Cuando ha transcurrido mas un año desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, ni la alarma que generaron las consecuencias graves de su aplicación, ni las noticias de sucesos espeluznantes protagonizados por menores delincuentes, se han podido diluir en el mar informativo de los medios. Al contrario la tozuda realidad de los hechos contrasta con la dureza de las imágenes de las familias de las víctimas que ven sus derechos vulnerados y claman justicia ante su drama.

Si lo que la Ley pretendía era la disminución de la incidencia del delito cometido por menores, no lo está consiguiendo; si lo que pretendía era rehabilitar educando a menores delincuentes y rescatarlos para la sociedad, a tenor del caos que transmiten los centros de internamiento, tampoco parece que se alcance. Por el contrario, tal y como denunciaron las víctimas de los delitos y sus asociaciones de apoyo, esta ley es injusta, posibilita impunidad a los delincuentes, genera indefensión a las víctimas y multiplica la inseguridad ciudadana.

Sin olvidar que la aplicación retroactiva de la Ley supuso que asesinos y violadores que ya cumplían penas atenuadas por minoría de edad, como los neonazis que asesinaron a la dominicana Lucrecia Pérez y otros similares, salieran directamente cuasi-indultados, la observación de este primer año es bastante desmoralizadora.

Las primeras sentencias con la nueva Ley para delitos muy graves como asesinatos, homicidios ó violaciones múltiples no se corresponden con la gravedad del suceso. Limitada la sanción por ley a un máximo de internamiento de 8 años por bárbaro e inimaginable que sea el delito, hemos podido conocer sentencias increíbles como la que condenaba a 80 horas de trabajo comunitario al homicida de un indigente en Getxo ó como a cómplices de asesinatos juveniles, imputados por cooperación, quedaban sin sanción ó como un menor homicida de 14 años era eximido de medida alguna encargando su tutela a los padres

El caos en los centros de internamiento de menores se está visualizando en las fugas que protagonizan, en motines, incendios, mezcla de ex-presos juveniles con delincuentes de menor edad, saturación de los centros de reforma, conflicto entre gestión pública-privada ...., parece poco compatible con la función educativa y resocializadora que propone la Ley y por el contrario, como está sucediendo, mas proclive a la multirreincidencia delictiva. Además la indulgencia legal con el delito es aprovechada por bandas organizadas que utilizan a menores en actividades criminales de venta de droga, atracos a repartidores de comida, atracos con estrangulamiento e incluso homicidios: al igual que la presencia de menores en acciones de violencia callejera y en la colocación de explosivos.

Ante todo ello, las familias de las víctimas y el Movimiento contra la Intolerancia han decidido no permanecer en silencio y organizar la solidaridad mediante el teléfono 902-180995, no permitir la indiferencia y ejercer la denuncia a través de la web: leydelmenor.com, y no aceptar la pasividad ó el desinterés político respondiendo con la movilización en los juzgados de menores y ante las instituciones. Estos son los signos de la determinación de sumar voluntades y hacer oír la voz del pueblo hasta conseguir que los legisladores escuchen el grito cívico que reclama reformar urgentemente esta Ley injusta.

Esteban Ibarra.
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.