La toma de posesión de los 18 jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), celebrada en la Sala de los Caballeros de La Haya, la dependencia más emblemática del Parlamento holandés, marcó ayer la inauguración de la primera instancia judicial permanente con jurisdicción para perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. La ceremonia estuvo presidida por la reina Beatriz de los Países Bajos y Kofi Annan, secretario general de la ONU. Estados Unidos no envió representante alguno y España estuvo representada por su embajador en Holanda. Marcado por fuertes medidas de seguridad, ya que la estancia escogida para el acto se encuentra en el centro de la ciudad, el juramento de los jueces estuvo precedido por una protesta simbólica contra Estados Unidos, contrario al nuevo tribunal por considerar que merma su soberanía y está politizado. Organizada por ciudadanos de los 89 países que han ratificado los estatutos de la Corte, la protesta consistió en una barrera de sacos de arena dispuesta en la playa de Scheveningen, en el mar del Norte, para evitar una invasión imaginaria por parte de Estados Unidos.

Los activistas quisieron criticar así la posibilidad de que Washington decidiera un día liberar por la fuerza a sus súbditos en caso de que hubieran pasado a disposición de la Corte por cometer violaciones de los derechos humanos. También se quejaron de que el presidente George W. Bush haya firmado acuerdos bilaterales con otros 24 países para garantizar la inmunidad de sus nacionales en dichos territorios. Rusia, China, India, Pakistán e Irak tampoco reconocen a la Corte.

En España, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón calificó de "grave" esta ausencia de EE UU, que apoyó su creación en 2000 y se desligó de todo compromiso dos años después. Garzón indicó en unas declaraciones a la cadena SER que un ataque a Irak sin el amparo del Consejo de Seguridad podría ser considerado delito. En su opinión, tanto el primer ministro británico, Tony Blair, como el presidente del Gobierno español podrían llegar a ser juzgados en ese caso, pues tanto el Reino Unido como España son signatarios de la CPI.

Aunque habían sido invitados a La Haya todos los miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, el embajador estadounidense, Clifford Sobel, no acudió a la cita. Los demás países, entre ellos los integrantes de la UE, enviaron desde sus ministros de Exteriores (Luxemburgo, Portugal y Bélgica) hasta sus secretarios de Estado de Asuntos Europeos (Francia y Suecia), o bien a sus embajadores destinados en Holanda. Fue el caso de España, representada por Carlos de Benavides, y de Dinamarca. Según portavoces de la Oficina española de Información Diplomática, Ana Palacio, titular de Exteriores, tenía previsto trasladarse ayer a París y La Haya, pero una avería en el avión la dejó en tierra.

Relativamente lejos de la playa protegida por los activistas y revestidos de su toga negra, los jueces de la CPI, elegidos para asegurar el equilibrio geográfico y de sexo (11 varones y 7 mujeres), juraron respetar la confidencialidad de las denuncias recibidas, así como el secreto de las investigaciones. También aseguraron que serían imparciales y respetarían el estatuto de la Corte, adoptado en Roma en julio de 1998, firmado hasta ahora por 139 y ratificado por 89.

"Sería deseable que la mera existencia de esta instancia legal y la certeza de que podrá procesar a los culpables de los peores crímenes imaginables, evite la comisión de los mismos", señaló Navanethem Pillay, juez surafricano elegido por un periodo de seis años por parte del grupo de países de África. Más realista, aunque con la misma confianza en la eficacia del tribunal, William Pace, miembro de la Coalición para la Corte Penal Internacional, añadió que pasarán aún muchos meses antes de que pueda dar comienzo un juicio formal, dado que falta elegir todavía al fiscal general.

Cuando éste jure su cargo, podrán empezar a abrirse los más de 200 expedientes archivados por los funcionarios de la Corte desde el 1 de julio, día en el que estrenó su jurisdicción. "Hoy se ha puesto en marcha una nueva organización internacional y, aunque hemos aprendido mucho de los tribunales para Ruanda y para la antigua Yugoslavia, esperamos cometer nuestros propios errores", repitieron ayer portavoces de la Coalición para la Corte Penal.

ISABEL FERRER - La Haya