La víctima del delito, especialmente la víctima de la violencia, ha padecido singularmente un significativo abandono. Tras la notoriedad del suceso, la víctima no solo vive el abandono a su suerte, sino que ha de sufrir la estigmatización o etiquetamiento justificador de su desgracia, la soledad y falta de apoyo psicológico, la desinformación sobre el proceso seguido ante el crimen y las múltiples presiones a las que se somete, además de revivir el drama durante el juicio oral.
No es de extrañar que las víctimas y la sociedad cada vez mas reclamen una intervención positiva del Estado, cuya responsabilidad subsidiaria en una sociedad democrática es obviamente exigible que sea restauradora, reparadora o al menos paliativa. Y ante el déficit que observa la víctima, entre su realidad y la contestación que debería realizar un Estado democrático, social y de derecho, tampoco es de extrañar que se asombre de como el delincuente, el infractor o responsable del crimen, tiene mas derechos, garantías y medios que las víctimas, siempre muy olvidadas y cuyos derechos no son defendidos con la premura e intensidad que merece.
Esta es una asignatura pendiente de la democracia en nuestro país y a su reflexión y análisis se consagra el Seminario que en Toledo, durante estos días, organiza el Sindicato Unificado de Policía (SUP) donde participan magistrados, periodistas, criminólogos, médicos, ong-solidarias y policías. Un encuentro cuyo título, VICTIMAS OLVIDADAS, sintetiza el grito de quienes se saben abandonados y desprotegidos por los poderes públicos y de quienes son conscientes de que los actuales sistemas judicial, resarcitorio y asistencial son de una imperfección tal que efectivamente apartan a la víctima de la justicia y de reintegrarse a la sociedad.
Desde una perspectiva humanitaria y democrática la ONU concretó esta preocupación en una Declaración de apoyo a las Víctimas y de reclamación a los Estados. También el Consejo de Europa tiene establecido un Convenio suscrito por nuestro país, pero en España la Ley de ayudas y asistencia a las victimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, es una ley pacata que no alcanza a las disposiciones internacionales citadas.

En cualquier caso las reivindicaciones empiezan a ser abiertamente plantadas por las asociaciones de víctimas, reclamando una mayor y mejor atención de los poderes públicos a la víctima directa y a sus familiares, unas mayores garantías procesales que eviten el desamparo y el maltrato, y la asunción de responsabilidad del Estado mejorando la cobertura indemnizatoria en una auténtica Ley de Derechos de la Víctima que otorgue la fuerza, dignidad y amparo necesario a los ciudadanos de una sociedad democrática. Mientras tanto, no dejemos lugar al olvido de quien sufre.

Esteban Ibarra.
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.