La misión de esta nueva entidad será velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales en los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y en los países candidatos al ingreso, así como en aquellos con los que la UE tiene acuerdos de asociación y estabilización, como por ejemplo Turquía.

Entre otros, la agencia -propuesta en 2005 por la Comisión Europea y aprobada por los ministros de Justicia de la UE el pasado 4 de diciembre- publicará todos los años un informe sobre la situación de los derechos fundamentales.

También emitirá opiniones -de forma autónoma o a petición de otras instituciones comunitarias- sobre asuntos puntuales relacionados con el respeto de los derechos fundamentales, informó la propia institución.

El nuevo órgano comunitario tratará también de elevar la conciencia pública sobre los derechos fundamentales, así como el debate público y la reflexión sobre mecanismos que permitan reforzar esos derechos.

La entidad asegura que trabajará en estrecho contacto con la sociedad civil, para lo que contará con una Plataforma de Derechos Fundamentales como vínculos con diversas ONGs.

Inicialmente, la agencia fue diseñada para vigilar que los Estados miembros respeten los derechos fundamentales, pero debido al bloqueo constitucional no podrá actuar por propia iniciativa en cuestiones de cooperación judicial y policial, sino en áreas de cooperación política, por lo que su ámbito será menos amplio.

El campo de actuación de la agencia viene dado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que se proclamó en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.

La Carta no sólo contempla los derechos civiles y políticos clásicos (Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950), sino también otros, como son los derechos sociales de los trabajadores, la protección del medio ambiente o el derecho a una buena administración pública.