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Los militares más ultras plantan cara al Gobierno.

    El general Blas Piñar ha sido expedientado por su carta, y es probable que en los próximos días se proceda a su arresto, puesto que se negó incluso a retirar la carta enviada cuando se le requirió que lo hiciese. En la carta, Piñar se dirige en tono irrespetuoso a sus superiores, y asegura haber sido marginado por el Gobierno socialista y no haber sido defendido por los mandos del Ejército.

El manifiesto de Piñar

Piñar argumenta esta supuesta marginación del Gobierno socialista porque solicitó el mando de una brigada y no le fue concedida. A raíz de este episodio, Piñar decidió arremeter contra el Ejecutivo y los mandos militares. Éste no es el primer acto de Blas Piñar contra la izquierda. En diciembre de 1981, nueve meses después del 23-F, fue uno de los firmantes del Manifiesto de los 100. El objetivo de este manifiesto era el de apoyar a los golpistas, al mismo tiempo que advertía a los medios de comunicación y al Gobierno de que “los insultos y ataques a nuestros compañeros (golpistas) los consideramos dirigidos a la colectividad con las consecuencias que ello dé lugar”.

El coronel Fernández Navarro

El coronel Lorenzo Fernández Navarro es el otro militar ultra que ha protagonizado un ataque contra el Gobierno socialista en los últimos días. Los superiores de Fernández Navarro le pidieron un informe en el que debía enumerar los símbolos que podrían ser susceptibles de ser retirados a raíz de la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica.

El informe y la Ley

Fernández Navarro remitió su informe, pero en el escrito el coronel hacía una “crítica partidista” y “con falta de templanza” sobre la Ley de la Memoria Histórica, según recoge ABC. A raíz de ese informe, Fernández Navarro fue arrestado. En el escrito el coronel decía de la Ley de la Memoria histórica que es una ley que “poco o nada tiene que ver con el reconocimiento o ampliación de derechos (…) Tampoco pretende reconciliación alguna, sino la supresión de los símbolos de los malos (…) La Segunda República no fue otra cosa que un golpe de Estado civil, cualquier vestigio de su legalidad desapareció el 11 de mayo de 1931”.