La crisis incrementa la intolerancia. En cuatro años, el número de españoles que apoya la expulsión del país de los inmigrantes en situación irregular ha aumentado ocho puntos, del 12% al 20%. Así lo pone de manifiesto un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que muestra que los inmigrantes son más vulnerables a la pobreza, la desigualdad social y la explotación laboral. Varias asociaciones que trabajan con estos colectivos han aprovechado la presentación del informe para hacer un llamamiento al Gobierno para que solucione las trabas administrativas que se han agudizado a causa de la crisis económica. Una de las más importantes es el aumento de los inmigrantes que caen en situación irregular al perder el permiso de residencia por falta de empleo.

Walter Actis, portavoz del Colectivo Ioé, ha señalado la necesidad de visibilizar la situación de los inmigrantes y que se entienda que el asunto no se solucionará con la salida masiva de esta población. “Se empieza a pensar que los parados inmigrantes de larga duración deben retornar a sus países y así nos deshacemos del problema, pero no es así”, ha aseverado Actis. Y agrega: “La crisis no va solo de inmigrantes, el deterioro del empleo afecta a todos”. Los colectivos ponen el énfasis en que se incrementen las políticas de integración social

La OIM advierte en su informe del incremento de la desconfianza y rechazo hacia los inmigrantes en general y hacia los que llevan mucho tiempo desempleados (del 39% al 43% para estos últimos). La organización intergubernamental pide que se ponga énfasis en los derechos de esta franja de la población, que desea permanecer en el país, para evitar riesgos de fractura social. Álvaro Zuleta, de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica (Aculco), ha manifestado la necesidad de que haya más interlocución entre el Ejecutivo y las organizaciones que trabajan con los inmigrantes.

Los organismos coinciden en que en las estadísticas no se tiene en cuenta la situación de los extranjeros parados de larga duración que no tienen residencia permanente. En 2011, había 870.000 extranjeros no comunitarios con residencia temporal. Según la actual legislación, quienes carecen de autorización de residencia permanente deben haber cotizado al menos seis meses para poder renovar el permiso, lo que incrementa las posibilidades de caer en situación de irregularidad sobrevenida. Mariluz Valdivia, directora de la Fundación Acobe, ha manifestado que los hechos demuestran que los recortes no son las medidas adecuadas para salir de la crisis. “Hay que identificar qué sectores tienen la capacidad de contribuir más a la economía y al empleo; que no sea quitarle a los que menos tienen”, ha dicho Valdivia.

Además, coinciden en reivindicar las políticas a favor de la integración, ya que los colectivos extranjeros son los que sufren más paro y menos prestaciones e ingresos. Así lo ha puesto de manifiesto el informe de la OIM, que explica que la tasa de desempleo entre la población inmigrante (34%) se ha duplicado en comparación a la de los autóctonos (23%) durante 2011. Esto, junto al hecho de que el 53% de los extranjeros desempleados no tenían derecho a las prestaciones por desempleo por haber trabajado sin cotizar, ha incrementado la tasa de pobreza en estos hogares hasta un 31%; ha aumentado el pluriempleo y se ha ampliado la brecha salarial entre los oriundos y los inmigrantes.

Las instituciones coinciden en que los hombres, especialmente los que provienen de África, han sufrido más el desempleo. Mientras que las mujeres, en especial las latinoamericanas, son más propensas a la explotación laboral, la economía sumergida y el trabajo irregular y precario. “Las inspecciones laborales no se realizan o son deficientes en los sectores de servicios domésticos y limpieza, lo que da pie a que se vulneren más fácilmente los derechos de estas trabajadoras”, ha explicado Vladimir Paspel, presidente de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana. Paspel ha pedido que los países de origen se impliquen más en la situación de sus nacionales en España. Además, ha solicitado que se aproveche la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Cádiz el 16 y 17 de noviembre, para buscar soluciones al problema del acceso sanitario en España por parte de los inmigrantes así como posibilidades reales de empleo para quienes decidan retornar a sus países.

El Pais. 30.10.2012