El proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte recibió la aprobación mayoritaria del Pleno del Congreso, con la oposición del Grupo Nacionalista Vasco y las abstenciones de IU-ICV y CiU.

En presencia de la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, y del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, el dictamen del texto recibió 266 votos a favor (94%), 7 en contra y 16 abstenciones.

La ley, que será debatida ahora por el Senado, se propone erradicar estos fenómenos y fomentar el juego limpio, la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos.

Determina el régimen sancionador por actos de este tipo y concreta las responsabilidades y obligaciones de los organizadores de competiciones y espectáculos deportivos y de los espectadores.

Entre éstas, no proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido en conductas violentas medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o difusión. Los organizadores deberán instalar circuitos cerrados de televisión para grabar el acceso y el aforo completo del recinto deportivo, incluidos los aledaños.

Queda prohibido cualquier tipo de apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o de cualquier tipo de recursos a grupo o colectivo de seguidores de un club si éste y sus responsables no figuran en el citado libro o si han cometido infracciones tipificadas en la Ley.

El Defensor del Deportista

Todos los recintos deportivos en que se disputen competiciones profesionales deberán incluir un sistema informatizado de control y gestión de la venta de entradas, así como del acceso al recinto.
Los árbitros podrán, con ciertas condiciones, suspender provisional o definitivamente los partidos cuando durante los mismos haya incidentes violentos o racistas, en función de la gravedad de los mismos.

Se creará la figura del Defensor del Deportista para hacer frente a las situaciones de discriminación, intolerancia, abusos, malos tratos o conductas violentas que puedan sufrir, y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Se tipifican las infracciones como leves, graves o muy graves. Entre las últimas figuran las declaraciones para amenazar o incitar a la violencia y contribuir a la creación de un clima hostil entre quienes participan en encuentros o asisten a ellos.

También será infracción muy grave la difusión de contenidos que promuevan la violencia o inciten a comportamientos violentos o terroristas, racistas o intolerantes por religión, ideología u orientación sexual o supongan un manifiesto desprecio a los participantes en la competición o a las víctimas del terrorismo y sus familiares.
Las sanciones muy graves serán de de 60.000 a 650.000 euros. Además, los organizadores podrán ser inhabilitados como tales hasta un máximo de dos años, y los recintos, clausurados también por dos años como máximo.

En el régimen disciplinario deportivo y para infracciones muy graves se contempla la inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión de la licencia federativa por un período de dos a cinco años, o excepcionalmente con carácter definitivo en los supuestos de reincidencia ante infracciones de extraordinaria gravedad.


EFE - Madrid - 10/05/2007

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha calificado como "un paso definitivo" el respaldo que el Pleno del Congreso dará hoy al Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerencia en el Deporte, ya que ante gestos de ese tipo no cabe "ni indiferencia ni permisividad".

"La ley era necesaria y es una mejora importante. Supone un nuevo marco que fortalece el sistema deportivo en la lucha contra el racismo, la violencia y la xenofobia, aspectos frente a los que no cabe ni la indiferencia, ni la permisividad y la tolerancia debe ser nula, máxime en el deporte, que es un punto de encuentro de la sociedad en el que no queremos sombras de ese tipo", ha afirmado.

El secretario de Estado ha asistido esta mañana, junto a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, al debate sobre la nueva ley en el Pleno de la Cámara Baja, que debe votar todavía la ponencia y las enmiendas que se mantienen para su incorporación en el texto, que continuará su posterior tramitación parlamentaria en el Senado antes de su aprobación definitiva.

Lissavetzky ha recordado que la ley "contempla más prevención, más rigor sancionador y más mecanismos de defensa de los que colaboren, por lo que fortalecerá el sistema deportivo en lo referido a juego limpio, convivencia e integración, además de mejorar la seguridad y el orden público en los estadios, establecer un régimen disciplinario deportivo riguroso y régimen administrativo sancionador".

El texto incluye como novedades la "ampliación de las actuaciones a los aledaños de los estadios y a los medios de transporte para hinchas", según ha explicado, y un endurecimiento de "todo lo relativo a ayuda a grupos ultras". "Mantiene las multas y la clausura de estadios, aumenta la prohibición de acceso a los recintos de 2 a 5 años y contempla la pérdida de puntos y en supuesto gravísimo, que aún no se ha dado en todo el mundo, el descenso de categoría. Con ella nos ponemos a la vanguardia en este tipo de legislaciones. Copiamos a la inglesa y a la portuguesa, que son muy buenas", ha añadido.

Lissavetzky recordó que se han tenido en cuenta las peticiones de los clubes de fútbol, expresadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), para colaborar en la detección de los responsables de este tipo de acciones y que la Ley contempla una reducción del posible castigo por colaborar en este sentido. "Hay un artículo que especifica que los clubes que colaboren en la detección de las personas que han causado los incidentes podrán tener una reducción de la sanción o no tener siquiera la sanción, que ahora no es posible. Que no paguen justos por pecadores, lo que permitirá también que se involucren los espectadores", ha añadido.

El secretario de Estado ha agradecido el trabajo de todos los grupos parlamentarios, que mayoritariamente definen la ley "como necesaria y progresista", y que tras el rechazo a la enmienda a la totalidad en noviembre y durante la negociación de las 176 enmiendas al articulado han solventado las dudas sobre si el texto "invadía competencias para "conseguir al final un acuerdo muy importante". "Va a ser una ley con muy buena aplicación con el apoyo tan importante que va a tener. Hemos iniciado su trámite con el consenso social y hemos terminado con un amplio consenso político que aspiramos ampliar en el Senado. La colaboración con las comunidades autónomas y las otras administraciones públicas va a ser muy importante".