El Gobierno cree que los incidentes durante la manifestación del sábado en Madrid convocada por las Asociación de Víctimas del Terrorismo y que derivó en un acto de protesta contra el Ejecutivo y en agresiones al ministro de Defensa, José Bono, fueron orquestados por personas que «manipularon» la marcha «con fines extremistas».

Un día después de la polémica manifestación, el Ministerio de la Presidencia, anunció que el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba -cuya ausencia en el acto fue criticada con dureza por los convocantes y cuya dimisión fue reclamada con insistencia por los manifestantes- se reunirá hoy de urgencia con todos los colectivos de damnificados del terrorismo para calmar los encrespados ánimos y «atajar» lo que el Gobierno calificó ayer de «evidentes intentos» de manipulación de las víctimas. Desde el Palacio de la Moncloa se denunció la «intolerancia extremista» de una «parte» de los que respondieron a la convocatoria de la AVT y se acusó a los «grupos de exaltados» que protagonizaron los incidentes y a los que «desde varios días antes instigaron» esos desórdenes de haber insultado a las víctimas con su «absoluta indiferencia» por su dolor.

El Ejecutivo recordó, además, que el sábado por la tarde el Ministerio del Interior ordenó la apertura de una investigación para aclarar los hechos. Según explicaron fuentes policiales, varios agentes que vigilaban la manifestación ya han prestado declaración y los funcionarios estudian las imágenes de los momentos más tensos, en las que buscan rostros conocidos de la ultraderecha violenta madrileña.

GRAVES ACTOS

En su comunicado oficial, el Gobierno, que aprovechó para subrayar su «más firme condena»por los «graves hechos» que se registraron en la manifestación, recordó sus «esfuerzos constantes para impedir la excarcelación prematura de destacados componentes de la organización terrorista, pese a ser ese un problema irresuelto en legislaturas anteriores», una recriminación que también hizo ayer el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba. El dirigente explicó que el Ejecutivo y los socialistas se sumaron a la convocatoria al compartir el objetivo inicial de la manifestación: «Exigir que etarras convictos y confesos no salgan de las cárceles antes de tiempo tras haber cumplido condenas exiguas». Sin embargo, señalo, el acto »no fue ni pacífico ni fue una muestra de unidad de los partidos».

Pérez Rubalcaba apuntó directamente a grupos de «derechistas exaltados» como responsables de reventar el acto de solidaridad con los damnificados del terrorismo. En varias ocasiones, el portavoz acusó a los extremistas de haber utilizado la manifestación de una forma «ruin y miserable» para proferir insultos contra el Gobierno, el PSOE, la Asociación de Víctimas del 11-M y contra algunos medios de comunicación.