüey, demasiado tarde como para salvarle la vida, según los disidentes.

"Un desenlace lamentable"

Por decisión de la madre de Zapata, Reina Luisa Tamayo, el disidente será enterrado hoy en la localidad oriental de Banes, 700 kilómetros al este de La Habana, bajo el ojo vigilante de las fuerzas del orden cubanas. Los disidentes sostienen que el régimen está llevando a cabo "detenciones preventivas" para evitar que el sepelio se convierta en un acto político. Según su versión, policías de paisano y agentes de las fuerzas de seguridad se han desplegado en las entradas de la ciudad así como en los alrededores del cementerio y de la casa de Tamayo. El cuerpo de Zapata, escoltado por las fuerzas de seguridad, llegó ayer a la localidad, donde será inhumado en principio a las 7. 00 hora local (13.00 en la España peninsular).

El Gobierno cubano ha aconsejado a los corresponsales extranjeros - la mayoría espera desde hace un año la renovación de su acreditación- no viajar a Banes para cubrir el entierro, silenciado por sus colegas de los medios de comunicación cubanos. El silencio también fue ayer la nota dominante entre los países de América Latina, que se interpreta dentro de la promesa de unidad hecha el martes en la cumbre de México. Ese silencio contrastó con las numerosas condenas de una muerte para algunos "evitable" y los también abundantes llamamientos al Gobierno cubano procedentes de Europa y EE UU para que libere a todos los presos políticos y garantice los derechos humanos.

El disidente, de 42 años y albañil de profesión, fue detenido en 2003 en el marco de la redada que llevó a 75 opositores a prisión acusados de conspirar con EE UU. Las condenas fueron muy altas, hasta de 28 años de cárcel, pero Zapata en realidad no pertenecía al llamado Grupo de los 75, sino que fue sentenciado a tres años de prisión por desacato, desorden público y desobediencia.