El caso de Joaquín José Martínez ha resultado revelador, no sólo por cuestionar y convertirse en un alegato contra la pena de muerte, sino por desvelar las miserias el sistema judicial y penal norteamericano. El recorrido del ciudadano español condenado a muerte en un juicio sin garantías, en el que se habían vulnerado los derechos consulares, donde las pruebas incriminatorias se observaban manipuladas y en el que su abogado de oficio estaba más preocupado por pactar la autoinculpación a cambio de conmutar la petición de la fiscalía de condena da morir por cadena perpetua, abría un período que mostraría a la opinión pública, especialmente en España, la sinrazón y crueldad de la pena a de muerte, su aplicación racista a ciudadanos sin recursos económicos para defenderse y, finalmente, los déficits del sistema judicial norteamericano en muchos aspectos subalterno de las propias actuaciones policiales. En el último tramo de este periplo de cinco años, donde más de tres Juaquín José los pasó en el corredor de la muerte, hemos conocido y confirmado cómo en le reciente juicio médico el médico forense falseando la fecha del suceso criminal a petición de los detectives del caso, o como estos mismos policías declaraban, con perjurio, incriminando a Joaquín José,o cómo se manipulaban testimonios pese a que las principales pruebas del primer juicio. El video y la declaración de su ex-mujer, ahora y no se presentaban.
Pero el escándalo saltaba a la opinión pública al conocer el presupuesto millonario para costear la defensa. ¿Que abría pasado si no se hubieran conseguido 100 millones de pesetas para financiar el equipo jurídico de Peter Raben? La respuesta es que con un abogado de oficio, sin lugar a dudas el reo seguiría en el corredor de la muerte. De ahí la solidaridad ciudadana que en apoyo al trabajo heroico de los padres ha logrado una victoria histórica en la lucha por al abolición de la pena de muerte y en el cuestionamiento de sistemas judiciales que no se dotan de garantías y se subordinan en múltiples aspectos a la iniciativa policial.
A la luz de los hechos sólo resta reclamar lo irreparable, resaltando cómo un ciudadano inocente, en plena juventud de su vida, preso en el corredor de la muerte con una familia obligada a un comportamiento heroico, víctima de un sistema policial-judicial, incriminando injustamente sin que nadie pueda reparar ahora el daño causado. Ante este largo calvario pleno de errores, que excluye la presunción de inocencia, que discrimina la hispano, negro, chicano o al que no tiene recursos económicos para garantizarse justicia, sólo puede exigir que se depuren responsabilidades de quienes mintieron bajo juramento, vulneraron las garantías procesales y derechos de este ciudadano, y sobre todo seguir luchando por las otras personas que permanecen en el corredor de la muerte hasta la total abolición de la pena capital.
Por cierto, la solidaridad institucional no está para tirar cohetes, la aportación económica del Gobierno no existió, tampoco las cámaras, no hubo ninguna representación institucionales permanente en la sala del juicio y se retrasaron con los papeles burocráticos para su retorno. También aquí hay que sacar conclusiones.

Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia