EFE.- 27 de noviembre 2014. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reclamado una ley integral para perseguir los delitos de odio y discriminación, que sólo una de cada diez víctimas denuncia, principalmente por la falta de confianza de lograr una sentencia condenatoria.

El juez Grande-Marlaska ha participado junto con representantes de organizaciones internacionales, expertos en redes sociales, ONG y fiscales en la Conferencia Internacional “Juntos contra el discurso y los delitos del odio”, en la que se ha puesto de manifiesto el escaso número de denuncias presentadas por este motivo.

“No tenemos un capítulo dedicado a los delitos del odio, sino que están dispersos en el Código Penal”, ha alertado el magistrado, quien ha defendido la necesidad de aprobar una ley integral, como la de violencia de género, para luchar de forma coordinada contra este fenómeno en los distintos ámbitos afectados: educación, sanidad, justicia e interior y “ayudar a que estos delitos no queden impunes”.

Ha explicado que los discursos del odio, que ha definido como “el peligro en abstracto”, implican la incitación al odio, la violencia y la discriminación de forma objetiva y clara, y no es una simple manifestación de voluntad.

Se consideran delitos de odio los motivados por la condición o identidad sexual, raza, religión o discapacidad, entre otros.

Para el juez, si la sociedad o los que pertenecen a una minoría no ven una respuesta clara porque los tribunales priman la libertad de expresión a la condena por delitos de odio, “no se sentirán suficientemente protegidos para denunciar”.

Por ello, también ha reclamado que todos los Estados legislen estas conductas por igual, lo que mejoraría la cooperación entre los países en la persecución de estos delitos y contribuiría a generar una cultura que censure esas prácticas.

“No es el miedo a que te insulten, sino a comportamientos y expresiones que van más allá, implican violencia y generan en terceros la sensación de que mi diferencia se puede vulnerar en cualquier momento”, ha dicho el magistrado.

Expertos europeos han alertado del bajo índice de denuncias de los delitos de odio en Europa, ya que, según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cerca del 90 ciento de las víctimas no lo ponen en conocimiento de las autoridades, por la escasa confianza de las víctimas en la efectividad de su denuncia.

Las cifras son similares en España, ya sólo el 9 por ciento de los que se han sentido discriminados han presentado denuncias, según ha explicado Carmen Plaza, directora general del Institución de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Por primera vez, el Ministerio del Interior contabilizó el número de denuncias por delitos de odio en 2013, que fueron 1.172, la mayoría por orientación o identidad sexual -452- seguidos de por racismo y xenofobia -381-.

Además, se recogieron 290 agresiones contra personas con discapacidad.

Desde la Fiscalía General del Estado también se ha advertido de que estas agresiones muchas veces no son debidamente catalogadas.

Por eso, la fiscal del Tribunal Supremo de la unidad de criminalidad informática y para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, Elvira Tejada, ha destacado la importancia de que en la investigación policial y judicial se recaben datos para probar la motivación discriminatoria.

“Es importante recibir pronto la información para adoptar una participación activa e impulsar estos procedimientos”, ha dicho la fiscal, quien ha recordado que los ciudadanos pueden acercarse a la fiscalía a presentar su denuncia.

La conferencia ha sido organizada por la Plataforma de ONG de Acción Social, el Ministerio de Sanidad y la Embajada Noruega, con financiación del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014.