El juez Fernando Ferrín Calamita no se salió con la suya. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó la suspensión del juez de Familia, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por retrasar ilegalmente una adopción por parte de una pareja de lesbianas. La decisión provocó la división del bloque conservador que domina el órgano de gobierno de los jueces. Cuatro de sus nueve miembros se sumaron a los progresistas (que suman ocho) y al vocal de consenso entre PSOE y PP, Agustín Azparren. La suspensión salió adelante por 13 votos a 5.

La víspera se corrió la voz de que la medida contra Ferrín podría levantarse gracias, precisamente, al voto de los conservadores, algo que hubiera sido insólito en el Consejo, al menos durante este mandato. Varios de estos vocales aseguraron el martes que su voto sería contrario a la suspensión, y entre los progresistas cundió el pesimismo. Estos últimos consiguieron sacar adelante la suspensión el 19 de febrero gracias a que, accidentalmente, fueron mayoría en la comisión permanente.

El presidente, el conservador Francisco Hernando, inició ayer la discusión leyendo una carta enviada por Ferrín en la que reclamaba que se levantara la medida cautelar. Ese hecho fue muy criticado por los progresistas al no estar incluido en el orden del día de la reunión.

Tras un alegato en defensa del juez suspendido lanzado por el vocal conservador José Luis Requero, el progresista Juan Carlos Campo exigió que la votación fuera secreta, lo que, según fuentes del Consejo, facilitó que la suspensión -basada en la imputación de un delito- saliera adelante.


EL PAÍS.28.02.2008