9 de mayo de 2015

VIDAL ARRANZ. EL NORTE DE CASTILLAEs un ovillo que no se termina nunca de desenredar. Cada año los grupos ultras violentos que operan en Valladolid, de ideología neonazi y similar, captan para su causa a entre 15 y 20 chicos menores de edad. Y cada año la Policía busca y localiza a esos jóvenes para lograr, con la colaboración de sus padres y los colegios, su ‘desenganche’ de esas peligrosas complicidades.

El dato lo ha facilitado el responsable del Grupo de Radicalismos Violentos Juveniles de Valladolid, que el pasado martes participó en la Facultad de Educación en un Foro Cívico sobre los delitos de odio organizado por Movimiento contra la Intolerancia. El mando policial, que pidió ocultar su identidad por razones de seguridad, asegura que la recuperación de menores es la prioridad de su unidad. «Estamos obsesionados con localizarlos, porque sabemos que son recuperables y que es el mejor modo de debilitar a estas organizaciones», explica. La experiencia les da la razón y su trabajo permite, al menos, que la bola no crezca, o crezca poco. Una veintena de jóvenes se suman cada año y un número equivalente los abandona gracias a la presión de la policía, la familia y los centros escolares.

«Nos entrevistamos con todos los padres, y con los colegios. En muchos casos, ni unos ni otros saben nada de lo que está ocurriendo. Pero a nosotros nos interesa hallar la explicación de cómo fueron captados,», explica el responsable policial, que admite que «hay carencias en un sistema educativo que no educa lo suficiente en valores» y advierte: «la intolerancia es la antesala del odio». Especialmente relevante fue el caso de un centro escolar en el que se detectó un número anormalmente alto de menores ultras. «Cuando fuimos allí a investigar descubrimos que el líder de uno de los grupos violentos de Valladolid era el monitor deportivo escolar y que también se encargaba de cuidar a los chicos en el comedor».

Los estadios de fútbol son otro de los entornos en los que estos grupos suelen buscar adeptos. «Es un caldo de cultivo de los radicalismos violentos. Por eso hay que celebrar que la Ley de Seguridad en el Deporte nos proporcione un marco para actuar».

El jefe policial recuerda que hubo un año en el que sus estadísticas de control revelaron una singular asociación: el 75% de los jóvenes que se habían unido a grupos ultras habían sido diagnosticados como adolescentes con el síndrome TDAH de déficit de atención; lo que es popularmente conocido como trastorno de hiperactividad. No obstante, el propio mando policial invita a ser prudente en la interpretación de este dato que no ha vuelto a repetirse de un modo tan rotundo.

En estos momentos operan en Valladolid tres grupos violentos y ninguno de ellos guarda relación directa con partidos políticos. «Son grupos relacionados con el nacionalismo autónomo, un movimiento surgido hace un lustro que no sigue consignas de nadie, ni reconoce ningún liderazgo. Utiliza los mismos manuales de guerrilla urbana que Al Qaeda y otros grupo similares», explica el jefe de la unidad de Radicalismos Violentos Juveniles. Entre los tres agrupan a cerca de 75 personas y todos son de ideologías que pueden describirse como de extrema derecha, o neonazis, aunque algunos de ellos rechazarían esta calificación. En el pasado existieron también grupos de ultraizquierda, pero ya han sido desarticulados o han abandonado la actividad.

Los datos policiales reflejan, con todo, un descenso de la actividad violenta en los últimos siete años. «En 2008 eran frecuentes las batallas campales entre ultras de distintos signo y se producían alrededor de 45 agresiones al año. Ahora estamos prácticamente en una tercera parte de esa cifra».

Este rasgo ideológico próximo al nazismo explica que la mayoría de las agresiones se dirijan hacia colectivos considerados «inútiles» o «guarros». Los inmigrantes y homosexuales, por descontado. Pero también personas sin techo, especialmente las más vulnerables, las que duermen en la calle, sin ninguna protección, como evidenció la reciente agresión en Montero Calvo, en la que dos jóvenes de 17 y 19 años apalearon a un indigente hasta romperle la pierna y un ojo y dejarle inconsciente. Sorprendentemente, también los discapacitados son destinatarios frecuentes de las iras de estos violentos.

Según los datos que aparecen en el informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, facilitados por Olga Azategui, la vallisoletana que preside el Consejo nacional de Víctimas de Delitos de Odio, el año pasado se denunciaron en Castilla y León 55 casos, de los que 23 se registraron en Valladolid, lo que supone un 41% del total. Significativamente, en 20 de los 55 casos en la comunidad autónoma las víctimas fueron discapacitados, y en otros 19 más, personas seleccionadas por su orientación sexual.

Uno de estos ataques a ciudadanos gays fue denunciado recientemente por la plataforma de apoyo al colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) de Valladolid. Dos usuarios de Twitter amenazaron de muerte a Álvaro Escudero, reconocido activista de este colectivo, que no dudó en denunciar la agresión, aunque este modo de responder no es el más normal. «Si estos mismos ataques los hubiera recibido otra persona joven, que aún no ha salido del armario, que no tiene el respaldo de sus familiares o una personalidad fuerte, quizás ahora mismo estaríamos lamentando un suicidio, por lo que estas amenazas han de tratarse con seriedad, ya que son muy graves», explicaba el comunicado que difundía los hechos.

Y es que, a diferencia de otros actos delictivos, las víctimas de delitos de odio se caracterizan porque son seleccionados por lo que representan, más que por lo que son. De este modo, el mensaje que se transmite no sólo alcanza a la víctima inmediata sino también a la comunidad de la que la víctima es miembro.

¿Qué lleva a los menores a unirse a grupos de esta naturaleza? Olga Azategui lo tiene claro. «Son adolescentes que buscan pertenecer a un grupo de refuerzo, que al mismo tiempo desarrolla una actividad que perciben como rebelde, contra lo establecido. En estos grupos les dicen que son como una familia, que se apoyan unos a otros, que te protegen y no te dejarán nunca solo. Esto funciona a una determinada edad. Es muy raro que estos grupos intenten captar adeptos en la Universidad, por ejemplo».

En la inmensa mayoría de los casos -el 93% según los datos del Ministerio de Interior- se trata, además, de varones, que canalizan de este modo, el peor posible, su agresividad y su rabia. «También hay chicas en estos grupos, pero menos», explica Azategui. «A veces se suman porque son la novia de alguno de los miembros. En otros casos se trata de mujeres tan agresivas como los chicos que comparten los objetivos de sus compañeros y que también salen ‘de caza’ con ellos en busca de ‘guarros».

Esther Pérez, la responsable de la Fiscalía de Delitos de Odio de Valladolid, tiene claro que los datos oficiales todavía no reflejan toda la dimensión del problema. El año pasado, por ejemplo, el 72% de las víctimas que denunciaron eran españoles, pese a que expertos como Esteban Ibarra están convencidos de que la mayoría de las agresiones se producen contra inmigrantes. «Cuantitativamente, el número de delitos todavía no es muy elevado en Valladolid, pero eso no quita para sea un problema importante porque se trata de una violencia gratuita que provoca una situación de terror y de degradación a las víctimas», opina la fiscal. Pérez resalta que la nueva legislación, que reconoce los delitos de asociación ilícita y de incitación al odio brinda «dos instrumentos muy eficaces para luchar contra este problema». Con todo, recalca que es fundamental para poder abordar este problema la total colaboración de todos los agentes implicados: policía, fiscalía y organizaciones de afectados. «Esta es una batalla que sólo se gana si vamos juntos», recalcó Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, en el citado Foro Cívico.