Los recuerdos de racismo institucional y del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), durante la cual el infame régimen de Vichy (1940-1945) colaboró con la Alemania nazi, llevaron a los redactores de la Constitución francesa vigente a ilegalizar el registro del origen étnico de la población.

A ojos de la justicia francesa, uno es simplemente francés o extranjero. Y el lema nacional, "Libertad, igualdad, fraternidad", se aplica a todos los naturales de este país.

Pero esto significa hoy que las estadísticas étnicas o religiosas no pueden ser usadas para elaborar políticas de acción afirmativa (también llamada discriminación positiva) en favor de los más desposeídos.

Cada vez hay más dudas sobre la capacidad del gobierno de corregir lo que no puede medir, particularmente los prejuicios étnicos o religiosos.

Como demostraron la ola de disturbios de raíz racial ocurridos en 2005 en los suburbios más pobres de París y de otras ciudades, existe una brecha creciente entre la igualdad oficial y la realidad de la vida cotidiana en muchas zonas del país.

En 2005, el gobierno creó la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad (Halde, por sus siglas en francés). El cometido de la institución es brindar asistencia legal a víctimas de discriminación, así como documentar el problema y promover mejores prácticas.

"El modelo francés de integración es el de un crisol, no el de una ensaladera. Siempre rechazó el 'comunitarismo'", dijo a IPS Mayada Boulos, portavoz de Halde. La "ensaladera" alude a la segmentación de personas según sus orígenes étnicos o religiosos.

La mayoría de los países anglosajones favorecen un enfoque "diferente pero equitativo" de las cuestiones que afectan a las minorías nacionales.

Esto permite a las autoridades elaborar herramientas estadísticas que registran el origen étnico y religioso y la orientación sexual de modo voluntario, lo que facilita el diseño de políticas correctivas.

Por el contrario, el artículo I de la Constitución francesa establece: "Francia será una República indivisible, secular, democrática y social." Esto significa que ningún ciudadano francés puede reclamar un acceso preferencial al empleo, la vivienda social y --hasta hace poco-- la educación.

A fin de impedir la discriminación, tanto negativa como positiva, la ley francesa prohíbe el trato diferencial en base a una serie de 18 criterios: adhesión a un sindicato, edad, discapacidad, origen étnico, nacional o racial, familia, situación, género, características genéticas, salud, costumbres, apariencia física, opiniones políticas, embarazos, religión, orientación sexual y apellido.

Las víctimas de tales discriminaciones pueden dirigirse a Halde, que ofrece sus buenos oficios de mediador ante el inculpado y, en caso de que el caso pase a tribunales, asesoramiento legal.

Un vistazo a los sitios franceses de redes sociales en Internet --una industria en auge-- muestra que los formularios de registro sistemáticamente evitan preguntas relativas a la religión o la etnia del candidato.

Ésta es una diferencia marcada respecto de sitios web de Estados Unidos, o a los sitios indios para formar parejas, donde se pregunta al usuario detalles sobre su religión, región de origen e incluso casta, en algunos casos.

Pero los muchos instrumentos legales de Francia que aspiran a combatir la discriminación no impresionaron a Gay J. McDougall, experta de la Organización de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías que visitó Francia en septiembre de 2007.

Según ella, "el racismo está vivo, es pertinaz y claramente se dirige contra las minorías 'visibles' de origen inmigrante, la mayoría de cuyos integrantes son ciudadanos franceses".

"Personas que han trabajado duramente, que han seguido todas las reglas y que verdaderamente creen en los principios de la República francesa están atrapadas en ghettos urbanos geográficamente aislados, con un desempleo que en algunas áreas ronda el 40 por ciento", dijo la funcionaria tras una visita de 10 días.

"Se sienten discriminadas y rechazadas por las rígidas nociones de la identidad nacional francesa, a la que no conforman", señaló McDougall.

Halde no debate la brecha existente entre teoría y práctica. "La ley francesa ofrece una protección decente contra la discriminación. El problema es su aplicación", dijo Boulos.

Cuna de la semana laboral de 35 horas, Francia es un país que protege notoriamente los derechos de los trabajadores.

Pero, según Boulos, independientemente de esto, "50 por ciento de las quejas recibidas por Halde en 2007 estuvieron relacionadas con el empleo. De éstas, un tercio se refería al reclutamiento y dos tercios al avance en la carrera" profesional.

Algunas instituciones decidieron tomar estos asuntos en sus propias manos. Con la mira puesta en diversificar a su cuerpo estudiantil, el Instituto de Estudios Políticos (más conocido como "Sciences-Po" y alma mater de una generación de políticos franceses) decidió en 2001 diseñar un proceso de selección especial.

Los candidatos residentes en áreas designadas como desfavorecidas serían admitidos a cuenta de sus calificaciones escolares en vez de pasar por el tradicional examen competitivo.

Fue tibia la reacción inicial del público y de muchos estudiantes de la universidad, notoriamente elitista. Muchos condenaron lo que percibieron como un trato desigual.

Sin embargo, "de la controversia que desató la idea de esta reforma en 2001 se pasó, en unos pocos años, a un amplio consenso", escribió Cyril Delhay, responsable del programa, hoy imitado por otras universidades.

"En esta instancia, la discriminación positiva fue posibile por el domicilio de los estudiantes, que se identificaron por ese dato como residentes de áreas pobres, sin recurrir a criterios de etnicidad", explicó Boulos.

"Esto es apenas un comienzo, pero deberíamos prestar atención a la advertencia de Trevor Phillips (titular de la británica Comisión para la Igualdad Racial) en cuanto a que un enfoque 'multiculturalista' equivale a 'caminar sonámbulos hacia la segregación'", agregó.