La iniciativa, que será debatida en sesión plenaria del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, "suprime" el principio de justicia universal y limita la competencia de los tribunales españoles para perseguir delitos de genocidio.

Un portavoz parlamentario socialista, Diego López Garrido, afirmó en rueda de prensa que la aprobación de la iniciativa supondría "la desaparición del principio de justicia universal que permitió que Ricardo Miguel Cavallo esté en España para ser juzgado".

"Es absolutamente vergonzoso y muy inquietante y peligroso que el gobierno pretenda que España deje de ser un país que persigue con carácter universal crímenes contra la humanidad", sostuvo el diputado socialista.

López Garrido explicó que la justicia española "tendrá que inhibirse sobre delitos de genocidio cuando los hechos ocurran fuera de España, aún cuando las víctimas sean españolas", explicó.

Uno de los artículos establece que en caso de concurrencia de competencia entre la CPI y los tribunales españoles, éstos deben abstenerse y limitarse a informar de la posibilidad de acudir directamente al fiscal de la Corte, indican los socialistas en su petición de enmienda.

La CPI es el primer tribunal permanente encargado de juzgar a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
IU considera que el proyecto gubernamental "elimina el principio de justicia universal y no garantiza que los tribunales españoles tengan competencia para perseguir delitos de genocidio".

El BNG opinó que el proyecto "recorta sustancialmente" los avances logrados para sancionar crímenes contra la humanidad pues establece mecanismos de cooperación "estrechamente vigilados" por el Ejecutivo.

Nacionalistas gallegos y socialistas temen que el gobierno de Aznar se "pliegue incondicionalmente" a las exigencias de Estados Unidos para que se garantice la inmunidad de sus ciudadanos.

Para EA, el proyecto puede "permitir la impunidad de los Estados más poderosos que pueden bloquear la competencia de la CPI mediante presiones sobre Estados más débiles (...) como el español".