La reciente escalada policial y judicial del régimen de Fidel Castro contra toda disidencia política, que ha visto la aplicación de tremendas condenas de prisión contra decenas de destacados intelectuales y periodistas, culmina -por ahora- en esta atrocidad. Desde hace años no había vuelto el régimen cubano a ejecutar a disidentes. Ahora ha fusilado, sin proceder ni a un simulacro de juicio con garantías, a tres personas que no pretendían más que huir de un país aherrojado, empobrecido y desesperanzado. Por mucho que se quieran reprimir los secuestros de naves y aeronaves, el fusilamiento no es una respuesta tolerable en un país civilizado. El régimen cubano, en plena huida hacia delante, no cumple las condiciones para ser considerada como tal.

Condenas contra la libertad de expresión

Las primeras sentencias dictadas por catorce tribunales cubanos fijaron condenas que ascienden, en conjunto, a 680 años para decenas de disidentes sometidos a juicios sumarísimos, según datos de la oposición interna.

De acuerdo con el último informe Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), ilegalizada por el régimen, las 36 condenas confirmadas hasta ahora oscilan entre los 10 y los 27 años de prisión mayor. En conjunto, los tribunales emitieron el lunes 20 sentencias con condenas de entre 20 y 27 años y otras 16 inferiores a los 18 años de prisión. Las acusaciones, en la mayoría de los casos, se centran en delitos contra la «integridad» o «independencia del Estado», «conspiración» con EE.UU., e intentos de socavar los principios de la revolución cubana.

De 12 a 27 años de condena

La condena más alta confirmada por la Comisión asciende a 27 años y ha sido dictada contra el periodista independiente Omar Rodríguez Saludes, seguida por los 26 años impuestos al disidente Víctor Arroyo por un tribunal de Pinar del Río, en el este de la isla. Entre los condenados a 20 años figuran los periodistas independientes Raúl Rivero, Ricardo González y Oscar Granados Chepe, así como Marta Beatriz Roque, líder de la «Asamblea para promover la sociedad civil». Los opositores Osvaldo Alfonso y Héctor Palacios, del movimiento «Todos Unidos», fueron condenados a 18 y 25 años de cárcel, respectivamente, aunque los fiscales solicitaban para ellos cadena perpetua. La condena más baja, de 12 años de cárcel, fue para Efrén Fernández, colaborador de Oswaldo Payá en el Movimiento Cristiano Liberación y en el Proyecto Varela, según los datos de la CCDHRN. Regis Iglesias, también colaborador de Payá, fue condenado a 18 años de prisión.

Si lo que el régimen cubano pretendía era no llamar la atención internacional aprovechando que la opinión pública está concentrada estos día en Irak, no lo ha conseguido y las protestas han surgido en todo el mundo.

Un portavoz de la Comisión Europea expresó ayer la fuerte preocupación del ejecutivo europeo ante las condenas de disidentes detenidos en Cuba e hizo un llamamiento a su inmediata liberación. En la Comisión hay «mucha preocupación por lo que está pasando», señaló el portavoz de Poul Nielson, comisario europeo de Desarrollo, que visitó Cuba en marzo.

La responsable del Gobierno alemán para la política humanitaria y de derechos humanos, Claudia Roth, pidió a las autoridades cubanas que levanten las sentencias. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Bill Graham, citó el lunes al embajador de Cuba para entregarle una fuerte protesta.

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, y su homólogo mexicano, Luis Ernesto Derbez, que se encuentra en Madrid, manifestaron la preocupación de sus Gobiernos por las sentencias. El Partido Popular español ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para condenar la «ola de represión en Cuba contra la oposición democrática», cuyo contenido confía en que sea respaldado unánimemente por la Cámara Baja.

Ayer, desde la tribuna del Congreso de los Diputados español, la diputada del Partido Socialista, Delia Blanco condenó los juicios a los disidentes cubanos. En este sentido, expresó públicamente la «condena» del PSOE por las detenciones, los «juicios sumarísimos», la falta de garantías y los delitos «inventados».

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, aseguró al respecto que su formación política «defiende y va a seguir defendiendo» los derechos humanos y la libertad de expresión «en cualquier Estado y territorio con cualquier tipo de régimen», y que se siente «identificada» con la defensa de los derechos de manifestación e ideas.

Por su parte, el portavoz de la Federación Los Verdes, candidato a la Alcaldía de Madrid, José María Mendiluce, expresó su rechazo y condena a los juicios celebrados en Cuba, y entregó un escrito de protesta dirigido al cónsul de Cuba en España.

El Movimiento contra la Intolerancia ha condenado la oleada represiva y ha manifestado su solidaridad a los demócratas cubanos que defienden sin violencia sus posiciones políticas, solicitando a las instituciones españolas su apoyo a la libertad del pueblo cubano.

Las diversas organizaciones profesionales y humanitarias internacionales también han reaccionado en contra. Human Rights Watch (HRW) consideró «totalmente injustificadas» las severas sentencias de los tribunales cubanos.

«Estas duras sentencias están totalmente injustificadas», asegura en un comunicado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. «Cuba está desobedeciendo normas de Derechos Humanos fundamentales», agregó.

Amnistía Internacional exigió la inmediata liberación de los disidentes cubanos condenados. Reporteros Sin Fronteras calificó de «estalinistas» los juicios. Para esta organización demuestran que el sistema judicial cubano es una «parodia», ya que reúne todos los elementos de los procesos «estalinistas».

COMUNICADO
POR UNA CUBA DEMOCRATICA

El Movimiento contra la Intolerancia condena la escalada represiva del gobierno cubano que ha supuesto de momento la ejecución de tres personas y enormes condenas a disidentes y opositores al régimen de Fidel Castro y su sometimiento a juicios sumarísimos sin garantías que han concluido con sentencias tiránicas que violan gravemente derechos fundamentales de las víctimas de esta nueva muestra de opresión perpetrada por Castro.

Esta operación represiva representa el mayor hostigamiento contra los opositores políticos cubanos, entre los que se encuentran periodistas, dueños de bibliotecas privadas y miembros de partidos de oposición que propugnan la democracia, incluidos algunos de los promotores del Proyecto Varela. Además de las ejecuciones, las condenas a cadena perpetua y a largos años de cárcel, hay recluidos sin cargos, y en algunos casos se ignora su paradero.

El Movimiento contra la Intolerancia expresa su máxima solidaridad y apoyo a todos los demócratas cubanos que defienden sin violencia sus posiciones políticas e insta a las autoridades de Cuba a que erradique la pena de muerte, establezca garantías judiciales y respete escrupulosamente los Derechos y Libertades de una ciudadanía oprimida por la ausencia de libertad.

El Movimiento contra la Intolerancia pide a las instituciones españolas, partidos políticos y movimientos sociales que muestren su apoyo a los opositores encarcelados y trabajen por la libertad de un pueblo que no puede decidir sobre su propio destino.