El Estado de Nueva York, en una polémica que abre la vía a una profunda transformación de los modelos de pareja en Estados Unidos, va a reconocer oficialmente los matrimonios homosexuales celebrados fuera de sus fronteras, según anunció la noche del miércoles la oficina del gobernador David Paterson. Las agencias que administran las declaraciones de impuestos, la cobertura médica, las adopciones y los beneficios sociales de Nueva York tienen la orden inmediata de tratar en igualdad de condiciones las uniones civiles heterosexuales y homosexuales.

El matrimonio homosexual no es legal en Nueva York, aunque el Tribunal de Apelaciones de ese Estado ha dicho recientemente que legalizarlo depende del Congreso local, tal y como revela un informe interno de la oficina de Paterson fechado el pasado 14 de mayo. El Senado neoyorquino está controlado por el Partido Republicano, que se opone a la aprobación de este tipo de uniones. Paterson, que como congresista trabajó con numerosos abogados de la causa gay, ha decidido que si no puede aprobar el matrimonio, al menos aceptará los celebrados en otros lugares.

Beneficios sociales

En su informe de la oficina del gobernador se cita el caso de Patricia Martínez, de Rochester, a cuya esposa su empleador le negaba el beneficio de concederle un seguro médico familiar por ser la suya una unión homosexual celebrada en Canadá. Martínez llegó a la corte de apelaciones, que falló a su favor e instó al Gobierno del Estado a "respetar la legislación en materia de derechos humanos", ya que durante años se han "reconocido en Nueva York los matrimonios celebrados en el extranjero". Por tanto, todos los matrimonios contraídos en países como España o Canadá serán reconocidos como oficiales en este Estado. Es probable que los ciudadanos gays de Nueva York quieran acudir a estos países a casarse, ya que el único Estado de EE UU en el que el matrimonio homosexual es ya una práctica habitual, Massachusetts, exige a los contrayentes ser residentes en su territorio.

En California, el matrimonio gay entrará en vigor el 17 de junio. Esta medida no afectará a las políticas de inmigración, como la posibilidad de obtener un visado a través del matrimonio, ya que estos asuntos dependen del Gobierno federal.

El Pais 30/05/2008