Hace unos días en Washington, el Comité para la Protección de los Periodistas presentaba su informe anual y los hechos que ponía sobre la mesa eran más que preocupantes. Un total de 37 periodistas murieron en el ejercicio de su profesión durante el año 2001, trece personas más que el año anterior. Y resulta aun más significativo, conocer que la mayoría de ellos murieron no cuando cubrían guerras y conflictos, sino por represalias al haber escrito sobre temas relativos a la corrupción o delitos cometidos por autoridades.
Sin embargo, la represión ha tenido expresiones todavía mas amplias. Cerca de 500 periodistas detenidos, 118 encarcelados, un tercio de ellos en China, mas de 700 agredidos y 400 medios de comunicación cerrados o censurados, revelan que el derecho a informar todavía es una quimera en gran parte del planeta. Así junto a Afganistán que encabeza el ranking macabro de crímenes contra periodistas, Colombia, Yugoslavia, Argelia o Filipinas dibujan con China, Letonia, Haití y otros países, la geografía de la intolerancia a la profesión y hacia el derecho humano de libertad de expresión e información.
En nuestra memoria todavía están presentes, Julio Fuentes asesinado por una banda taliban en suelo afgano, Miguel Gil cámara de TV abatido por las balas en Sierra Leona, y los fotógrafos Jordi Pujol Puentes, muerto en Sarajevo, y Juantxu Rodríguez, asesinado en Panamá por soldados norteamericanos o Luis Espinal muerto en Bolivia por paramilitares. Todos ellos junto a otros profesionales de distintos países precedieron al fotógrafo Raffaele Ciriello recientemente ametrallado por un tanque israelí en Ramallah, en una muestra de la impunidad de los militares en aquellos escenarios que no respetan a ningún nivel los derechos fundamentales.
Y es en zonas de conflicto donde los corresponsales extranjeros corren tales peligros que la organización Reporteros Sin Fronteras ha propuesto a los medios y a los poderes públicos la adopción de una Carta de Seguridad destinada a prevenir o al menos limitar los riegos que corren los reporteros de guerra. La preparación previa, la salida del periodista por voluntad propia, el seguro que cubra la enfermedad, la repatriación, la invalidez y la muerte, el apoyo psicológico y protección jurídica del reportero, son algunas de las reclamaciones que han recibido apoyo del Consejo de Europa y de la Cruz Roja Internacional.
Aunque no hay que irse fuera de nuestro país para narrar tragedias; el terrorismo desde la transición democrática convirtió a los periodistas y a los medios de comunicación en objetivos para ser atacados. Los crímenes de José Luis López de la Calle, de Santiago Oleaga y José María Portell han ido asistidos de decenas de atentados con paquetes bomba, como el que estuvo a punto de costarle la vida a Gorka Landaburu, o a José Javier Uranga a quien dispararon mas de veinte tiros, con incendios y asaltos o con exilios y amenazas que han obligado a más de un centenar de profesionales a ir con protección.
Y es que las dictaduras de cualquier tipo para imponer su régimen liberticida o autoritario lo primero que asesinan es la libertad de expresión e información para matar el derecho a la palabra.

Esteban Ibarra.
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia.