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Los manifestantes, que mostraron su rechazo 'contundente' a los derribos que se produjeron los pasados días 8 y 18 de octubre en la Cañada Real, solicitan que se legalice la situación de las viviendas allí construidas, muchas de ellas en pie desde hace 40 años, y que se cree una Comisión en la que participen la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos implicados y representantes vecinales.
'No creemos que el realojo sea la solución global al problema, aunque puede ser válida para determinadas circunstancias', ha afirmado durante la lectura de un manifiesto Miguel Martín, uno de los portavoces de la Coordinadora que agrupa a las cuatro asociaciones existentes en la Cañada, para quien los realojos producidos hasta el momento se han realizado 'en precario'.
Asimismo, Martín ha anunciado que la Coordinadora se está planteando solicitar la convocatoria de una manifestación frente al Ayuntamiento de Madrid, para rechazar que se tomen medidas antes de realizar un estudio en detalle porque en la Cañada 'existen situaciones muy diversas que requieren de soluciones específicas'.
Además, ha destacado que los vecinos están de acuerdo con la solución planteada por el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, quien propone un trazado alternativo a la Cañada, puesto que, considera Martín, 'tan complicado es retroceder a la situación inicial sin asentamientos como legalizar un urbanismo sin orden'.
Por su parte, Mustafá, uno de los portavoces de los vecinos de origen magrebí, ha condenado la 'violencia' que emplearon las Fuerzas de Seguridad del Estado en los desalojos y ha lamentado la 'situación de precariedad' y los 'niños sin techo' que han dejado los desalojos.
'Queremos una solución no sólo judicial, sino social, social y social', ha agregado coreado por la multitud de manifestantes, compuesta principalmente por hombres magrebíes acompañados de sus hijos, que participaron activamente en la protesta y portaron pancartas.
Muchos vecinos de Villa de Vallecas, como Mamen Peña, también se acercaron a los periodistas para expresar su rechazo a la existencia de casas ilegales, puesto que, en su opinión, si los habitantes de la Cañada quieren un piso deben 'pagarlo', tal y como 'hace todo el mundo'.
La protesta ha contado con el apoyo de IU en el Ayuntamiento de Madrid, en cuya representación ha asistido la concejala Milagros Hernández, quien ha pedido que el problema se aborde 'desde la legalidad' pero 'estudiando caso por caso' y 'de forma tranquila y consensuada'.
Terra Actualidad - EFE 27.10.07
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