Según la información publicada hoy por el diario 'La Nación', el Ejecutivo analiza los mecanismos para limitar el alcance del decreto 1581/01, que establece el rechazo de estos requerimientos formulados por los tribunales extranjeros. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, aseguró al periódico que "el pensamiento del presidente es claro en esta materia y no difiere de lo que manifestó durante la campaña su intención es arbitrar los medios para que los pedidos judiciales tengan la posibilidad de ingresar, sigan su curso por la Justicia y luego por el Gobierno, que estudiaría los reportes remitidos y la pertinencia de cada caso", indicó el funcionario. La medida podría abrir la posibilidad a que los militares que cargan con acusaciones de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Argentina, puedan ser juzgados por la comisión de estos delitos en fueros de otras naciones.

En la actualidad esto no es posible debido a que existen normas internas que alegan principios de territorialidad, la necesidad de priorizar la soberanía nacional, sobre los casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1976 y 1983. En su artículo 2, el decreto 1581/01 establece que "el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional". Fuentes cercanas al presidente señalaron que que aún no está decidido si se derogará esta norma, como tampoco las fechas previstas para proceder a su análisisUn ministro y dos secretarios de Estado explicaron --según La Nación'-- que la intención prioritaria del Gobierno es permitir que la Justicia mexicana pueda decidir sobre la extradición del ex militar Ricardo Cavallo.

Cavallo está detenido desde hace dos años y medio en México por un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para ser juzgado en España, por violaciones a los Derechos Humanos sobre ciudadanos argentinos de origen español.

En Argentina, desde noviembre de 1999 existe una petición de captura para 98 militares. Sobre 48 de ellos, el juez Garzón envió en reiteradas oportunidades requerimientos de detención con miras a su extradición, pero ninguno prosperó, ya que el Gobierno de la Alianza privilegió el principio de territorialidad.