Los números de la muerte de género en España son «alarmantes»; el asesinato machista es una «infracción de los derechos humanos»; la violencia de hombre a mujer tiene que ver con la «persistencia de las actitudes patriarcales y los estereotipos arraigados» en nuestras vidas; crece el tráfico de mujeres; las gitanas «continúan en situación vulnerable y marginal», y para las inmigrantes, el país dispone de «múltiples formas de discriminación».

Después de echar un vistazo al mundo de la igualdad en España, la ONU anda con el ceño fruncido, con suficiente «preocupación» para llenar siete folios de críticas, advertencias y recomendaciones al nuevo Gobierno para que no repita algunas actitudes del viejo.

A comienzos de julio, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer recibió información de la Administración y de varias ONG sobre la situación de género en España. Tres semanas después contó sus conclusiones en un informe tan contundente de contenido como difícil de encontrar en las profundidades de Internet. Por eso, Amnistía Internacional aireó ayer el puñado de hojas que sonrojan el rostro de un país que suma 47 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año, según la Red Feminista de Organizaciones contra la Violencia de Género.

Tras una introducción repleta de elogios a la «paridad del nuevo Gobierno» y su «compromiso para terminar con la violencia de género», la ONU escarba en el barrizal de la desigualdad patria, algo que empieza por la «ausencia» en la legislación española de una «definición específica de la discriminación contra la mujer».

El Comité escribe «preocupado» muchas veces: por el machismo que circula bajo nuestra piel de toro; por las estadísticas de maltrato; por el tráfico de mujeres; por la discrimanción que se multiplica en las inmigrantes; por la marginación de las gitanas, y por los escalones laborales prohibidos para la mujer.

La ONU habla de la «prevalencia de la violencia contra las mujeres» y se detiene en el «alarmante número de asesinatos de mujeres a manos de sus maridos o compañeros actuales o anteriores». Para el informe, eso se llama «infracción de los derechos humanos».

Aquí, el documento teoriza: «La persistencia de actitudes patriarcales y de estereotipos arraigados y profundos, que tienen que ver con los roles de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, es la causa de la violencia de género y de las desventajas de las mujeres en numerosas áreas, incluyendo el mercado laboral».La ONU insta al equipo de ZP a «eliminar esas actitudes estereotipadas».Y cuando entra en ese sórdido club de mujeres muertas y en la violencia que deja medio vivas a miles de heridas, pide al Gobierno leyes «efectivas» para ayudar a las víctimas y rehabilitar a los «delincuentes».

«Lo importante del informe es que reclama al Gobierno que se evalúen las políticas, que se haga algo para medir su efectividad.A la ONU no le vale que se hable de leyes sin saber por qué no resultan eficaces», decía ayer María Naredo, responsable de la campaña Parar la violencia contra la mujer, de Amnistía Internacional.

El otro gran azote del informe es el tráfico de mujeres, sobre todo el de las que «reclaman el estatus de refugiado, basándose en una persecución por razón de género». Naredo dice que la ONU se refiere a la denegación de refugio y de asistencia letrada a inmigrantes indocumentadas, uno de los agujeros de la Ley de Extranjería.

Naciones Unidas calcula que en cinco años la inmigración se ha cuadruplicado en España y habla de «múltiples formas de discriminación», aunque no las especifica.

El informe no margina a las gitanas, a quienes dedica un pedazo de tiempo, porque viven en situación «vulnerable, especialmente en educación, empleo, vivienda y sanidad». Se confiesa el Comité «intranquilo» por la discriminación, «en particular por el prematuro abandono escolar por parte de las jóvenes gitanas». Y solicita al Estado un esfuerzo para «permitir su acceso a la escuela» e «incentivar a los padres para que ellos aseguren su asistencia al colegio».