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El fiscal pide hasta 8 años de cárcel para 4 neonazis catalanes

    Les imputa un delito de difusión de ideas genocidas y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Tres de ellos están acusados, además, de asociación ilícita.

Los Mossos d´esquadra detuvieron en mayo del 2004 a Ramón Bau, Ósacar Panadero y Carlos García por su vinculación a la Asociación Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), cuyos miembros se vanagloriaban de compartir la ideología nacionalsocialista. Los fundadores autodisolvieron esta entidad un año después de la operación policial. Según aseguraron entonces los investigadores, no solo se había incautado material nazi, sino que también se había destapado la existencia “de una organización ilícita, jerarquizada y militarizada que niega el holocausto y capta y adoctrina adeptos a su causa”.

El CEI “presuntamente promueve la discriminación, el odio y la violencia contra las personas por razón de su ideología, religión, raza u orientación sexual, y propugna en su ideario político un concepto de Europa basado en la doctrina nazi, con supremacía de la raza aria”, según un auto judicial. Difundía sus ideas en una página de Internet, en la que exhibía libros xenófobos, como uno de Bau, presidente de la entidad.

Aula de adoctrinamiento

Panadero, delegado del CEI en Catalunya, gestionaba la librería Kalki, que supuestamente vendía libros de tendencia nacionalsocialista y que, además, también difundía su ideario a través de una web de Internet, elaborada por otro imputado: Carlos García. En un local contiguo a la librería, los mossos encontraron un aula de adoctrinamiento con simbología nazi. En cuarto acusado es Juan Antonio Llopart, administrador de Ediciones Nueva República, que supuestamente editaba y distribuía libros antisemitas, justificando el genocidio cometido por el régimen nazi y negando el holocausto.

Los acusados han intentado durante el pleito limpiar su imagen, aunque reconocen que profesan la ideología nazi, expresando su condena de la apología de la xenofobia y del genocidio. En noviembre del 2006 depositaron en el juzgado de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 18.000 euros como donación para proyectos con víctimas de actos de xenofobia y genocidio.