El primero fue contra el BNV, justo la víspera del 9 d’Octubre, la fiesta de la Comunidad Valenciana. El segundo, contra la delegación de ERPV en Valencia, ocurrió el 29 de noviembre. Entre tanto, se han denunciado otras agresiones físicas en plena calle -hasta 11 en los tres últimos meses– contra militantes o simpatizantes de partidos progresistas, habitualmente en el punto de mira de la violencia de extrema derecha.

El informe
En declaraciones a El Plural, el secretario general del BNV, Enric Morera, diputado autonómico de la plataforma “Compromís pel País Valencià” confirma que su formación ha presentado ante Parlamento Europeo un informe exhaustivo para que condene esta escalada de la violencia de la que su partido es una de las principales victimas. El requerimiento ha llegado a manos de los eurodiputados, Raül Romeva, de Iniciativa Per Catalunya-Verds (ICV) e Ignasi Guardans, de Convergencia i Unión (CiU).

Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia
Morera espera ahora que, con el formato de una pregunta reglamentaria, el legislativo europeo se pronuncie y haga oficial su condena contra los graves actos violentos denunciados en la Comunidad Valenciana. Igualmente desea que la alta instancia supranacional recomiende que se tomen medidas específicas para que no se vuelvan a repetir. El mismo “dossier” será trasladado al Observatorio Europeo Contra el Racismo y la Xenofobia para que lo incluya en su informe anual sobre este tipo de delitos.

Investigación abierta
El dirigente nacionalista matiza que el amparo que solicita el BNV a la Unión Europea, “es independiente” de los resultados que se obtengan en las investigaciones que lleva a cabo ahora la policía española para descubrir a los autores y la posterior condena que dicten los tribunales de justicia.

Sin pista de los autores
Para el 18 de diciembre próximo, el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha citado a declarar a un representante legal del Bloc Nacionalista para que aporte testimonio, certifique cuáles han sido los daños materiales provocados en el atentado del 8 de octubre y cifre con exactitud la cuantía económica de los mismos.

Pruebas insuficientes, todavía
No obstante, las diligencias abiertas en la instrucción del sumario todavía no han dado con ninguna pista fiable sobre sus autores materiales. Tampoco se ha avanzado nada para identificar a quienes colocaron el otro artefacto explosivo, en la sede del partido independentista ERPV. Todas las sospechas apuntan a que, en ambos casos, han sido elementos ultraderechistas, pero no se ha podido confirmar ninguna de ellas, a la luz de las pruebas recopiladas por la policía.

Impunidad de la extrema derecha
La falta de indicios sobre la autoría de los atentados, ni de las repetidas agresiones -no hay hasta ahora ningún detenido- hace que cunda un sentimiento de indefensión generalizado en ambientes políticos de la izquierda valenciana y en las corrientes nacionalistas. Todos sus portavoces vienen a decir lo mismo: que la extrema derecha actúa con impunidad en la Comunidad valenciana. En el aire queda la pregunta por saber a qué se debe esta “libertad de acción” impune de la que parecen gozar los grupos y movimientos de la ultraderecha.

Anticatalanismo del PP valenciano
Enric Morera achaca el recrudecimiento de las acciones de grupos ultras al “debate irracional, sectario y pobre” que propicia el PP, con su actual mayoría en el gobierno regional. La coordinadora de Esquerra Unida, Gloria Marcos, que forma parte de la plataforma “Compromís Pel País Valencià” junto con el BNV en Les Corts Valencianes (legislativo autonómico), va más directamente al grano y no duda otorgar al PP y al ejecutivo que preside el conservador, Francisco Camps, parte de culpa. Ha dicho exactamente que el PP, con su "explotación permanente del victimismo rancio y argumentos anticatalanistas, da alas a la extrema derecha".

Sectores que incitan al odio
Fuera de la Comunidad Valenciana, desde IU, la diputada Isaura Navarro ha recriminado cada uno de los ataques a las sedes del BNV y de ERPV. Se queja de que “desde distintos sectores, inciten al odio contra los que opinan diferente, y den pie a que actúen determinados grupos ultra".

Falta una condena institucional
Todos los partidos políticos valencianos han condenado sin rodeos y de manera expresa estos ataques reiterados contra formaciones nacionalistas, pero no ha pasado por alto que la Generalitat Valenciana, antes la gravedad de estos hechos, no haya hecho pública una declaración institucional. Desde la oposición parlamentaria regional al PP (Pspv-Psoe y Compromís Pel País Valencià) tampoco se entiende muy bien por qué el titular de la consellería de Gobernación, Serafín Castellano, está postergando sine die una petición de comparecencia, tramitada hace más e un mes, para que explique en Les Corts lo que está haciendo su departamento para evitar que se produzcan actos violentos de las bandas ultras.