El Supremo ordena a este tribunal encargarse del caso contra Falange y Tradición por terrorismo urbano. Grupos anarquistas y antisistema, sí. Actos violentos de extrema derecha, no. La Audiencia Nacional se ha negado sistemáticamente a investigar los atentados de organizaciones ultras, pero acepta de buena gana las denuncias por acciones de elementos de extrema izquierda. El Supremo ha puesto fin a esa incongruencia y ha obligado al juez Ismael Moreno a instruir los ataques del grupo Falange y Tradición contra monumentos y símbolos antifascistas y nacionalistas en Navarra.

La decisión del Supremo supone una victoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lleva más de un año dando la batalla para que este tipo de casos se queden en este tribunal y no acaben en los juzgados territoriales. Su máximo responsable, Javier Zaragoza, nombró el 10 de septiembre de 2009 al fiscal Daniel Campos como coordinador para la investigación de las bandas y grupos organizados de carácter neonazi, pero hasta el momento solo ha encontrado reticencias por parte delos jueces. Ahora, asuntos como el asesinato del antifascista Carlos Palomino por un ultraderechista o el caso del grupo neonazi Blood and Honour podrían recaer en este tribunal si se demuestra el carácter subversivo de esas bandas.

Nada más ser nombrado, Campos defendió que el juzgado de Instrucción 2, el que dirige Ismael Moreno, se encargara del caso de Falange y Tradición. Sus miembros destrozaron en 2008 y 2009 varias placas de homenaje a víctimas de Franco, y profanaron símbolos de recuerdo en varios cementerios. También amenazaron a concejales nacionalistas con pintadas del tipo "ahora os vigilamos, mañana os mataremos" o "mira debajo". En tres herriko tabernas de Pamplona dejaron pintadas que decían "viva Cristo rey, Falange os vigila", y al registrar sus domicilios se encontraron palos, tirachinas, machetes y pistolas de balines.

El juez Moreno -que había recibido el caso de un juzgado de Pamplona que entendió que era competencia de la Audiencia- rechazó el caso. En su resolución argumentaba que los actos de estos ultras no tenían "el fin de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz social", a pesar de que, en sus manifiestos, además de reivindicar sus acciones, declaraban que su objetivo era "la instauración en España de un régimen político verdaderamente cristiano y nacional".

La negativa de ambos juzgados la ha resuelto ahora la Sala de lo Penal del Supremo, que da la razón al fiscal y confirma que Moreno debe hacerse cargo del asunto. Los magistrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez y José Manuel Maza entienden que los daños y amenazas de Falange y Tradición constituyen "en principio" un delito de "terrorismo urbano", incluido entre los que corresponde juzgar a la Audiencia. Según el Supremo, este terrorismo callejero no es sólo patrimonio de radicales abertzales o ultraizquierdistas, sino también de los neonazis.

El País. 3 de octubre de 2010