“Tu objetivo es chocar y hacer estallar el máximo número de coches. Golpea los objetos para obtener puntos. El tráfico que explota multiplica la puntuación (...) Ahora ¡lánzate a la carretera y que empiece la destrucción!” De esta manera empieza Burnout Revenge, un videojuego al alcance de cualquier persona y que está recomendado para mayores de 3 años.

La fabricación y venta de videojuegos ha crecido mucho en los últimos años. En España, sólo el año pasado este sector facturó más que la industria del cine y siete millones de personas, la mayoría entre 7 y 17 años, juegan de manera habitual. Sin embargo, no hay una regulación que impida a los menores acceder a productos que tienen como protagonistas la violencia, el racismo o la violencia de género.

Cuando una persona entra en una tienda para comprar un videojuego, normalmente encuentra que los productos están clasificados según la temática o el fabricante, pero no según la edad y que, en algunos juegos sí que aparece la edad mínima recomendada pero de manera confusa. En la actualidad, son las empresas fabricantes las que, de forma voluntaria y a través de un código de regulación, informan de las características del videojuego y de si es o no apto para menores, pero no hay ninguna ley que regule los puntos de venta de videojuegos.

En este contexto, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que se implique en la protección de la infancia y que promueva una legislación adecuada para que la responsabilidad no dependa sólo de las empresas y de algunas Comunidades Autónomas que han puesto en marcha algunas medidas.

“Pedimos al Gobierno español que garantice la protección de los menores con la creación de un marco legislativo estatal que aborde lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos”, así como que promueva un etiquetado con información suficiente sobre los productos, afirma Jordi Baltà, portavoz de Amnistía Internacional.

Las recomendaciones de esta entidad se recogen en el informe España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego, que también invita al Gobierno central a garantizar que en los puntos de venta los videojuegos se ordenen por edad, y a crear un mecanismo específico para recibir dudas y posibles reclamaciones de los usuarios de estos videojuegos.

Empresas y comunidades autónomas

Según Amnistía, las actuales medidas de protección de menores en materia de videojuegos son “insuficientes e ineficaces”. La propia industria cuenta con un código de autorregulación elaborado a nivel europeo y que clasifica los videojuegos por edades. Sin embargo, la adopción de estas recomendaciones –conocidas como Código PEGI- por parte de las empresas es “voluntaria” y “se aplica de manera parcial”, señala Jordi Baltà.

En cuanto a las comunidades autónomas, de las 17 existentes muy pocas tienen una legislación para proteger a los menores en el acceso a videojuegos y esta normativa, dice Amnistía Internacional, es “ambigua”.Además, “no hay mecanismos para asegurar que estos principios se cumplen”, añade Jordi Baltà. Pero si existe poca normativa para regular el acceso de los menores a videojuegos que se encuentran en establecimientos, el vacío legal es aún mayor en el caso de Internet y de la telefonía móvil, dos lugares cada vez más accesibles para la descarga de juegos. En numerosas páginas web de descarga gratuita no se informa de si el contenido del videojuego es violento y de la edad permitida.

En algunos países como Alemania y Reino Unido han adoptado medidas que pasan por acreditar la edad del comprador online, para verificar que no se trate de un menor, y de obligar a las empresas de telefonía móvil a incorporar en los teléfono sistemas que restrinjan las posibilidades de descarga.

Videojuegos con consignas políticas

Por otro lado, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, el experto Josep Sort, que dirige un estudio relacionado con los videojuegos en la universidad Ramón Llull, advirtió de la manipulación que ha habido de los videojuegos en los últimos años por parte de Gobiernos y Ejércitos.

En Estados Unidos, por ejemplo, “han surgido juegos que se utilizan en la lucha contra el terrorismo” y que ofrecen “consignas políticas y contenidos de islamofobia”. En otros países como España, afirma Sort, las Fuerzas Armadas han utilizado los videojuegos para acercarse a la población, explicar sus actuaciones en situaciones de crisis humanitarias e intentar reclutar a los jóvenes.