EFE.- 3 agosto. Lucrecia Pérez fue la primera víctima mortal de odio reconocida en España. Dos décadas después la lucha contra este tipo de delitos está dando sus frutos, aunque el miedo a denunciar sigue siendo el obstáculo para que no afloren agresiones físicas y verbales al diferente.

Por primera vez el Ministerio del Interior ha contabilizado los delitos de odio, que en 2013 fueron en España 1.172. Sin embargo, los expertos en esta tipología delincuencial cifran en unos 4.000 los que pueden cometerse en nuestro país anualmente y aseguran que, como en el resto de Europa, un 80 por ciento de las agresiones no se denuncian.

Noviembre de 1992. Lucrecia Pérez, emigrante dominicana de 33 años, es asesinada a tiros por un grupo de cabezas rapadas en Aravaca (Madrid). Noviembre de 2007. Carlos Javier Palomino muere a manos de un soldado profesional de ideología neonazi en el metro de Legazpi de Madrid.

Solo son dos de los 80 crímenes de odio que, según Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, se han perpetrado en España en los últimos 22 años. Unos delitos, dice a Efe, que incluso pueden llegar a enfrentar a países.

Antisemitismo, aporofobia, racismo o xenofobia y cualquier otra acción que se ejecute contra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, religión, práctica religiosa, discapacidad u orientación e identidad sexual están considerados como delitos de odio.

Recogidos ya en el Código Penal, la reforma en trámite en el Congreso de esta ley tipificará dos grupos de conducta: por un lado, y con una penalidad mayor, las acciones de incitación al odio o a la violencia contra los diferentes, y por otro los actos de humillación o menosprecio contra ellos, así como el enaltecimiento de estos delitos.

Del mismo modo, se prevé agravar las penas para la comisión de estas infracciones a través de Internet.

¿Están suficientemente perseguidas estas actitudes? El subinspector de Policía David del Castillo, especializado en violencias sociales, opina que “cada vez se trabaja más en su persecución” y pone como ejemplo el incremento exponencial de las sanciones en el fútbol por este tipo de actos, aunque reconoce que la Ley contra la Violencia en el Deporte ha tenido que ver mucho en ese aumento.

Del Castillo subraya asimismo la reciente creación de 52 fiscalías especializadas, que han redundado en un mayor número de procedimientos abiertos y de sanciones, si bien, como resalta a Efe, la base para erradicar este problema es la educación, pero es una solución a largo plazo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad ya trabajan con una circular de la Fiscalía para que en la denuncia se haga hincapié en aquellos aspectos que, en principio, pueden pasar desapercibidos, pero que pueden llegar a demostrar que se trata de un delito de odio.

El subinspector lo explica gráficamente: cuando hay una agresión no es solo importante la lesión, sino también detalles como la vestimenta del autor (puede llevar camiseta con una esvástica), las palabras que profiera, tatuajes, etc…

“Todo ello agrava el delito y es una prueba de que la motivación no es solo una discusión, sino racista, xenófoba o discriminatoria”, apostilla Del Castillo antes de señalar que muchas denuncias se tramitan solo como agresión por desconocimiento de la víctima.

Y si algo preocupa a la Policía es la proliferación de estos delitos en Internet, mas difíciles de perseguir porque el autor se vale del anonimato que facilita la red y porque muchos servidores están en otros países, como recuerda el subinspector.

Mientras, la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, que como Del Castillo participó en un curso de la Universidad Rey Juan Carlos sobre delitos de odio y organizado por el Instituto de Estudios de la Policía, considera que sigue siendo necesario adaptar el sistema procesal a las nuevas realidades para que, además, se tramiten los procesos con las debidas garantías y celeridad.

Tras lamentar las dificultades para contar con datos estadísticos mas certeros, Ferrer apuesta por ofrecer al denunciante todas las herramientas para que pueda trasmitir todo lo que le ha ocurrido desde su propia óptica y para que el agente le ayude a determinar si ha sufrido un delito de odio.

Y en esa lucha de años para que se reconozcan esos delitos, Ibarra se congratula de la reciente puesta en marcha de las fiscalías especializadas, la creación por primera vez el año pasado del registro de este tipo de delitos por parte de Interior y la constitución del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio que él mismo encabeza y en el que se han integrado ya cien víctimas.

Instrumentos necesarios para luchar contra esta lacra, porque -como dice el subinspector- aunque España no es un país especialmente racista, tampoco es una “isla” y, según Ibarra, puede seguir la estela de otros países de su entorno, donde están proliferando incluso partidos xenófobos.

Una lucha que para Ibarra también tiene en Internet su gran handicap, con 1.500 webs contabilizadas en las que se incita al odio y a la intolerancia.