El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, avanzó ayer que la Fiscalía investigará la exposición con abundancia de merchandising franquista y nazi que el pasado sábado se celebró en el colegio Príncipes de Asturias, el único centro educativo público de Quijorna. Al día siguiente, la alcaldesa del municipio de 3.000 habitantes, Mercedes García (PP), rindió tributo a los “caídos por Dios y por España” de la Quinta Bandera de Castilla Crespi, batallón de infantería de Toledo Nº 164, Tabor Ifni Sáhara, que murieron en la localidad en julio de 1937 junto a voluntarios falangistas y otras tropas del bando nacional durante la Guerra Civil.
“La Fiscalía se va a mostrar vigilante desde todos los puntos de vista, no solo en lo contencioso administrativo, sino también desde el punto de vista penal, y no se va a dar ningún espacio de impunidad a cualquier actividad que desborde la ley y el sentido y el espíritu constitucional, que es el Estado de derecho y la convivencia democrática de todos españoles”, expresó Torres-Dulce durante la entrega de la Memoria de la Fiscalía del ejercicio 2012 en un acto en el Congreso de los Diputados. El fiscal reiteró que “no se va a quedar impasible ni mucho menos inactivo ante comportamientos que, dentro de los derechos constitucionales de libertad de expresión y manifestación, puedan quebrar la paz constitucional que nos hemos dado todos desde el año 1978”.
El sindicato Comisiones Obreras pedirá también la intervención de la Fiscalía de Madrid. El sindicato se sumó a las peticiones de dimisión de la regidora de Quijorna, exigiendo “su destitución inmediata” ya que a su entender “no debe seguir ni un día más al frente del Ayuntamiento”. “De lo contrario, el PP consentirá una vulneración legal y constitucional como es la cesión de un colegio público para la celebración de acto fascista”, consideran en Comisiones Obreras. Mientras, la alcaldesa pidió de nuevo “disculpas a quien haya podido ofender” e insistió que su intención “no fue hacer apología de nada”. Lo que no se plantea García es dimitir, extremo que tampoco contemplan en el PP de Madrid pese a que en privado abundan los partidarios de forzar a García a dimitir de la alcaldía (otra opción sería expulsarla del partido, lo que el PP madrileño sí podría hacer de forma directa). La regidora se enrocó en el cargo y consideró que el muestrario fascista, cuya organización fue una “decisión desafortunada”, se ha “magnificado” y a lo único que puede contribuir es a crear “un malestar que no ha existido nunca entre los vecinos”.
El clima de concordia que según García caracteriza a Quijorna no coincide con la percepción de Azucena Concejo, la concejal socialista que denunció el mercadillo con banderas preconstitucionales, esvásticas y emblemas de las SS de Heinrich Himmler. Concejo denunció ayer amenazas de la extrema derecha en las redes sociales. “No me pararán en mi objetivo: que en España ocurra lo mismo que en Alemania y todos los gestos que puedan identificarse con el régimen nazi o la exhibición de símbolos fascistas sean considerados un delito”, manifestó. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, así como algún diputado socialista del Congreso y un par de parlamentarios regionales telefonearon a Concejo para expresarle su apoyo.
El PSOE además invitó a su única edil en Quijorna —Concejo no cobra un salario por su función como concejal, y las dietas por la asistencia a los plenos municipales las destina al partido— a que asista el martes de la semana que viene al Congreso de los Diputados. Ese día está previsto que se trate la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del Holocausto o del nazismo, “sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de ‘nazi’, ‘nazista’ o ‘nazismo como explícitamente se produce en otros sistemas penales de nuestro entorno jurídico”.
La iniciativa, impulsada por CiU, cuenta con el apoyo del Partido Socialista, entre otras formaciones. La propuesta también plantea que se impulsen programas específicos de formación y capacitación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “para hacer frente de forma más eficaz a la persecución de las personas y organizaciones que fomentan, sustentan o promueven ideas o programas políticos basados en la negación de la democracia y el fomento del odio”.
El País.es 3.10.2013
