LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 11 de mayo

El nombre técnico es el de Fiscalía delegada para la tutela penal para la igualdad y contra la discriminación, aunque popularmente se les conoce como los fiscales de los delitos de odio. En Málaga, esta red que nació en 2011 pero se puso en marcha en 2013, está liderada por María Teresa Verdugo, una mujer versátil que, pese a su juventud, tiene tras de sí una amplia experiencia en materia penal. Habla claro y de frente. Su misión es proteger a las minorías sexuales, religiosas, extranjeras o étnicas de muchas actitudes que, aunque en un principio no lo parecerían, encajan como un guante en el Código Penal. La ley ha empezado a proteger a los más vulnerables y a imponer que se les respete.

María Teresa Verdugo es desde hace poco más de un año la Fiscal delegada contra los Delitos del Odio, es decir, aquellos actos que se cometen contra minorías especialmente vulnerables como los inmigrantes, las mujeres o los homosexuales. Se trata de amparar al más débil frente a los abusos de quienes creen que la diferencia es un matiz de la desigualdad. Esta fiscal locuaz y trabajadora tiene fama de tenaz, una cualidad que le hace falta para enfrentarse a un área tan polémica como difícil, en la que hay que ir con muchísimo cuidado y en la que todos los pasos están aún por dar, no sólo en España, sino también en Europa.

¿Cuál es el delito más habitual entre los de este tipo?
Bueno nosotros actuamos en dos campos fundamentales: delitos básicos con la agravante de discriminación y otros delitos de odio específicamente. Entre los primeros encontramos sobre todo lesiones, peleas, agresiones que se hacen a parejas gays, de hecho hemos tenido algún asunto de ello; algún asunto se está estudiando por violencia en el ámbito familiar por temas de velo y protección al derecho a ejercitar o no la religión; amenazas, vejaciones e insultos con este tipo de agravante. Dentro de los delitos de odio, específicamente, están los ilícitos contra los sentimientos religiosos, amenazas a grupos por motivo de su vinculación. Lo fundamental que nos llega a la Fiscalía son temas de discursos de odio, ya sea por internet, ya sea conciertos de música rap con letras que van contra grupos determinados, declaraciones como ha ocurrido con el asunto del cardenal que pueden afectar a un colectivo… Son los que se engloban dentro del 510, la difusión de informaciones injuriosas, la difusión del discurso del odio.

¿Cuál es el caso que más le ha impresionado de los que ha tenido?
Afortunadamente, no hemos tenido ninguno en el que una víctima concreta se haya sentido muy afectada. Lo que más preocupa a la Fiscalía es que manejamos encuestas y noticias de que hay muchísimas víctimas, un 90% de ellas, que no denuncian.

¿Por qué no denuncian?
Por varios motivos. Las encuestas reflejan que, en primer lugar, ello se debe al miedo a sufrir represalias. En el delito de odio se busca afectar o castigar a dos tipos de víctimas: a quien se agrede y también dar un mensaje a ese colectivo al que representan. Miedo a represalias, por tanto, del grupo que ha agredido. En otros casos nos estamos encontrando con problemas de inmigrantes irregulares que tienen la dicotomía de que si denuncian al mismo tiempo, al presentarse ante la policía por su condición de irregulares pueden verse sometidos a un procedimiento de expulsión.

¿Qué otros motivos hay?
Por ejemplo pensar que no va a servir para nada; desconocer que existen delitos de odio cuando se ha sido víctima de discriminación, porque de hecho, en las encuestas a nivel europeo, pero en el caso de España, cuando se pregunta a una persona de una minoría si ha sido discriminada en muchas ocasiones va a decir que no. Pero si se le pregunta si en un bar se le ha denegado el acceso por su condición, o cuando iba por la calle de la mano con su pareja del mismo sexo ha sido objeto de insultos, es decir, situaciones concretas, dicen sí me ha pasado esto, y al final…

Es decir, no tienen la percepción de ser objeto de odio…
Ninguna, ninguna, pero cuando vamos a si les ha pasado algo en concreto, a casi todos les ha pasado.

O sea, que en la vida diaria hay discriminación…
Totalmente. Además, en unas cifras altísimas. Las estadísticas fallan mucho, pero si coges las cifras europeas del colectivo gay… personas que han sido discriminadas en el ámbito del trabajo… pues hay un 33%. Que han sido discriminadas en el colegio: hay un 90% de personas mayores de 18 años que han sido discriminadas, injuriadas, vejadas o que se han sentido maltratadas en la escuela. Un 91%. Entonces, en definitiva no tienen conciencia en general pero luego si vas persona por persona sí han sido víctimas de este delito. Y luego una estadística muy mala sobre la que queremos trabajar es la siguiente: de los que denuncian, que son ya digo un 10% de las víctimas, el 61% dice que no se ha sentido bien tratado por la Administración de Justicia, porque la persona que ha recibido la denuncia, ya sea policía o el juzgado, por falta de formación o de sensibilidad con el tema no ha sabido dar respuesta adecuada a este tipo de víctima.

¿Cuántos expedientes han entrado en su negociado en 2013?
El problema no es tanto el número de expedientes como el número de hechos que no han sido denunciados. En 2013 entraron 13 expedientes. La red nacional de fiscales especialistas se creó el año pasado y es cuando se empieza a trabajar. Ha habido temas de delitos de odio. También se ha recibido alguna comisión rogatoria de Austria sobre difusión de libros que niegan el Holocausto, y hemos estado trabajando con ellos y tomando declaración al autor de los libros. Y, aunque no puedo dar datos, estamos investigando algún periódico digital por difusión del discurso del odio y difundir informaciones vejatorias respecto de personas por racismo y xenofobia. No es un gran número de asuntos.

De entre esos trece expedientes, ¿cuál es el ilícito más habitual?
La mayoría racismo y xenofobia y discurso del odio. Hablo de asuntos específicos del área. Porque si se trata de asuntos generales con el agravante de racismo, xenofobia, homofobia y demás las cifras se disparan.

¿Castiga suficientemente el Código Penal estos delitos?
Sí, la verdad es que el Código recoge penas muy graves, lo que pasa es que hay que saber calificarlo. Por ejemplo, el asunto de la chica ecuatoriana del metro de Barcelona, agredida por un joven que hablaba por teléfono. Eso en principio, es una falta de maltrato de obra y de injurias, que tiene una pena de multa. Precisamente como ese caso ocurrió en un sitio en el que la Fiscalía del Odio lleva mucho tiempo funcionando, en Barcelona, que ha sido pionera en todo este tipo de asuntos se entendió que estábamos ante un delito contra la integridad moral, uno de los que se recogen en la especialidad. Cuando pegas el guantazo no lo haces porque te has peleado con ella por cualquier motivo, sólo afectas a su dignidad por el mero hecho de ser ecuatoriana, con lo cual el daño es mayor y el delito tiene una pena de seis meses a dos años de prisión. Las amenazas a un colectivo, por ejemplo, una pintada en una sinagoga o de un centro de internamiento que se entienda que son idóneas para causar un daño a ese colectivo van a tener una pena de hasta dos años de cárcel. Todo el tema de difusión del discurso del odio tiene una pena de hasta tres años de cárcel.

¿Hace la crisis más vulnerables a las minorías?
Sí, uno de los temas que está estudiando la Fiscalía de Odio, no sé si en Barcelona o en Madrid, ha sido el de una asociación caritativa que reparte comida solamente a españoles y ha dejado fuera al resto de colectivos. En algunos periódicos de extrema derecha se está viendo esa tendencia: a culpabilizar a esos colectivos, a criminalizarlos y a generar un sentimiento de hostilidad que es lo que se intenta prevenir desde aquí, y de hecho en la Unión Europea está habiendo muchísimas directivas y resoluciones muy dirigidas a cortar el discurso del racismo y del odio.

¿Seguimos siendo machistas?
Seguimos siendo machistas. Y es un tema en el que hay mucho que hacer, sobre todo en el empleo. Hay un delito específico que entra dentro de la competencia de la Fiscalía del Odio, que es la discriminación en el empleo por distintos motivos y entre ellos por la discriminación por sexo, sin embargo se están reconduciendo a temas de despido y a la jurisdicción laboral y no están entrando en Penal. Pero sí que es cierto que cuando se ha tenido conocimiento de un asunto y se pueden objetivar pues reticencias a contratar a mujeres frente a hombre, o situaciones de desigualdad, se actúa, pero la Fiscalía no ha tenido conocimiento de casos de este tipo.

Ahora está usted abriendo canales de comunicación con las asociaciones afectadas…
Como el primer problema que se ha detectado es la infradenuncia, un 90% de víctimas no denuncian, las directrices que se han dado por la Fiscalía de Sala a la red de fiscal es fomentar la relación con los cuerpos policiales. Se está haciendo un trabajo en España por el que se nos ha felicitado por la Unión Europea a nivel de cuerpos de seguridad del Estado, tanto en cuanto a policías locales, nacionales y guardias civiles. Hay un manual de incidentes racistas y xenófobos que está enseñando a los policías a que detecten un incidente, a interrogar a la víctimas y sacar a la luz la motivación racista de un incidente que en un principio parecía neutro, y en ese sentido la Fiscalía participa también en esas actividades de formación, y por otro lado también insistimos en colaboración con la sociedad civil. En ese sentido se han puesto en marcha una serie de canales de comunicación con las ONG representativas de colectivos minoritarios o que puedan ser víctimas de estos delitos, tanto del colectivo LGBT como de ayuda a inmigrantes. En definitiva, se trata de establecer canales de comunicación más informales, ya que ellos reciben a la víctima.

“Están repuntando los temas de racismo y xenofobia”

¿Hay odio al pobre?
No me consta que pase en Málaga porque en principio no pertenece a la especialidad. Las principales demandas de las asociaciones como Movimiento contra la intolerancia o similares es que se incluya como una de las agravantes.

En los últimos meses ha habido determinadas palabras de responsables religiosos sobre la homosexualidad, lo que ha molestado mucho a estos colectivos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
La postura de la Fiscalía es que todo este tipo de declaraciones son cuanto menos desafortunadas. Pero el Código Penal tiene las limitaciones que tiene. En general, cuando hablamos de discurso del odio hay dos derechos que entran en conflicto, por un lado el derecho a la libertad de expresión y, por otro, el derecho a la dignidad, al respeto y al honor del colectivo afectado. Y en ese sentido hay que equilibrarlo. Lo que ocurre es que cuando ese tipo de manifestaciones, que pueden ser ofensivas, desafortunadas, que son erróneas, y que además no están ni conformes con la realidad social ni conformes con ningún tipo de estudio científico ni psicológico ni sociológico que exista; si se hacen además desde el seno de la Iglesia, no sólo de la católica, sino de la que sea, están amparadas por la libertad de culto. Entonces, mientras estén amparadas por un libro sagrado o las normas fundamentales o los principios de esa religión los recojan, y esa religión merezca como religión un respeto pues tienen mayor cobertura. En el momento, eso sí, en que esa opinión que se da, que decimos que es poco ajustada a la realidad, pretenda ser no sólo opinión sino información, ahí sí tendremos más elementos y se puede contrastar que es claramente errónea y se podrá luchar. Aunque han llamado mucho la atención los asuntos contra el colectivo gay, porque es verdad que en ese sentido ha habido muchas y muy desafortunadas, casi preocupa más en estos momentos de crisis  en los que se intenta culpabilizar un poco a colectivos el repunte en algunos grupos de temas de racismo y xenofobia.