La muerte de la congoleña Samba Martine en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid, por falta de asistencia médica (sufrió una meningitis, pero el centro carece de enfermería y no se le diagnosticó), ha reavivado la polémica sobre la existencia de estas prisiones para sin papeles y las condiciones en las que pueden permanecer encerrados hasta 60 días en una celda, por carecer de una documentación en regla.

Martine falleció el 20 de diciembre, después de cumplir más de la mitad del polémico encierro. La meningitis que acabó con ella podría haber sido tratada en un hospital, el lugar al que se deriva a los internados en situación más grave. Sin embargo, la falta de un diagnóstico la privó de una atención especializada "a tiempo", denuncia el auto, al que ha tenido acceso Público, de Ramiro García de Dios, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. Este es uno de los tres juzgados de la capital con funciones de control del CIE.

Garantías jurídicas

El 20 de diciembre, a las 14.47 horas, un fax informó al juez del fallecimiento de la congoleña. El auto que García de Dios emitió al día siguiente dio voz jurídica a exigencias que tanto ONG como sindicatos de Policía llevan años reclamando al director del CIE, Jesús Mateos García. Entre ellas figura la de "ejercer de garante de la salud de las personas internadas, ya que los internos gozan de modo absoluto del derecho fundamental a la salud", según el auto. "No parece que la difunta hubiera sido diagnosticada a tiempo", señala el magistrado.

Además, el juez critica el "palmario hacinamiento" de internos que se practica en el CIE, y del cual han sido testigos tanto él como otros jueces de instrucción durante las visitas personales que han realizado al recinto en los últimos años. El texto denuncia que en el CIE "no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples". En el caso de Martine, la falta de una sala en la que separar a los enfermos de los sanos pudo provocar más contagios. La Jefatura Superior de Policía declinó ayer comentar el auto del juez y se desconoce si hay más internos enfermos de meningitis.

Dado el hacinamiento, la ausencia de una enfermería y que este tipo de meningitis se puede "propagar con extrema y alta facilidad", el juez de vigilancia ordenó a Mateos García que habilite "cuantas habitaciones sean precisas para separar a las personas internadas que hubiesen tenido contacto con la fallecida", si así lo disponen los servicios médicos facultativos.

Control sin garantías

La asociación Pueblos Unidos ha sido la última en documentar irregularidades que se practican en el CIE de Madrid, en un informe que presentó la semana pasada. "El sistema de estos centros está enfocado a la seguridad y al control, no a las garantías de los internos", denuncia el coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza. El representante de la asociación critica además que son las condiciones de internamiento las que provocan este tipo de situaciones, que no se dan en las cárceles, por ejemplo, ya que los presos gozan de más garantías.

El CIE de Madrid (en España hay nueve, con una capacidad total para cerca de 2.500 personas) tiene 280 plazas, 40 de las cuales están destinadas a mujeres. Los 60 días son el periodo máximo de internamiento del que dispone el Gobierno para llegar a un acuerdo de repatriación con el país de origen del sin papeles, según la última reforma de la Ley de Extranjería. Si el Ejecutivo no lo logra en este tiempo, el inmigrante ha de quedar de nuevo en libertad.

Críticas de los sindicatos

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, denuncia el derroche económico que supone mantener a tantas personas durante dos meses y la escasa efectividad que tiene el sistema, además del oscurantismo con el que opera el Ministerio del Interior. "¿Cuántos miles de ciudadanos tenemos cada año en los CIE y a cuántos logramos expulsar?", se pregunta Fornet. El SUP es el sindicato de Policía mayoritario de España.

Interior se niega hacer público el porcentaje de extranjeros que logra repatriar tras internarlos en los CIE, pese a las demandas insistentes que han planteado partidos de la oposición, medios de comunicación y organizaciones sociales durante la última década.

La solución que propone Fornet es la de internar únicamente a aquellos extranjeros que tengan causas penales pendientes. Junto al argumento económico, se sitúa el principal reclamo de las ONG: no se puede privar de libertad a una persona sólo por no tener su documentación en regla, una simple falta administrativa equiparable a una multa de tráfico por aparcar mal un coche.
(PUBLICO. ES  26.12.2011)