El informe, que fue presentado ante la comisión parlamentaria de Libertades Civiles de la Eurocámara el 27 de agosto, subraya que aunque se han producido avances en la mayoría de los Estados miembros, las muestras de discriminación siguen estando presentes en Europa. La Agencia de Derechos Fundamentales alerta de que, de los once países comunitarios en los que existen datos sobre violencia racista, ocho registraron "una escalada general en los crímenes relacionados con el racismo: Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido". En los otros tres (República Checa, Austria y Suecia), la tendencia fue descendente. El resto de los países miembros de la Unión Europea (EU) no disponen de datos o éstos son insuficientes. Precisamente, la falta de información es una de las principales quejas de la Agencia, que califica la situación en la mayoría de los Estados miembros de "insatisfactoria". A esto se une la inexistencia de criterios comunes para la recogida de datos: mientras que muchos países no recopilan ningún tipo de información, en Reino Unido funciona un sistema organizado y "completo" que produjo en un año más informes sobre crímenes racistas que los otros 26 Estados miembros juntos.

Empleo y alojamiento

Según las estadísticas, la tasa de desempleo de inmigrantes y personas pertenecientes a otras minorías es en todos los países comunitarios significativamente más alta que la del resto de la población. En Suecia, un estudio reveló que un nombre árabe reducía las posibilidades de encontrar trabajo, por lo que el gobierno decidió lanzar una iniciativa de solicitudes de empleo anónimas en varias regiones del país. Otros Estados europeos han emprendido iniciativas similares. La búsqueda de un hogar supone otro escollo para las minorías. Uno de los mayores motivos de queja por discriminación racial es la inclusión de requisitos específicos en los anuncios de alquiler, en los que se estipula que el inquilino deberá ser "no extranjero".

Seguridad legal y educación

Estrechamente relacionada con los problemas de búsqueda de trabajo y alojamiento, la cuestión de la seguridad legal es de gran trascendencia para los inmigrantes. Abusos como la explotación laboral o las dificultades para encontrar alojamiento por personas con permisos de trabajo limitados o incluso indocumentadas no tienen un tratamiento legal sencillo. A todo esto se une la cuestión de la educación, teóricamente abierta a todos en la Unión Europea, pero que en la práctica plantea problemas de acceso a las minorías. La Agencia cita como ejemplo que más de la mitad de los alumnos gitanos de la República Checa asisten a escuelas para discapacitados mentales o niños con necesidades especiales.

El futuro de la Agencia

El informe es el primero publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, creada el pasado 1 de marzo de 2007 a partir del anterior Centro Europeo para la Monitorización del Racismo y la Xenofobia. Durante el debate que siguió a la presentación del informe, los eurodiputados subrayaron la necesidad de nombrar "urgentemente" un director la para la Agencia. Para el popular alemán Manfred Weber, es fundamental además "evitar la politización", mientras que la liberal holandesa Sophia In't Veld aseguró que le habría gustado "que se hubiera dotado a la Agencia de más dientes, para que fuera un verdadero perro guardián". Por su parte, el socialista italiano Claudio Fava lamentó que el reglamento de la Agencia no obligue al Consejo a comparecer ante ella regularmente.

El Informe de la UE señala que los mecanismos de registro de delitos racistas son insuficientes.

Bruselas.-Los países miembros de la Unión Europea tienen mecanismos de registro de delitos y crímenes racistas muy diferentes que complican la puesta en marcha de medidas para combatir el fenómeno, señaló ayer la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la UE.

Cinco países de la UE, entre ellos España, no registraron el año pasado ningún delito por motivos racistas, mientras que otros ocho informaron de un aumento de esas acciones en 2006 o en 2005, anunció la institución.

La agencia presentó el informe con las cifras de 2006, pero reconoció que no podía ofrecer una imagen clara de la situación de los delitos racistas por la falta de datos. Por ejemplo, España, Italia, Portugal, Grecia y Chipre no comunicaron que durante el año pasado se hubieran cometido delitos o crímenes racistas.

El documento indica que diez países de la UE tienen mecanismos "limitados" de recogida de datos sobre este tipo de crímenes, mientras sólo once Estados miembros cuentan con sistemas adecuados y únicamente dos de ellos (Finlandia y Reino Unido) disponen de mecanismos completos.
De esos 11 países, se registró un aumento de delitos violentos de origen racista en ocho (Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Eslovaquia y Finlandia), al tiempo que bajaron en Suecia, Austria y República Checa.

"La mayoría de los Estados miembros sigue teniendo métodos insuficientes de recogida de datos", insiste el texto, que añade que ello impide la percepción del problema y la puesta en marcha de políticas de prevención. Además, muchos de los países que recopilan estos datos no tienen aún los balances de 2006, sino los de 2005.

Como muestra de la insuficiente recogida de datos, las cifras del informe señalan que el Reino Unido registró en 2005 un total de 57.902 incidentes de este tipo, más que en todos los demás 26 países de la UE juntos.

También destaca que sigue habiendo "preocupantes" informaciones de episodios violentos y
actuaciones irregulares contra minorías por parte de policías y agentes fronterizos y de inmigración en muchos países de la UE.

La UE denuncia la precariedad de la vivienda que se ofrece a los inmigrantes.


Los inmigrantes que llegan a España,especialmente los de origen marroquí, sufren el mayor número de accidentes laborales, muchos se topan con la crueldad del mercado inmobiliario y encuentran mil y una trabas para formalizar un alquiler y, en el caso de los que visitan España para realizar trabajos temporales en la agricultura, laS condiciones de vida precarias llegan a ser dramáticas, viéndose obligados a vivir en fábricas abandonadas o en viviendas de menos de 10 metros cuadrados en el 19% de los casos.

Estos y muchos otros reveladores datos fueron publicados ayer por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, que presentó su informe anual sobre Racismo y Xenofobia en la Unión Europea en el que, si bien se destacan alguno ejemplos de buenas prácticas llevados a cabo por España en los último años, muchas son las críticas y los vacíos legales que presenta todavía nuestro país para atajar las diferencias por raza en el ámbito laboral y de búsqueda de alojamiento principalmente.

En primer lugar se destaca que, a pesar de que España traspuso la directiva de Igualdad Racial en 2003, no existe evidencia alguna de su puesta en práctica. Por ejemplo, España no cuenta todavía con un organismo que promueva la igualdad o trate las quejas de afectados, y tampoco se tiene constancia de la imposición de sanciones en caso de discriminación por parte de ninguna entidad. Según el informe, el Consejo para la prevención del tratamiento igual y no discriminatorio de las personas por origen racial o étnico, el único órgano contemplado por la ley, todavía no estaba en marcha a finales de 2006.

Accidentes laborales

Una de las mayores alarmas del informe es el alto índice de accidentes laborales en inmigrantes, mientras la cifras de nacionales no hacen más que bajar. Según el estudio, 8,35 de cada 100.000 trabajadores inmigrantes sufre un accidente laboral en España, mientras las cifras descienden a 6,23 casos por cada 100.000 trabajadores españoles. Por origen, los inmigrantes marroquíes son el grupo con mayor porcentaje de accidentes y Navarra aparece como la Comunidad en la que los inmigrantes están más expuestos a sufrirlos. Aunque los extranjeros no eran más que el 11% de la población activa de la Comunidad de Navarra en 2005, sufrieron el 15% de los accidentes laborales.

La comunidad gitana aparece citada como un grupo aparte en el informe y, en el caso de España, el 45% de los encuestados afirma sentirse discriminado en el trabajo o los centros de estudio.

Otro de los puntos negros en el historial de España es la precariedad de la vivienda que se ofrece a los inmigrantes, muchas veces alojados en fábricas abandonadas o granjas destrozadas bajo condiciones de higiene inmundas. Nada más llegar al país se topan con «anuncios xenófobos» en la prensa, donde «se niega el acceso a extranjeros» a viviendas. Pero el mayor susto se lo llevan al llegar a la que se será su morada durante sus meses o años de estancia: en el 19% de los casos es menor de 10 metros cuadrados (frente al 2,5% de los españoles) y el 61% de ellos ni siquiera cuenta con una habitación propia.

Pero una de la mayores críticas que hace la agencia, y de la que España no se escapa, es la falta de información sobre crímenes racistas. España forma parte del grupo de cuatro países, junto a Grecia, Italia y Portugal, que no han facilitado datos oficiales en este área. Ocho fueron los países de la UE en los que se ha incrementado significativamente el número de crímenes xenófobos en los últimos seis años, mayoritariamente en Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia, en este último,por orientación sexual.