27 septiembre, 2015

El Ministerio Público pide que puedan obtener el permiso las víctimas de delitos de odio y discriminación. Reclama a los clubs de fútbol que controlen a los grupos ultra y la exhibición de símbolos racistas.

GERMÁN GONZÁLEZ. EL PAÍS.- Más seguridad para denunciar. Es lo que pretende el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, coordinado por el fiscal Miguel Ángel Aguilar, al proponer a la Fiscalía General del Estado que inste a una modificación de la legislación de extranjería «a fin de que las personas extranjeras que carecen de permiso de residencia y que hayan sido víctimas de delitos de odio y discriminación, especialmente cuando sean cometidos con violencia, puedan obtener dicho permiso para residir en España». Así lo expone la Memoria anual de este servicio de la Fiscalía a la que ha tenido acceso este diario. El objetivo de la propuesta del Ministerio Público es que estos extranjeros «puedan sentirse más seguros, adquirir una mayor confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y en jueces y fiscales, facilitándose de esta forma la denuncia de los hechos sufridos».

Con esta propuesta, la Fiscalía pretende conseguir que las víctimas de delitos violentos en los que existan componentes de odio y discriminación, como los racistas, puedan sentirse seguros para relatar sus denuncias y conseguir incrementar el número de condenas. El Servicio de Delitos de Odio y Discriminación se muestra «preocupado por la elevada cifra sumergida de hechos que se cometen y no se denuncian», tal y como indican diversos organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Memoria de esta Fiscalía también detalla de que se siguen a «los grupos ultra de carácter violento» que «penetran en los clubs de fútbol para la captación, reclutamiento y fanatización de jóvenes que posteriormente cometen delitos de odio, particularmente racistas, xenófobos o por motivación ideológica». Por eso, el fiscal afirma que vela por el «exigente cumplimiento» por parte de estos clubs de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En concreto el Ministerio Público está al corriente de la obligación de los coordinadores de seguridad de los clubs de llevar un «libro de registro» que permita un mejor control «de las personas y grupos ultra así como en lo relativo alcumplimiento de la prohibición legal de exhibición de símbolos, estandartes, pancartas o cánticos que puedan incitar a la violencia o al odio por motivos racistas».

Para ello, la Fiscalía recibe «puntualmente cada año las cifras y la evolución de las denuncias administrativas presentadas» ante el Departament d’Interior de la Generalitat por los Mossos d’Esquadra por infracción de la legislación. Además, el Ministerio Público destaca la «rigurosa labor desarrollada» por este cuerpo policial.

En su Memoria, el fiscal detalla que el año pasado hubo un incremento de los hechos delictivos denunciados ante la policía. De esta forma, se pasó de 243 infracciones penales denunciadas en 2013 en toda Cataluña a las 301 en 2014, según datos de los Mossos d’Esquadra. Respecto a la provincia de Barcelona las denuncias subieron de 166 a 195. «El motivo mayoritario de discriminación sigue siendo racismo y xenofobia con un 37,5%, seguido de orientación política con el 34%, orientación sexual e identidad de género con un 12,6% y religión con un 10%», destaca la Memoria. La Fiscalía destaca que en 2014 casi se duplicaron la incoación de procedimientos judiciales de delitos y faltas, ya que pasaron de 70 en 2013 a 130 el pasado año. El fiscal detalla que este aumento no significa «necesariamente que se haya producido un incremento de la criminalidad por odio y discriminación» sino que puede ser efecto de la labor de las administraciones, las entidades y la aplicación de los protocolos policiales.

El Govern rectificó la órden a los Rurales

La Memoria de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Barcelona, que coordina el fiscal Antoni Pelegrín, destaca que el año pasado hubo una reunión entre el Ministerio Público, las fuerzas policiales y Agentes Rurales de la Generalitat para tratar la «problemática generada» por una instrucción interna del Departament de Agricultura dirigida a este cuerpo forestal en la que se limitaban sus funciones. En concreto, la directriz establecía que no tenían competencias para comunicar posibles delitos contra la ordenación del territorio, como edificaciones en zonas prohibidas, a jueces y fiscales. El Ministerio Público consideró que esta limitación hubiera supuesto dejar de conocer «gran cantidad de hechos delictivos» por la experiencia acumulada por los Agentes Rurales. En la reunión se trató de buscar una solución a través de la actuación del resto de cuerpos policiales. Finalmente, la Fiscalía destaca que el Departament rectificó y envió las actas levantadas por los agentes de construcciones en suelo no urbanizable.

El año pasado, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Barcelona inició 108 diligencias de investigación. La mitad acabaron en la presentación de una denuncia o querella y 32 fueron archivadas. El resto se siguen investigando. En su mayoría fueron por delitos urbanísticos y contra la flora o la fauna protegida.

100 casos para cada fiscal de Económicos

Cada uno de los siete fiscales que forman el Servicio de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona, que coordina el fiscal Pedro Ariche, lleva una media de 100 casos penales. Así se desprende de la Memoria de este Servicio que destaca que por primera vez «el número de procedimientos calificados supera ya al que se encuentra en trámite de instrucción». El informe indica que esta situación se debe a dos factores: la lentitud de los juzgados de instrucción en la denominada «fase intermedia del proceso» -por la gran cantidad de recursos que presentan las partes- y la «importante demora» de los señalamientos en los juzgados penales.

La Memoria destaca que actualmente el Servicio tramita 696 procedimientos penales, entre los trámites de instrucción y los escritos calificados. Precisamente, en relación a 2013, esta Fiscalía aumentó el año pasado de 63 a 110 los escritos de acusación y se notificaron 33 sentencias más. Por eso, el informe de este Servicio destaca también que se ha incrementado «notablemente» las diligencias previas ya calificadas pendientes de enjuiciamiento, pasando de 285 en 2013 a 357 en 2014. Entre un año y otro han bajado las diligencias de investigación iniciadas -125 en 2014 frente a las 165 en 2013-, aunque la complejidad y el volumen de los asuntos hacen que todavía queden pendientes de otros años.