Cada vez son mas las agresiones de carácter xenófobo, racista y de intolerancia que se cometen contra inmigrantes y otros ciudadanos por su color de piel, origen étnico, orientación sexual, religiosa y otra condición social que refleje diversidad cultural. También cada vez son mas las ONG atacadas y personas agredidas por defender los derechos de los mas débiles.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha solicitado al Gobierno, atraves de la Vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, a raíz de los datos que se van recogiendo por el Informe Raxen durante el año 2007, que en nuestro país arrecia la xenofobia aunque, de momento, no tenga una clara proyección política partidista. No son episodios aislados, sucesos sin solución de continuidad, al contrario, su lectura debe interpretarse como el sarpullido de una enfermedad más grave; son los síntomas de unos tiempos en los que crece la intolerancia, un poliedro maligno de múltiples caras (racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofóbia, populismo ultra, homofobia, ...) y cuya sustancia descansa en negar el respeto, aceptación y aprecio de la diversidad de los ciudadanos, de la sociedad y sus culturas, en definitiva en negar el valor de la persona, de su dignidad y derechos humanos fundamentales.

La lucha frente al racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas relacionadas de intolerancia resulta ineficaz y con muy difíciles posibilidades de éxito, sin los instrumentos legales necesarios para combatir esta lacra de la humanidad. Por ello se reclama una Ley Integral frente al Racismo, la Intolerancia y los Crímenes de Odio. Una ley que sirviera de marco para un trabajo riguroso de sensibilización educativa, cultural y mediático, que reconociera los derechos de las víctimas del odio y apoyara con servicios sociales específicos de atención, emergencia, apoyo y recuperación, que fortaleciera la legislación penal, civil y procesal, que aportara conocimientos y eficacia a los operadores jurídicos (jueces y fiscales) ante el problema y que, en definitiva, protegiera a las personas, colectivos, a las ONG de defensa y a la sociedad en general de las agresiones de los fanáticos de la intolerancia.