Se ha puesto más de manifiesto con motivo de las circunstancias generadas por los hechos del 20 de septiembre. La Guardia Civil, como Fuerza de Seguridad del Estado, en estricto cumplimiento del mandato judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, procede, como parte de la comisión judicial, a practicar múltiples registros en organismos públicos y empresas particulares para la investigación de los delitos (comunes) de prevaricación y desobediencia atribuidos a cargos públicos de la Generalitat por razón de sus competencias en la gestión y preparación del referéndum ilegal convocado para el 1-O. Detienen a una docena de personas para garantizar mejor el resultado de la diligencia judicial. La práctica de los registros se produce ante la presión coercitiva de miles de personas que descargan su agresividad contra dichos agentes, mediante gritos, insultos, coacciones y daños causados en sus vehículos, siendo víctimas de innumerables delitos de atentado y otros más graves. Mientras, los agentes respetaron el ejercicio del derecho de manifestación de quienes, además, se enfrentaban a ellos.
Se comportaron como, en julio de 1936, les pedía el general Batet --tan olvidado en Cataluña-- a sus tropas frente a los rebeldes que pretendían ocupar Barcelona, como "ciegos, sordos y mudos" (Paul Preston). Poco después, el president y el Govern --la casta privilegiada que cree estar por encima de las leyes--, a la vez que rechazan y descalifican esta actuación judicial, justifican, al menos implícitamente, la violencia ejercida sobre los agentes. Estos son los hechos, que justificarían una respuesta de la justicia.
Pero no. Dirigentes políticos y diputados han emitido juicios, no ya erróneos, sino manifiestamente falsos, que confunden a la opinión pública. Hablan, entre la ignorancia y la mala fe, de que el soberanismo es equivalente a la "lucha antifranquista" (Joan Tardà). Otros, como Pablo Iglesias, entre la improvisación y la ocurrencia, habla de "presos políticos" cuando solo estamos ante limitadísimas detenciones por delitos comunes. Y otros llegan a hablar de que en Cataluña están en riesgo "los derechos civiles". Otro hablaba de la vigencia en España de "un estado de excepción encubierto".
Pura palabrería y demagogia ante lo que representa el funcionamiento ordinario del Estado democrático que, en nombre de la pretendida independencia, menosprecian y violan. Recordemos a tantos insolentes como temerarios algunos datos que parecen ignorar. Ya muerto el dictador, en 1976, la policía practicó 4.388 detenciones por el ejercicio de los derechos fundamentales, cuando ya la dictadura comenzaba lentamente a decaer. Y, dicho año, el Tribunal de Orden Público (TOP) aún impuso 1.357 años de cárcel. No hace falta ir más atrás, ya son suficientes para descalificar tanta mentira.
Además, el independentismo está imponiendo en las redes sociales un discurso del odio, es decir, el delito consistente en "fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su... ideología". Hay ejemplos hasta agotar pero produce vergüenza reproducirlos, además de que podrían ser identificados los destinatarios. Es muy grave y genera una corriente cada vez más amplia de miedo y hasta de terror. ¿Quién pondrá fin a esta situación?
Porque, ante esta realidad, el independentismo debe dar inmediata marcha atrás o aceptar la respuesta represiva en defensa de los ciudadanos atemorizados.
Y no puede tardarse mucho.                           Carlos Jimenez Villarejo

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/independentismo-coercitivo-falsario_88907_102.html