Expulsará en 48 horas a los 'sin papeles' que alteren el orden público y la seguridad - La norma se tramitará por la vía de urgencia

La tercera reforma de la Ley de Extranjería incluye nuevas medidas correctivas contra los inmigrantes ingresados en los centros de internamiento, entre las que se incluye el empleo de la fuerza física.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al nuevo texto legal, tras recibir el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que fue enviado a las Cortes y será tramitado por el procedimiento de urgencia. La reforma de ley persigue simplificar los trámites administrativos para los inmigrantes legales y endurecer las obligaciones para los transportistas, según anunció ayer el ministro del Interior, Angel Acebes. Estas son algunas de las novedades de la ley:

Repatriaciones

El Gobierno expulsará en 48 horas a los inmigrantes sin papeles que alteren el orden público. Esta medida fue anunciada ayer como una de las iniciativas que contempla la reforma de la ley. Sin embargo, este procedimiento preferente de expulsión ya está contemplado en el texto legal ahora vigente, aunque se le quiere dar un nuevo impulso. Aquellos inmigrantes en situación irregular que cometan infracciones graves, contenidas en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, podrán ser «inmediatamente expulsados de España», según manifestó Acebes.Entre estas infracciones se incluye el originar desórdenes en las vías públicas o la celebración de reuniones en lugares públicos sin permiso.

Centros de internamiento

La reforma introduce un nuevo apartado en el que se autoriza al director del centro de internamiento a imponer medidas contra los inmigrantes ingresados que no respeten las normas de convivencia. Entre las normas correctivas se incluye el uso de la fuerza física cuando se produzca una alteración del orden y la seguridad.

Los inmigrantes irregulares son internados en estos centros durante un máximo de 40 días mientras se tramitan sus expedientes de expulsión. Interior no ha atendido a las recomendaciones del Tribunal Supremo, que en su sentencia del pasado 20 de marzo -en la que anulaba 11 artículos del reglamento de la ley- criticaba que se recortasen las comunicaciones de los inmigrantes porque implicaba «limitación a un derecho incuestionable». Sin embargo, la reforma mantiene que los inmigrantes sólo podrán ver a sus familiares y abogados dentro de un horario establecido.

Visado

Tendrá un valor adicional y permite a su titular permanecer en España en la situación para la que ha sido expedido. La nueva ley establece cinco tipos de visado: de tránsito (para los viajeros de paso), de estancia (máximo de tres meses por semestre), de residencia (permite residir sin ejercer actividad laboral), trabajo y residencia (habilita para trabajar y residir) y de estudios.

Esta nueva medida ha generado cierta confusión entre algunos inmigrantes que creyeron que con el visado de turista iban a poder trabajar en España. Nada más lejos de la realidad. Los inmigrantes deberán tramitar en los consulados de sus países de origen el visado de trabajo y de residencia, documento que les habilitará para poder ser empleados en nuestro país. Una vez que lleguen a España no tendrán que volver a repetir trámites farragosos, sino que bastará con que soliciten la tarjeta de identidad de extranjero.

Transportistas

Las compañías aéreas, marítimas y terrestres estarán obligadas a facilitar a la policía los datos de su pasaje y el número de billetes de vuelta no utilizados, en el plazo de 48 horas desde la fecha de caducidad del billete. Si no colaboran, se enfrentan a sanciones económicas de 6.000 a 60.000 euros.

Voz de alarma

Una veintena de organizaciones sociales, agrupaciones de inmigrantes y sindicatos, agrupados en la Plataforma por la Ciudadanía y la Convivencia, afirman que la nueva normativa en materia de inmigración supone “una vulneración sin precedentes” de los derechos de las personas inmigradas. Según estas entidades, el hecho de que el Ministerio de Interior pueda reclamar a los Ayuntamientos datos personales de los inmigrantes empadronados y en situación irregular, llevará a la exclusión a miles de personas. Como explica la Plataforma esta medida hará que muchos inmigrantes sin regularizar decidan no empadronarse, lo que significa no acceder a servicios sociales básicos como la sanidad y la educación. La propuesta, además, “vulnera la autonomía de los ayuntamientos y la confidencialidad de los datos personales”.

Datos de estas organizaciones aseguran que en la actualidad en España viven “unas 600.000 personas en situación irregular” que, con la nueva normativa, “podrían entrar en una situación de exclusión social”. La iniciativa, por ejemplo, dejaría sin escolarizar a los hijos de inmigrantes extracomunitarios no regulares y dificultaría el acceso de muchos jóvenes a programas de formación. En esta línea, desde las entidades sociales y sindicatos apuntan que las reformas propuestas por el Gobierno “dificultan aún más la entrada por vías legales y la regularización de las personas que se han visto forzadas a entrar de forma irregular”. En concreto, la reforma significará obligaciones y sanciones a los transportistas, el endurecimiento del proceso de devolución de inmigrantes, la validación del visado como permiso de residencia y trabajo y la fijación de criterios de inadmisión de solicitudes, entre otros. En este contexto, desde la Plataforma por la Ciudadanía y la Convivencia califican de “desproporcionadas” medidas como la que implica a las compañías de transporte, ya que supone “traspasar el control de las fronteras” a estas empresas.

”Fracaso” de la política migratoria

La nueva Ley en materia de inmigración tiene como principales objetivos simplificar los trámites administrativos, luchar con la inmigración ilegal y ordenar “adecuadamente” los flujos migratorios. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión del Proyecto de Ley a las Cortes Generales. De momento, el Parlamento ya se ha mostrado favorable a la constitucionalidad de la propuesta. Sin embargo, las entidades no gubernamentales hablan de “fracaso” de la política migratoria, ya que en una misma legislatura el Gobierno del Partido Popular ha propuesto tres modificaciones de la Ley de Extranjería, “sin consenso con otras fuerzas políticas ni con las organizaciones sociales”. Asimismo, acusan al Gobierno de hacer un uso “electoralista” del tema de la inmigración y advierten que la reforma supondrá “más muertos en el Estrecho, el aumento del racismo y la xenofobia y el aumento de los casos de agresiones a inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad públicas”.

Para mostrar su rechazo a las nuevas medidas de inmigración, las entidades y sindicatos prevén convocar a la ciudadanía y los municipios a movilizaciones. De momento, la Plataforma por la Ciudadanía y la Convivencia estudia presentar “un recurso de anticonstitucionalidad” y acudir al Defensor del Pueblo. “No estamos en contra de una normativa de extranjería, sino a favor de una reforma consensuada con los partidos políticos y las organizaciones para alcanzar una Ley que respete los derechos humanos”, concluyen.