La mayoría son mensajes angustiados de una comunidad asustada ante el triunfo aplastante de la coalición política ―alguno de los partidos que la integran son de extrema derecha― liderada por Silvio Berlusconi. Unos días antes de que se produjeran las incalificables agresiones que han sufrido los gitanos de Ponticelli (Nápoles), a manos de unos desalmados que han prendido fuego a sus humildes chabolas, una organización gitana italiana nos decía: “Los gitanos estamos en peligro en Italia. Tenemos miedo a las deportaciones de gitanos en Italia. Por favor –me dice- envíe usted un comunicado al Gobierno italiano para que respete las Directivas comunitarias”.

A nuestro parecer el miedo que expresa nuestro comunicante no es infundado. Las últimas declaraciones de los nuevos gobernantes italianos presagian todo tipo de precariedades. Juzguen ustedes si no es así: El nuevo alcalde de Roma, el post-fascista Gianni Alemanno, anunció el pasado lunes que su primera medida como alcalde será derribar los campamentos gitanos. “Procederemos a desmantelar los campamentos nómadas que en Roma son 25”. Pero los napolitanos de Ponticelli se han adelantado. Nada de desmantelar. ¡Fuego purificador que es más rápido que montar cámaras de gas al estilo nazi” Humberto Bosi, el lider de la Liga Norte, está eufórico. Este sujeto habla de “caza”. “Debemos cazar a los clandestinos”, ha dicho, provocando a la derrotada izquierda italiana. Como cualquier chulo de barrio ha lanzado su proclama de guerra: “"No sé qué querrá hacer la izquierda, nosotros estamos listos. Si quieren pelea, los fusiles están calientes. Tenemos 300.000 hombres, 300.000 mártires, listos para combatir. Y no bromeamos. No somos cuatro gatos".
Pero lo más triste es que Silvio Berlusconi, el reelegido presidente del Gobierno italiano, al ver a sus juventudes exultantes saludando al estilo fascista, ha confesado: "Al verlos, he pensado: la nueva falange romana somos nosotros".
A la vista de la gravedad de los hechos la UNION ROMANI, recogiendo el sentir mayoritario de los gitanos españoles y por la representación que ostenta en la UNION ROMANI INTERNACIONAL, se propone iniciar las siguientes acciones:

Primero: Denunciar públicamente la gravedad de los atentados sufridos por los gitanos europeos residentes en Italia y pedir la solidaridad de los ciudadanos de cualquier país frente a la violencia ciega y asesina de los racistas. Para ello pedimos que se escriban cartas dirigidas al Presidente del Gobierno italiano, bien enviándolas directamente a su residencia en el Quirinal (Roma) o a las embajadas de Italia en cada país. (La dirección de la Embajada italiana en España es la siguiente: Calle Lagasca, 98. Código postal 28006 Madrid)

Segundo: Solicitar del Ministro de Asuntos Exteriores de España que se interese por la situación de los gitanos residentes en Italia, expresando la preocupación de la comunidad gitana española por la situación en que puedan quedar los gitanos expulsados de sus viviendas incendiadas. Nuestro Gobierno está legitimado para hacer esta consulta en base a lo preceptuado por la Directiva 2004/38/CE DEL Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Efectivamente, tratándose de una Directiva y no olvidando que cada Estado miembro puede determinar la mejor forma de aplicar las disposiciones del Derecho comunitario, es obligado ejercer una labor crítica y de vigilancia de los Gobiernos para que las medidas adoptadas en los distintos Estados miembros conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con la misma eficacia y rigor con que aplican las normas internas de sus respectivos Derechos nacionales.

Tercero: Formular ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que, con carácter de urgencia, inicie una investigación sobre la situación que ha llevado a la comunidad italiana de Ponticelli (Nápoles) al estado de enfrentamiento que padecen los gitanos que viven en aquel lugar.

Cuarto: Solicitar a los Grupos Parlamentarios del Parlamento Europeo que formulen, con carácter de urgencia, las iniciativas parlamentarias precisas que obliguen al Consejo a contestar en el Pleno de Estraburgo y Bruselas a las medidas que el Gobierno italiano haya podido tomar para poner freno a estas agresiones y para castigar a los culpables de las mismas.

Quinto: La Unión Romaní está convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos italianos ―incluidos los votantes del Sr. Berlusconi― rechaza la violencia, venga de donde venga. Por esa razón, a través de la Unión Romaní Internacional, se propone establecer, con las organizaciones gitanas italianas, un programa de mutua colaboración con el fin de arbitrar las medidas adecuadas que garanticen la defensa de estos ciudadanos europeos que no han cometido más delito que el de ser “pobres y gitanos”.

Sexto: Hoy mismo hemos tenido noticia de que el Gobierno italiano se propone endurecer las medidas contra la inmigración de tal manera que el ser “clandestino” será un delito tipificado en el Código Penal. En este sentido, Roberto Calderoli, nuevo Ministro italiano procedente de la Liga Norte, ha declarado que para no ser “clandestino”: “Hay que demostrar que se es honesto; si no, se le expulsa de Italia”.
Desde la Unión Romaní vamos a iniciar los trámites previos para interponer una denuncia contra el Gobierno italiano por incumplimiento de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Cuando se promulgó en Maastricht, en el año 1992, el Tratado que lleva el nombre de la famosa ciudad holandesa, los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron la Declaración 19 con el fin de despejar incertidumbres sobre la aplicación del Derecho comunitario. Los máximos dirigentes europeos no tenían la menor duda de que “para la coherencia y la unidad del proceso de construcción europea, es esencial que todos los Estados miembros transpongan íntegra y fielmente a su Derecho nacional las directivas comunitarias de las que sean destinatarios dentro de los plazos dispuestos por las mismas”.

Las Directivas son el instrumento armonizador por excelencia del Derecho Comunitario porque mediante ellas se realiza, dice el art. 94 del Tratado, la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento de la Unión Europea.

Séptimo: Finalmente nos proponemos elevar nuestra preocupación por la magnitud y gravedad de estos acontecimientos ante las instancias internacionales más representativas. Así lo haremos ante el Consejo de Europa, ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.