El documento plantea la puesta en marcha de un Plan contra el Racismo y la Xenofobia, con la ampliación del agravante discriminatorio en materia penal o la creación de tipos delictivos nuevos como la difusión de actitudes que provoquen el odio y el racismo. Además, sugiere la creación de estadísticas y registros públicos de los delitos vinculados al racismo y a la xenofobia.
En la misma línea, plantea la actuación de oficio del Ministerio Fiscal contra las actuaciones, los partidos políticos, asociaciones, webs y medios de comunicación que realicen, fomenten, promuevan, justifiquen o exculpen compartimentos de exclusión o persecución por ideología religión creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
Por su parte, el Plan contra la discriminación prestaría especial atención a la sensibilización educativa, cultural y mediática y a la existencia de servicios sociales específicos de atención a las víctimas de delitos relacionados con ellas.
Las propuestas socialistas, igualmente apuestan por estudiar y solventar las situaciones de desigualdad en cuanto a la recepción de estudiantes inmigrantes en las escuelas públicas o concertadas e impulsar la asignatura de educación para la ciudadanía para erradicar desde la infancia los comportamientos racistas o xenófobos.